Sin más instancias de apelación, la Corte Suprema de Justicia decidió dar marcha atrás con el escandaloso fallo que reducía la pena a represores que cometieron delitos de lesa humanidad. El presidente del Tribunal, Carlos Rosenkrantz, fue el único juez que mantuvo esa postura.

Dos de los tres jueces que habían aprobado el 2 x 1 el año pasado modificaron sus posturas. En rigor, la adaptaron a la sanción de una ley que vino a poner paños fríos sobre aquel escandaloso fallo que abría las puertas a una catarata de decisiones que dieran por cumplidas las penas para los condenados por la represión de Estado durante la dictadura. Y, consecuentemente, dejaba a gran parte de ellos en condiciones de recuperar la libertad.
De aquel fallo, Horacio Rosatti consideró que la ley que volteó el 2 x 1 –la 27.362- es de carácter “interpretativa” y, en consecuencia, válida constitucionalmente. A su postura se adhirió la vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco. Ellos dos, más el presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, habían sancionado el “fallo Muiña”, que generó una airada reacción y una multitudinaria marcha en Plaza de Mayo, que se replicó en múltiples puntos del país.
Rosenkrantz fue el único que se mantuvo en aquella postura. Y consideró que la ley sancionada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo es inconstitucional.
Ya no hay más instancias de apelación. Y la Corte, como tribunal superior y exégeta de las leyes, determinó definitivamente que el cómputo de dos por uno no rige para delitos de lesa humanidad.
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