Los reclamos que arrancaron en la calle llegan a la Justicia

La repulsa popular a los tarifazos se está manifestando en dos ámbitos: las calles y los tribunales. Mientras en la semana hubo nuevas marchas en protesta por los aumentos de los servicios públicos, un grupo de intendentes presentó un recurso de amparo colectivo pidiendo la anulación de las medidas.

El descontento volvió a reflejarse en el «ruidazo» de este viernes. Por quinta semana consecutiva, las plazas y esquinas más representativas de cada barrio de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano fueron el punto de encuentro de la gente, que levantó pancartas y golpeó cacerolas en protesta por los recientes aumentos. En esta ocasión el malhumor se vio potenciado por dos factores: la ola de cortes de energía eléctrica que dejó a miles de usuarios sin servicio en los días de calor más abrasador; y la puesta en vigencia, justo ese viernes, de los nuevos cuadros tarifarios de Edenor y Edesur, con alzas promedio del 26 por ciento.

Un día antes y con una convocatoria algo más formal, la CTA de los Trabajadores, junto a otras organizaciones sociales (la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y el Movimiento de Trabajadores Desocupados, entre otras), llevó su marcha de antorchas a otras ciudades del interior. Resistencia, Junín y Bariloche fueron los escenarios de las movilizaciones, que el jueves 7 se replicarán en Mendoza y Córdoba.

También el último jueves, en Buenos Aires, la CTA Autonóma y otras agrupaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos nucleadas en el Espacio Memoria, Verdad y Justicia se reunieron frente al Congreso de la Nación para una simbólica quema de boletas de luz, gas y agua. «Contra el tarifazo y el ajuste», fue la consigna de la jornada.

Otra vez el Cepis

Pero el eje se corrió al ámbito judicial. Apenas terminada la feria, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y un grupo de intendentes del Conurbano alineados con el PJ presentaron una acción de amparo colectivo. A través de ella, solicitan el freno a las subas en las tarifas de luz, gas y transporte. Gabriel Katopodis (San Martín), Fernando Gray (Esteban Echeverría) y Verónica Magario (La Matanza) fueron algunos de los integrantes de ese grupo que se vio engrosado con varios diputados nacionales y otros dirigentes.

El petitorio requiere que se suspenda la vigencia de las resoluciones 366/2018 de la Secretaría de Energía y las del ENRE que le siguieron a aquella. Y exige que ambas reparticiones del Estado Nacional «se abstengan de trasladar a las y los usuarios del servicio público de electricidad el nuevo cuadro tarifario aprobado por dichas normas, hasta tanto se dicte sentencia de fondo».

Para ello se basan en los trabajos del Cepis (Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad). La participación de esa ONG no es un dato menor: es la misma que logró la intervención de la Corte Suprema en 2016, cuando el gobierno de Mauricio Macri iniciaba su rally de tarifazos.

Aquella vez, el Cepis consiguió que la Corte aceptara su recurso, entre otros motivos, porque consideró que el valor de las tarifas debía ser «justo y razonable». En ese sentido, el Cepis elaboró un cuadro en el que concluye que los salarios en los últimos tres años subieron entre un 102% y un 118%, según se tome el salario mínimo vital y móvil o el promedio de los empleados en actividad relevado por el Ministerio de Trabajo. En cambio, el valor del kilowatt que cobran Edenor y Edesur subió en promedio un 2956% para las familias de consumos más altos, un 5864% para las de las categorías más bajas y un 2673% en el caso de las pymes. En otras palabras, mientras los sueldos se duplicaron en tres años, las tarifas se multiplicaron por 30 y hasta por sesenta.  «