Los privados de la salud y la pandemia

Ciertas agendas políticas, como la que se ha instalado hoy en el mundo y en nuestro país, son una oportunidad para debatir sobre cuestiones centrales de la política pública; como en este caso, nuestro sistema de salud. Algunas preguntas que pueden ser parte del debate son: ¿Qué recursos tiene el sistema de salud? ¿Cómo deben asignarse y distribuirse los mismos?¿Cómo debería ser el acceso al sistema?¿Qué instituciones deben ser subsidiadas y/o fortalecidas?¿Qué funciones deben ser de exclusiva responsabilidad del Estado y cuáles podrían ser delegadas al sector privado? Estos cuestionamientos nos llevan a reflexionar en torno al sentido de lo público y lo privado en nuestra sociedad y a buscar, en  lo posible, ciertos acuerdos. 

En la mayoría de los sistemas de salud, un actor relevante es el sector conformado por las organizaciones de planes privados de salud, en nuestro país,: las empresas de medicina prepaga (EMP). En Argentina este sector ha tenido y tiene una influencia significativa en la elaboración de las políticas de salud. Solo por mencionar un ejemplo, el primer proyecto oficial sobre el proceso de desregulación de las obras sociales -conocido como el proyecto Giordano- fue elaborado por un representante del sector privado.

Es así que, ante la pandemia del COVID-19, no es menor conocer qué rol están dispuestos a jugar los representantes de este sector y qué costos que están dispuestos a asumir frente a la magnitud y gravedad de la emergencia que enfrentamos. Declaraciones pronunciadas, en estos días de pandemia, por representantes de EMP, amplían los interrogantes mencionados: ¿Qué es lo que piensan cuando dicen que hoy somos un sistema único de salud? ¿Qué quieren decir al afirmar que “ahora somos un eslabón de la salud pública” o que “ahora todos debemos actuar con compromiso y responsabilidad en aras del bien común”? ¿En qué sentido subrayan que ahora no hay lugar para la especulación ni para la mezquindad? ¿Están dispuestas a dar algo de sus aportes para el bien común que predican?

En un intento por responder parte de estos planteos recuperemos algunas posiciones de representantes del sector privado en respuesta a determinadas políticas dirigidas a su sector: la incapacidad de las instituciones públicas para atender la salud de la población; el desconocimiento por parte de los legisladores para elaborar normas vinculadas al sector privado; y el exceso de normas de regulación como amenaza a la subsistencia de las mismas. 

En relación con la primera posición, pareciera que, si las instituciones públicas no fueran capaces de atender la salud de la población, la existencia de las EMP estaría justificada. No obstante, notemos que, por definición, las EMP son organizaciones de prepago, es decir que tienen por finalidad la prestación de servicios médicos, mediante el pago de una cuota periódica y que “asumen el riesgo económico de prestar el servicio de salud a sus asociados” (Garay, 2017). Aunque, como señala Garay, estas empresas “no tienen meramente un objeto prestacional de naturaleza mercantil sino que su objeto es también (esencialmente) de naturaleza social”. Es así que, según el autor, dichas empresas tendrían que adecuar su conducta empresarial a los principios de ‘responsabilidad social’, buena fe, razonabilidad y equidad” (Garay, 2017).

Ahora bien, por un lado, su existencia, dada su naturaleza, estaría justificada y podrían, como de hecho ocurre, coexistir con las instituciones públicas. Por otro lado, ante una emergencia sanitaria como la de la pandemia ¿su conducta empresarial debería dirigirse hacia los principios mencionados? Recientemente, las EMP han declarado su interés en sumarse a la lucha contra el COVID-19; sin embargo, a pesar de estas declaraciones, aceptaron los fondos que les destinó el Estado ante la emergencia sanitaria ¿Sería un gesto genuino de responsabilidad social, buena fe y razonabilidad que las EMP se negaran a recibir los beneficios fiscales que les destinó el Estado?

En relación con el segundo planteo, la supuesta incapacidad y desconocimiento por parte de los legisladores para elaborar normas vinculadas al sector privado;  se vislumbra cierta controversia ya que las EMP han participado históricamente como actores de presión y autores de diversas normativas relevantes para el sector.

La supuesta incapacidad adjudicada al poder legislativo por el sector entendemos que no solo alude al poder legislativo sino al Estado en general. Afirmación que se contradice con los nuevas declaraciones en las que solicitan al Estado que ocupe el mando en la batalla contra el COVID-19 y dicte las normas para que ellos puedan acatar y actuar ante la pandemia.

Por último, respecto al exceso de normas de regulación -vinculadas a la ampliación de las prestaciones y a las restricciones sobre los criterios de selección de afiliación-, como elemento que hace inviable su actividad económica. Lo que nos preguntamos es ¿cuál sería la regulación adecuada para la viabilidad del sector? Viabilidad que no debería poner en riesgo ni la salud ni la economía de sus afiliados.

Ante situaciones de gravedad como la que estamos viviendo, ciertos argumentos se desmoronan y pierden legitimidad. Hoy nos encontramos ante una novedosa coincidencia: representantes del sector privado y del Estado se posicionan a favor y defienden firmemente la necesidad de tener un sistema público de salud. Más aún, destacan el carácter único del sistema como un principio clave para enfrentar la pandemia. Será interesante no abandonar sino avanzar en el contenido de este acuerdo social para cuando sorteemos la emergencia.

*Docentxs/Investigadorxs de la Universidad Nacional de Lanús. Integrantes del PICT Políticas y Economía de la Salud. 2018-0005.DESACO-UNLa y de la Red Argentina de Investigadoras e Investigadores de Salud (RAIIS).