Los salarios de siete de cada diez empleados del INDEC están debajo de la línea de pobreza

Los trabajadores del organismo encargado de medir la pobreza de los argentinos, a través de su Comisión Interna, difundieron un informe que, basados en los mismos datos que elaboran, dio como resultado que el 68% de los empleados del INDEC cobran salarios inferiores a los $27.570.

Esa cifra corresponde al valor de la Canasta Básica Total de febrero que establece el umbral de la pobreza. Por ese motivo, en el caso de que los hogares en los que habitan no generen ingresos adicionales, esos trabajadores (muchos de ellos técnicos y profesionales) se encuentran en situación de pobreza.

Según el informe que elaboraron, para superar los ingresos necesarios para quedar por encima de la Canasta Básica Total es necesario contar con una categoría C6. Sin embargo el 55% se encuentra encuadrado en categorías D o E (son unos 667 empleados) y el 22%, 254 trabajadores, cuenta con una categoría C. Apenas 41 empleados reviste en una categoría A.

El estudio, además, pone de relieve otra de las situaciones que se sufren en términos laborales en el organismo en particular pero que son también la regla entre los empleados estatales en general. Allí, apenas el 21% de los empleados se encuentra en planta permanente y, por lo tanto, goza de estabilidad laboral plena. 

En el otro extremo un 19% están vinculado a través de contratos de locación de servicios y factura como monotributista. Un 8% reviste en planta transitoria y un 52% lo hace bajo el encuadramiento denominado como “resolución 48” mediante la cual el trabajador se encuentra encuadrado en la grilla salarial dela  planta, cuenta con obra social, aguinaldo, vacaciones y otros beneficios pero su contrato se renueva en forma anual y, por lo tanto, no goza de estabilidad laboral que, se supone, rige en el sector público.

Al mismo tiempo, en el informe que elaboraron señalan que en el último año cerca de 3 millones de personas cayeron debajo de la línea de pobreza y, con datos oficiales, desmienten las declaraciones del presidente Mauricio Macri que aseguró que se había avanzado en atacar la “pobreza estructural” que surge de la satisfacción de necesidades asociadas con las condiciones de vida como saneamiento, acceso al agua potable, entre otras.

Destacan que “la población que no tiene acceso al agua corriente, a las cloacas o al gas de red a fines de 2018 era de 50,1%, apenas unas imperceptibles décimas menos que en 2016, cuando era 50,6% (en 2006 era 54,3%)”. En otra dimensión destacan que “la población dueña de su casa bajó de 69,0% en 2016 a 66,8% en 2018”.