Los jardines de Macri: Trotta asegura que se pagó el doble de lo que cuesta el metro cuadrado

El ministerio de Educación de la Nación hizo una denuncia ante la Oficina Anticorrupción por irregularidades en el Programa 3000 jardines, anunciado por el expresidente Mauricio Macri en 2016. Según una auditoría interna se destinaron 62 millones de dólares a la unión transitoria de empresas (UTE) Bahía Blanca Viviendas SRL y Escarabajal Ingeniería para construir 93 jardines. Y no se finalizó ninguno. “De la promesa de Macri solo quedó el 3% de los jardines comprometidos y un enorme desfalco al Estado”, dijo el ministro de Educación Nicolás Trotta a Tiempo Argentino.

En mayo de 2016, desde la localidad de Ingeniero Luiggi, en La Pampa, Macri pronosticó «una revolución en la calidad de la educación pública». Anunció la creación de 3000 jardines en todo el país y prometió hacer 150 en su primer año. Terminada su gestión, se habían licitado 292 obras y solo se finalizaron 107. Un tercio de esas licitaciones fueron para la UTE Bahía Blanca Viviendas SRL y Escarabajal Ingeniería, que debía construir 93 jardines en nueve provincias: Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. El monto de la operación era de 92 millones de dólares.

En diciembre del 2016, el entonces ministro de Educación Esteban Bullrich aprobó la propuesta a pesar de que la comisión evaluadora advirtió que no tenía la capacidad operativa para absorber las obras. Las irregularidades también están en la modalidad de financiación. El Estado le anticipó el 30%, como establecían los pliegos, pero además permitió anticipos sin tope por acopio de materiales. Hasta julio de 2018 las empresas recibieron 62 millones de dólares.

“No sólo se le adjudicó el 30% del saldo inicial sino que luego se modificaron las condiciones. Se empezó a adelantar para el acopio de material y eso llevaba a que en algunos casos se les diera el 70% del costo proyectado de la obra sin ningún tipo de certificación-remarcó el ministro Trotta-. Observamos cómo se le siguió transfiriendo dinero a una empresa que no estaba cumpliendo y eso genera un enorme perjuicio. Luego está el hecho de que no se establecieron las multas correspondientes. Desde las áreas de la administración que plantearon multas por más de 70 millones de pesos solo se establecieron multas por 7 millones. No se ejecutaron las garantías. Ahí es donde uno ve un esquema de connivencia, además de un marco de precios que están por sobre los precios que estamos licitando en la actualidad”

Trotta indicó que el metro cuadrado fue calculado en 1498 dólares cuando en la actualidad se paga 870 dólares en la provincia de Buenos Aires, 675 en Salta y 708 en San Juan.

El informe de 222 hojas que confeccionó la Dirección de Asuntos Jurídicos de Educación señala que se continuó con la transferencia de dinero aún cuando las firmas se encontraban en serias dificultades. Había impagos, avances negativos de obra y severos incumplimientos de los contratos. “La elección del sistema constructivo, la modalidad de contratación y la estructuración de las licitaciones, así como la laxitud en el otorgamiento de facilidades y beneficios exorbitantes a una contratista flagrante incumplidora, dejan el terreno del presunto desconocimiento, la negligencia o la mala praxis”.

Escarabajal Ingeniería SRL tiene domicilio en Santa Cruz y Bahía Blanca Viviendas SRL en Chubut. En los años en los que la UTE fue contratista tuvo un pedido de quiebra (en el que fue decretada la inhibición general de bienes) que nunca fue informado al Ministerio. Ni siquiera cuando se hizo el acuerdo de prolongación del plazo de ejecución de tareas. Tampoco se advirtió el incumplimiento de pago de aportes patronales y los 190 cheques rechazados en seis meses. Incluso en los medios de comunicación se conoció el reclamo de trabajadores de un jardín en obra en Plottier, Neuquén. Reclamaban dos meses de sueldos.

“Mientras la concursada libraba cheques sin fondo, que el juez de la quiebra tuvo por acreditado, el Ministerio de Educación le libraba fondos por más de 1000 millones de pesos para la Ejecución de jardines de infantes que nunca concluyó”, indica el escrito .

Ninguna de las 93 obras se completó. Se rescindieron 53 construcciones por el escaso avance (después de dos años estaban entre un 50% y un 75%); 19 registraban entre un 20% y un 49% de avance y 2 tenían solo el 20% realizado. Otras 19 fueron rescindidas de mutuo acuerdo y el avance era del 11 por ciento.

“Las empresas están concursadas. Nos hemos presentado para tratar de garantizar el patrimonio del Estado. Una empresa concursada ha perdido capacidad de pago de sus deudas y genera un enorme perjuicio. Las garantías no habían sido ejecutadas por la gestión anterior. Ahí hay un marco de inoperancia que refleja cierta connivencia con la empresa”, agregó Trotta. «