Los movimientos sociales debaten cómo vincular los programas al empleo

Más de 150 mil personas, según los organizadores, se movilizaron el miércoles pasado en reclamo de trabajo genuino y la universalización de los programas sociales vigentes.

La actividad, que tuvo alcance nacional, fue organizada porla Unidad Piquetera, que agrupa a 40 movimientos sociales no alineados con el gobierno. Denunciaron que los beneficios sociales están actualmente limitados a cupos que se distribuyen desde el Ministerio de Desarrollo Social a través de los intendentes, las ONG y las propias organizaciones sociales.

La cantidad de beneficiarios de los programas Potenciar Trabajo, dependientes de Desarrollo Social, se incrementó durante 2020 al pasar de poco menos de 600 mil a alrededor de un millón. Pero resultan insuficientes a la luz de las 9 millones de personas que tramitaron el IFE en el peor momento de la pandemia; los 18,1 millones que en marzo vivían en hogares pobres; los 2,5 millones que cayeron en esta situación entre marzo de 2020 y el mismo mes de este año; y los 1,2 millones que, en el mismo período, se hundieron en la indigencia.

Como referencia, los planes Jefes y Jefas de Hogar dispuestos por el gobierno de Eduardo Duhalde durante la crisis de 2002, alcanzaban a 2,5 millones de beneficiarios.

Para las organizaciones, la universalización del beneficio que garantiza un ingreso equivalente a la mitad de un salario mínimo vital y móvil, o sea unos $ 13.500, resulta un reclamo de emergencia para paliar los efectos de la crisis social.

La Unidad Piquetera no comparte el proyecto de la Utep, que conforman el Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, que con aval oficial apunta a generar un salario básico universal. A esa propuesta le opone el reclamo de trabajo genuino bajo convenio y un seguro al desocupado atado a los salarios de convenio.

Uno de los principales dirigentes de Unidad Piquetera, Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, señaló a Tiempo que «lo que plantea (Juan) Grabois es un ingreso básico de menos de 10 mil pesos. Es un ingreso de subsistencia inspirado en el concepto del Banco Mundial que sostiene que, frente a la falta de trabajo, haya un ingreso para que la gente no muera de hambre».

Respecto del planteo de la universalización de los programas existentes, Belliboni apuntó que el ingreso a ellos debe ser «irrestricto para toda persona que lo necesite».

En relación con el trabajo, el dirigente del Polo Obrero señaló que el reclamo es «un seguro al desocupado relacionado con el salario de convenio y que responsabiliza a la clase capitalista de la crisis. Para eso hay que plantear un salario equivalente al de la actividad menos un determinado porcentaje en función que es una persona que tiene que tener un ingreso. Hoy lo planteamos alrededor del salario minimo vital y móvil que es una miseria pero que sería el doble de los programas sociales existentes».

Desde la otra vereda, Nicolás Caropresi, dirigente nacional del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE-UTEP), dijo que «el salario básico universal es la mejor estrategia para salir de la situación en la que nos encontramos en este momento. Mucha gente caída del sistema necesitando laburo que no aparece».

En diálogo con Tiempo, el dirigente confirmó que la intención es que «se ubique en la línea de indigencia en alrededor de $ 10 mil. Cada beneficiario debe prestar una contraprestación en trabajo y, por eso, es necesario un salario básico universal».

Sin embargo, en una reunión realizada entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y su par de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, acordaron no avanzar por el momento con esa propuesta y, por el contrario, evaluar un incremento de partidas para ampliar los cupos de los Potenciar Trabajo y hacerlos confluir con una ley vigente promovida por el Ministerio de Obras Públicas para que el 30% de las obras estatales se realice con la contraprestación de cooperativas integradas por beneficiarios de esos programas. «

Denuncian una campaña de difamación

Unidad Piquetera denunció «un operativo político de encubrimiento de los reclamos encabezado por algunos medios hegemónicos y oficialistas». Fue en una conferencia de prensa el viernes pasado en el Obelisco.

Los representantes del agrupamiento piquetero que el miércoles último realizó una nutrida movilización, señalaron a la señal Canal 13/TN, que buscó reflejar supuestas maniobras de coacción de organizaciones sobre manifestantes que derivaron en una investigación por «extorsión» del fiscal Guillermo Marijuan.

Respecto de los medios oficiales, Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, señaló que la agencia nacional de noticias Telam buscó «desviar el eje señalando que las organizaciones sociales estaban haciendo campaña electoral».

Los dirigentes presentes denunciaron que el fiscal Marijuan había realizado denuncias del mismo tenor contra las mismas organizaciones hace 20 años que quedaron sin efecto y que, opinaron, «fueron creando un clima de desprestigio a los dirigentes que terminó con la represión y el asesinato de (Maxi) Kosteki y (Darío) Santillán en 2002». Nicolás Caropresi, del MTE-UTEP, denunció: «Se ha montado una estructura inquisidora».

ZABALETA

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, visitó al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Oscar Ojea. En sus redes sociales, el episcopado informó que hablaron sobre la situación social del país y la necesidad de seguir trabajando en forma coordinada en la pospandemia.