Los intentos previos de reforma laboral fracasaron en crear más empleo

Los intentos de modificar la legislación laboral para cercenar ahora derechos de los trabajadores en nombre de un supuesto futuro promisorio tienen un largo historial en la Argentina. “Estos proyectos se instalan como paradigma dentro de los gobiernos liberales para afectar los derechos de los trabajadores”, dijo Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria, en una reunión organizada por la Federación de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires
(SiPreBA).

Palazzo, junto con los abogados laboralistas Guillermo Gianibelli y León Piasek, presentó una mirada muy crítica de la reforma laboral y llamó a enfrentarla. Los tres, en sus exposiciones, remarcaron la falsedad de la idea con la que el gobierno nacional quiere imponer este nuevo retroceso.

Justamente, en recientes entrevistas, el secretario de Trabajo, el ex Techint Julio Cordero, aseguró que la reforma que presentó el Poder Ejecutivo esta semana en el Congreso es en “beneficio de los trabajadores y de los sindicatos”. Según Cordero, el resultado de su aplicación será “la creación de más y mejor empleo”.

El ejemplo menemista

La misma justificación se usó durante el gobierno de Carlos Menem, cuando se impusieron varias normas que modificaron aquello que la dictadura cívico militar que se retiró en diciembre de 1983, no pudo derribar.

Sin embargo, el resultado fue exactamente el contrario. El desempleo creció al 18% a mediados de 1995, cuando estaba aplicándose con toda la furia la Ley de Pymes y Flexibilización (Ley 24.465), que se montó encima de los despidos masivos de trabajadores estatales para facilitar las privatizaciones de las empresas públicas.

Aunque la gran reforma comenzó en 1991, la Ley 24.465 de mediados de los ’90 profundizó el modelo. El cambio principal fue que permitió una mayor flexibilidad en la contratación para pequeñas y medianas empresas y, al mismo tiempo, facilitó los despidos y redujo las obligaciones de preaviso de despido para ciertos sectores. La búsqueda concreta fue fomentar el empleo a través de la reducción del «costo laboral», un criterio muy parecido al que expresó el ministro de Economía, Luis Caputo, esta semana: consultado por la reforma laboral en un evento, aseguró que la facilidad de despido era condición para incorporación de personal.

El sinsentido sigue siendo repetido como un mantra, pero la demostración concreta es que el resultado fue el incremento de la desocupación a niveles desconocidos hasta entonces. La Ley Pymes también permitió contrataciones temporales más laxas que en su momento fueron conocidos como «contratos basura».

Ese mismo año el gobierno de Menem impuso la Ley de Riesgos del Trabajo (Ley 24.557) que significó un cambio estructural que aun sigue vigente y sobrevivió a todos los gobiernos que se sucedieron. El objetivo de la nueva norma fue crear el sistema de aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y eliminar la posibilidad de que el trabajador demandara civilmente al empleador por accidentes laborales, salvo que hubiera dolo. La norma le puso una tarifa a las indemnizaciones. Antes, el trabajador podía elegir la vía civil para obtener una reparación integral; esta ley cerró esa vía para dar reducir y controlar los costos a las empresas. La ley era tan evidentemente inconstitucional porque convertía a los trabajadores en ciudadanos de segunda que la Corte Suprema se vio obligada a derogar algunos de sus artículos.

El resultado actual de esta norma es que las juntas médicas no les reconocen muchas enfermedades laborales a los trabajadores o imponen indemnizaciones ridículamente bajas. Tan es así que los juicios contra las ART alcanzaron en los 124.425 reclamos a agosto de este año y serán récord en 2025.

La frutilla del postre de esta serie fue la reforma laboral que gestionó el gobierno de Fernando de la Rúa en el año 2000 y que se conoce como “Ley Banelco” (Ley 25.250). El escándalo de los sobornos fue la parte que más trascendió, pero la norma atacaba profundamente los derechos laborales.

Entre otros cambios, proponía que los convenios de empresa prevalecieran sobre los convenios de actividad, incluso si eran «a la baja» o menos favorables para el trabajador, rompiendo el principio histórico de la norma más favorable.

Al igual que en aquel momento, la reforma actual apunta a aplicar el mismo criterio con el fin de reducir el poder de los sindicatos tanto en la negociación con las empresas como en la representación de los trabajadores.

En este punto, las sucesivas reformas tampoco lograron su objetivo: los gremios siguen de pie como organización básica de los trabajadores. «