Los productores que quieren la estatización de la empresa cerealera

Chacareros, pequeños y medianos productores, miraban azorados los canales porteños de televisión que replicaban una marcha a favor de la propiedad privada de los accionistas mayoritarios de la defaulteada empresa Vicentin. Los productores de granos concentran el 71,8% de los acreedores y representan el 25,8% de la deuda de la empresa. Coinciden en la necesidad de recuperar la compañía bajo dirección estatal y proponen una composición accionaria mixta que los contemple. “Queremos ser parte de la mesa”, reclaman.

Es que la banca pública, en particular el Banco Nación bajo la tutela de Javier González Fraga, no fue la única víctima de los directivos de Vicentin. Y la posibilidad de capitalizar las deudas también es estrategia del resto de los acreedores. Según se detalla en el tercer informe elaborado por el equipo del Banco Nación bajo la dirección de Claudio Lozano, las entidades financieras (bancos públicos, privados y financieras) poseen el 64,4% de la deuda pero son sólo el 1,4% del total de acreedores. Los productores de granos  concentran el 71,8% de los acreedores  y representan el 25,8% de la deuda.

La deuda por compra de granos afecta a 1895 productores con sede en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Santiago del Estero, Chaco, Capital Federal, Buenos Aires y San Luis. Del total de estos, el 40% se ubica en la provincia de Santa Fe y representan a su vez el 63% del total de estas deudas. En tanto, el 27% de los ruralistas estafados son de Córdoba y representan el 20% de la deuda de Vicentin.

Las cooperativas involucradas son 98, y están ubicadas en siete provincias donde Santa Fe es la de mayor importancia con una deuda promedio por cooperativa de 166 millones de pesos.

La entidad afectada en La Pampa es Atreu Co Cooperativa Agropecuaria; en Tucumán, Cooperativa Agropecuaria Unión y Progreso. Y las cuatro de Chaco son: Agropecuaria Las Breñas, Agropecuaria La Nueva, Agropecuaria de Provincia  Roque Sáenz Peña y Agrícola Toba Algodonera.

“El cooperativismo está trabajando unido. Estamos los más chicos y diversos agrupados en la Federación de Cooperativas Federadas (FeCoFe), pero también estamos en sintonía con las otras entidades como Agricultores Federados Argentinos y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA)”, relató Juan Manuel Rossi de FeCoFe.

Las prioridades de este sector tras el desfalco de Vicentin se definen por la urgencia. El primer objetivo es ver cómo se cobran las acreencias. Estiman que son alrededor de 100 millones de dólares de deuda lo que se le debe a todo el cooperativismo. En tanto, en una segunda instancia menos táctica, están evaluando cómo participar en una eventual empresa mixta que los contemple. “Seguimos pensando que hay una necesidad de que haya una gran empresa nacional que ordene el mercado, que sirva como testigo para que el resto de las empresas también estén más controladas, que el mercado de granos tenga una referencia que hoy no tiene”, demandó Rossi.

Desde la Federación Económica de Santa Fe, Víctor Repetto también destacó la importancia de integrar una sociedad de capital nacional con mayoría estatal, en la que también puedan participar parte de los 98 accionistas de Vicentin que no estén implicados en delitos sino que fueron utilizados por el grupo dominante de la familia. “No es sólo Vicentin sino toda una política de desprotección por parte del Estado cuyo rol en el control de comercialización de granos se ha desvirtuado desde 1976 y se ha desnacionalizado desde el menemismo”.

Es que un proceso similar se dio en la provincia de Córdoba, donde dos cerealeras, Maurer Rolando con 100 años de antigüedad, y Rossini Cereales con 40, junto a dos empresas rosarinas, BLD y Grimaldi, replicaron este proceso de desfalco.

Con los interventores Gabriel Delgado y Luciano Zarich corridos por el juez comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, y con la antigua dirección repuesta en sus cargos, el gobierno decidió apelar, a través de dos escritos. Uno es de la Procuración del Tesoro y otra del veedor Zarich, quien acusa al juez de «devolverle la administración a los directores que están verosímilimente sospechados de estrellar una empresa de 90 años de trayectoria que actúa en uno de los mercados más rentables del país».

Zarich también dejó constancia en su escrito sobre las investigaciones en curso y las posibles triangulaciones de operaciones comerciales de la empresa a efectos de producir evasión fiscal, el vaciamiento de la empresa y los desprendimientos patrimoniales personales “con la intención de no tener que solventar con esos bienes en caso de que tuvieran que dar respuesta ante demandas judiciales”. Más allá del empantanamiento judicial, el caso Vicentin puso de relieve que el funcionamiento oligopólico del sector productor de granos y divisas comenzó a crujir.