Los medios comunitarios realizaron un Microfonazo en la puerta del ENACOM

29 años tardaron los medios comunitarios en lograr una legislación que los contemple y fije límites a la concentración. Apenas 19 días le tomó a Cambiemos modificar elementos sustanciales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para volver a favorecer a las grandes empresas y dejar a los medios populares en una nueva situación de vulnerabilidad. Desde aquel 29 de diciembre de 2015 pasaron 500 días en los que se retrasaron los pagos de los concursos de fomento destinados al sector ya adjudicados y la apertura de nuevas convocatorias, se rechazaron licencias concursadas sin argumentos, se persiguió judicialmente a comunicadores populares y se produjeron decomisos, según denuncian desde Interredes. Por eso, los medios comunitarios organizaron un microfonazo por la libertad de expresión en la puerta del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) bajo la consigna “sin medios comunitarios no hay democracia”.

A principios de abril de este año la diputada por el FPV Liliana Mazure presentó un proyecto de Información Pública para conocer el estado de los programas de fomento destinados a los medios comunitarios (FOMECA). El 26 de abril el Director Nacional de Fomento y Desarrollo, Martín Kunik, respondió que aún se adeuda pagar de los concursos adjudicados en 2015 casi 53 millones de pesos (estrictamente $52.850.692,70). Para peor, los concursos de 2016 apenas se abrieron en noviembre del año pasado y aún no fueron adjudicados. “En lugar de hacerlo o pagar las deudas, mandan intimaciones a los medios comunitarios diciendo que faltan firmas o planteando que en un ticket de taxi se borró la tinta de la cifra. Es decir, nos corren con argumentos administrativos que demuestran que no hay voluntad política de avanzar y resolver el problema de raíz que es pagar lo que se debe”, explica Natalia Vinelli, fundadora de Barricada TV, uno de los canales comunitarios que ganaron el concurso para transmitir por TDA pero que todavía enfrentan trabas para poder emitir.

“Nosotros ganamos el concurso en 2015, pasamos por todas las instancias técnicas de la anterior autoridad del área, que era el AFSCA, pero la habilitación quedó pendiente para esta nueva gestión. Habíamos concursado por el canal digital 33 junto a Urbana TV, pero ese canal estaba siendo utilizado en prueba por el Grupo Clarín con Canal 13. Ellos no tenían los papeles en regla y nosotros si, pero no los penalizaron a ellos y, lo que pasó, fue que nos migraron al canal 32 de la TDA a nosotros. El tema es que los equipos que adquirimos para participar del concurso son específicos para el canal digital inicial y ya no nos sirven. Pero tampoco nos indemnizaron. Entonces no nos pagan la deuda y además tenemos que invertir para cumplir con las obligaciones del concurso que no podemos hacer porque no tenemos los fondos. Así que es una situación de debilidad como pasa a todos los trabajadores en el país”.