La entidad dispuso frenar los pagos de importaciones por adelantado. Del mismo modo, la CNV redujo los cupos para operaciones con bonos. El trasfondo de ambas decisiones.

La actuación conjunta de ambos organismos busca reducir la salida de dólares de las arcas oficiales. El recurrente problema se agudizó en las últimas semanas. En septiembre la entidad perdió alrededor de U$S 950 millones. En las dos primeras rondas de esta semana, se estima, terminó con saldos negativos de U$S 50 millones y U$S 100 millones, respectivamente.
Como la demanda de divisas para importar insumos es inevitable (al menos si se quiere fomentar la reactivación productiva, una de las prioridades del gobierno), lo que hizo el Central fue frenar los pagos anticipados. Según las planillas que analizó el directorio de la entidad, en los últimos cuatro meses los giros de los compradores superaron a los bienes realmente adquiridos en U$S 1.800 millones. En septiembre, puntualmente, las importaciones sumaron U$S 5.500 millones y los pagos fueron de U$S 5.900 millones.
El recurso del pago anticipado suele ser usado para sortear el riesgo de una eventual devaluación. Con esa finalidad, los compradores se apresuran a girar el dinero asegurándose hacerlo al precio actual. En los hechos, esa práctica les está costando un sobreprecio en términos reales, porque en los últimos meses el ritmo devaluatorio está por debajo de la inflación. Aun así, el temor a un ajuste poselectoral hace que las empresas acepten este costo adicional como un seguro de cambio. Pero en la visión del Central, son divisas cuya salida del país no es imprescindible.
“La medida dispuesta sólo aplica en los casos en que se estén realizando importaciones por mayor valor del que se ha ingresado, por lo que afecta a un 13% de las mismas. Estará vigente hasta el 31 de octubre y busca equilibrar los pagos con los bienes ingresados al país”, aclaró la comunicación oficial del BCRA.
En paralelo, la disminución del tope para la venta de bonos busca quitar presión a otra fuente de salida de divisas para el Central, que es la intervención en el mercado de títulos públicos. El objetivo de esa operación es evitar que se disparen las brechas entre el dólar oficial y los tipos alternativos que proliferan en la medida en que se van agregando restricciones. El último es el conocido como dólar Senebi (por las siglas de Segmento de Negociación Bilateral, mecanismo bajo el cual las empresas pacta la entrega de fondos disponibles en el exterior), que se ubica por encima de los 190 pesos, entre 15 y 20 pesos más caro que el MEP y el CCL. Según datos extraoficiales, en septiembre al Central se le habrían escurrido por esa vía unos U$S 300 millones.
En el fondo, más que la salida de dólares, el problema es que no están entrando. El ingreso de divisas es muy dependiente de la liquidación del sector agroexportador, cuyo fuerte se da entre los meses de abril y julio. Este año, por los altos precios internacionales de los cereales, la temporada de ventas se extendió hasta principios de septiembre, pero las autoridades ya saben que tendrán que aguantar el resto del año con el colchón de casi U$S 7.500 millones que el Central supo armar entre enero y agosto.
Por esa razón estacional, no es casual que la instauración del cepo por la administración de Mauricio Macri, en 2019, se haya dispuesto a comienzos de septiembre. Y que en ese mismo mes de 2020 se haya resuelto otra medida clave para desalentar la demanda bancaria de los pequeños ahorristas, como fue la retención adicional de 35% a cuenta de Ganancias. Por ese motivo, potenciado por las perspectivas de una posible derrota del oficialismo en las elecciones de noviembre, este nuevo ajuste del cepo no causó sorpresas en la City.
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