Los fueguinos preparan una defensa del régimen de promoción industrial frente al embate del sector de Carrió

En el marco del debate en el recinto por el proyecto de Ley ómnibus del gobierno nacional, se abrió nuevamente una disputa entre un sector de Juntos por el Cambio -representado por la Coalición Cívica y Evolución radical- y diputados de la provincia Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur (AIAS). Los fueguinos preparan una defensa del régimen de promoción industrial que rige en la isla tras los embates de un sector de la oposición que lo presenta como una alternativa al ajuste que se hizo en otros sectores.

La discusión tiene sus orígenes desde el gobierno de Mauricio Macri, cuando era la propia Elisa Carrió la que apuntaba a la familia Caputo por la fábrica Mirgor. Ahora, también le suman la figura de Rúben Cherñajovsky por la empresa Newsan, a quien le atribuyen un vínculo de amistad con dirigentes peronistas. 

Nicky Caputo y Macri tenían acciones en la empresa. Macri se desprendió de las suyas, mientras que su hermano de la vida siguió con la factoría para ensamblar teléfonos móviles. En el caso de Rubén Cherñajovsky, tiene el sello Newsan en donde se trabajan marcas como Noblex, Siam, Atma, Sanyo y Philco.

En esa línea, la Coalición Cívica presentó un dictamen en minoría que plantea entre uno de sus puntos que el ajuste que quiere hacer el presidente Javier Milei “debe recaer sobre aquellos sectores económicos que generan menos valor y desde hace años usufructúan regímenes de promoción, exenciones tributarias y otros privilegios». Dicho de otra manera, se llevan de manera exagerada o indebida recursos fiscales de todos los argentinos contribuyendo al déficit.

En esos términos, propone entre las medidas que se incluya la eliminación de beneficios fiscales del Régimen de Tierra del Fuego. Los lilitos consideran en su despacho que eso permitiría que el Estado Nacional deje de perder cada año un 2% del PBI de recaudación en concepto de gastos tributarios.

En ese sentido, el diputado Juan Manuel López planteó en reiteradas ocasiones: “Lo que buscamos al eliminar el régimen de Tierra del Fuego es poner fin a los privilegios de dos empresas que disfrutan de exenciones en el pago de IVA y Ganancias, entre otros. Sin estos beneficios, los argentinos podríamos acceder a celulares a precios mucho más bajos”.

Sin importar la bandera política a la que representan, los diputados de Tierra del Fuego vienen saliendo al cruce de las reiteradas críticas desde la Capital Federal. Desde la Libertad Avanza, Santiago Pauli señaló: “Podemos seguir hablando del costo económico, pero limitar la discusión sin tener en cuenta el rol geopolítico y de comercio internacional de la provincia es hablar de entregar la soberanía. Reitero, la discusión limitada solo les sirve a sectores que se verán beneficiados de importar productos o que no quieren ajustarse. No discuten sobre aranceles y cómo se pueden modificar, discuten cómo entregar los intereses nacionales en el Atlántico Sur”.

“Confunden subsidios con exención impositiva. Y ya lo dijo Milei, no se trata de que Tierra del Fuego empiece a pagar más impuestos. La solución no está ahí, la discusión no es solo económica y, nuevamente, los argumentos que esgrimen algunos no están exentos de intereses”, agregó.

Pauli, señaló que se le atribuye “erróneamente un alto costo fiscal” que puede traer consecuencias “en una provincia estratégica y la única que es bicontinental. También es Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida. El mundo nos observa por nuestro pasaje interoceánico y nuestra puerta de entrada a la Antártida”.

Desde el PRO, Héctor Stefani apuntó: “Hay un lobby empresario en contra de los empresarios que están en Tierra del Fuego. La verdad que es irrisorio lo que pasa, porque no tienen la más mínima idea. Los industriales en Tierra del Fuego no son solo Cherñajovsky de Newsan y Caputo de Mirgor”, sostuvo. “Son 40 industrias fueguinas que generan el 30% de la recaudación fiscal de la provincia, que ocupan el 35% de la población económicamente activa, que generan 100 millones de dólares para distribuir en el Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva, que le dan al Estado nacional 600 millones de dólares en impuestos internos”, agregó.

Desde Unión por la Patria, los tres representantes de la provincia trabajan en la misma sintonía, tanto la diputada Andrea Freites, como Jorge Araujo y Carolina Yutrovick no están de acuerdo con el dictamen en minoría de la Coalición. En diálogo con Tiempo, Araujo manifestó: ”Pensar de esa manera es tener un panorama bastante pequeño de lo que implica el régimen de promoción. Toda la provincia depende del mismo, es una red social que abarca muchos sectores. Después será otro debate si hay que cambiar la matriz industrial, pero por lo pronto tenemos que defender lo que tenemos, la industria, la gente que trabaja y la geopolítica de la provincia”.

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