Los radicales, detrás del endurecimiento de las políticas penitenciarias

Pero Petri, muy cercano a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no es el único radical interesado en la población carcelaria. Alrededor de los penales federales ronda el grupo vinculado a Enrique “Coti” Nosiglia, que a través del Ministerio de Justicia de la Nación, motoriza la Agencia Federal de Reinserción Social y Administración de Penas.

La idea inicial de los lobistas era reemplazar al SPF por La Agencia pero chocaron, por el momento, con la opinión de abogados, sociólogos y expertos en ejecución de la pena que rechazaron el proyecto.

Uno de las piezas de la avanzada radical es Leandro Halperín, abogado penalista y subsecretario de Vinculación Ciudadana con la Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese ministerio es manejado por Martín Ocampo, compadre de Daniel Angelici, socio político y compañero de comisión directiva de Boca de Darío Richarte. Todos abogados y radicales, vinculados al vaciador Sergio Szpolski.

En 2015, Halperín fue propuesto por el radicalismo para ocupar un lugar en el Comité contra la Tortura y este año participó en las mesas de discusión de La Agencia. La avanzada del grupo que manejó los servicios de inteligencia argentinos en las últimas décadas y tiene una gran influencia en los tres poderes de la nación, es multidireccional y bien clara. Así lo dejo sentado Halperín en su blog (leandrohalperin.wordpress.com) cuando en febrero pasado anunció: “Vamos a cambiar el sistema penitenciario argentino”.

“Luego de muchos años volví al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, convocado por el Ministro Germán Garavano y el Subsecretario de Asuntos Penitenciarios Juan Mahiques, el motivo fue el de dar inicio a la mesa de trabajo de estudio y análisis para la Reforma del Sistema Penitenciario”, escribió el abogado que suele presentarse en los medios de comunicación como especialista en cárceles.

En este punto, para entender el estado de la cuestión y el objetivo de este grupo, vale la pena recordar el mensaje de Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la apertura del último plenario nacional de la Campaña contra la Violencia Institucional.

“Hay una degradación del Estado de Derecho. El programa económico no cierra, aumenta el desempleo y crecerá el delito contra la propiedad. La crisis recesiva traerá más prisionización. Habrá sobrepoblación en las cárceles y motines. Todo ocurrirá con cobertura mediática. Los jueces que se opongan a la lógica de la época sufrirán el linchamiento mediático”, reflexionó Zaffaroni.

Presión mediática sobre el Poder Judicial, endurecimiento de penas, nuevo régimen de tratamiento, superpoblación intramuros, nuevas cárceles federales, presentación de informes de la Auditoria General de la Nación por parte de Jesús Rodríguez, miembro de la AGN por el radicalismo y ex diputado nacional durante el gobierno de Ricardo Alfonsín, quien felicitó el trabajo de Enrique Mugnolo, el radical que dirige la Procuración Penitenciaria por decreto desde hace 16 años; dardos lanzados desde distintos estamentos estatales pero con un mismo objetivo: seguir concentrando poder y negocios. Cueste lo que cueste. Pague quien pague.