Los gremios advierten que Vialidad no puede ser privatizada

Laura Alonso miró con una amplia sonrisa al auditorio de contratistas reunidos el jueves en el Hotel Sheraton, en la 65ª Convención de la Cámara de la Construcción (Camarco), y les soltó: «Ahora tengo que hablar de la ex Dirección de Vialidad Nacional porque desde ayer se llama Corredores Viales».

La titular de la Oficina Anticorrupción (AO) se refería a la sociedad anónima que creó el gobierno por medio del Decreto 794/17 para gestionar la construcción de rutas y autopistas en reemplazo de la Dirección de Vialidad Nacional (DVN). Los empresarios, muchos de ellos beneficiarios de esas obras, le devolvieron un aplauso cerrado, el primero de varios en un discurso que abundó en elogios y llamamientos a luchar contra la corrupción, curiosamente, a un sector que carga el pesado mote de La Patria Contratista.

El decreto se publicó en el Boletín Oficial un día antes, el miércoles 4 de octubre, Día del Trabajador Vial. Paradójicamente porque fueron los sindicatos del Frente de Gremios Viales (el Sindicato de Trabajadores Viales, nucleado en la CGT; la Federación del Personal de Vialidad Nacional, integrado a la CTA; y la Asociación de Profesionales de Vialidad Nacional) los que impugnaron la medida.

El decreto informó que las acciones de la empresa se dividirán en un 51% para el Ministerio de Transporte y otro 49% para Vialidad Nacional. Para los gremios y otras entidades, como el Comité Nacional de Defensa del  Usuario Vial (Conaduv), se trata de una privatización de hecho.

En diálogo con Tiempo, el titular de la cartera de transportista, Guillermo Dietrich, negó las acusaciones y aseguró que Corredores Viales se creó porque «estamos en proceso de expropiar una autopista que tienen las empresas de (el empresario) Cristóbal López (la autopista Ezeiza-Cañuelas). Queremos que vuelva a ser estatal y para eso hay que crear una sociedad que la administre», justificó.

Pero los sindicatos discreparon con Dietrich con el argumento de que en la legislación vigente existen los mecanismos necesarios para retirar una concesión a una empresa que no cumple con los compromisos que asumió. Sin embargo, el ministro insistió con que «esto es para recuperar una autopista. Había un empresario que no le estaba pagando al Estado lo que correspondía y ahora el Estado la va a administrar durante unos seis meses antes de volver a re-licitar».

Aunque el texto de la normativa reconoce que las acciones de Corredores Viales SA se podrán abrir a operadores privados, el funcionario dijo a este medio que «nosotros podríamos haber hecho otra cosa pero creamos esta sociedad que es ciento por ciento estatal, que va a ser administrada por un hombre nuestro». Y agregó que «vamos a rescatar la concesión por los incumplimientos de este contrato de unos $ 750 millones». 

El mismo día de la 65ª Convención de los constructores, el presidente de la Camarco, Gustavo Weiss, dijo a Tiempo que las empresas desconocían que el gobierno estaba redactando el polémico decreto.

Weiss, dueño de la constructora Eleprint, respondió que «con franqueza, no teníamos ni la menor idea de que el gobierno pensaba en lanzar esa empresa. Nos enteramos ayer (por el miércoles 4) como todos. No tuvimos información previa ni fuimos consultados, así que no tengo comentarios porque no sé cuál es el objetivo para crear esta empresa».

El viernes último, el ex titular de Camarco, Juan Chediack, avaló las palabras de Dietrich. «Tenemos la certeza de que Corredores Viales fue creada para tomar la autopista Ezeiza-Cañuelas que va a quedar vacante por rescisión de contrato. Nadie en el mundo vial tiene por qué preocuparse por esta situación», aseguró.

Pero la versión de los trabajadores plantea un escenario distinto. El secretario General del Sindicato de Trabajadores Viales, César González, apuntó que los considerandos del 794/17 «no dejan nada librado al azar: dice que se retiran todas las  funciones de Vialidad Nacional». Lo que el gobierno busca, consideró, es «entregarles las obras a las empresas para que las hagan como quieran».

El delegado Gustavo De Biase sumó que el decreto «se basa en una norma de (el ex dictador Juan Carlos) Onganía. Pero la ley vigente es clara: no autoriza la actividad de empresas en la gestión. Acá las acciones pueden ser vendidas y el decreto no aclara hasta cuánto», concluyó. «