Los sindicatos que defienden la expropiación de la cerealera se mantienen expectantes

Los gremios vinculados a Vicentin vieron en la intervención la vía para preservar las fuentes de trabajo y el salario y rápidamente dieron apoyo a la decisión oficial. Otros sindicatos y centrales respaldaron la intervención y saludaron la intención de expropiar la empresa como parte de una política general.

En ese sentido se pronunciaron la CTA de los Trabajadores, de Hugo Yasky, y la CTA Autónoma, de Ricardo Peidró. Lo mismo la Asociación Bancaria y los sindicatos enrolados en la Corriente Federal, que en un comunicado titularon «Vicentin debe ser expropiada».

El líder de la CGT, Héctor Daer, calificó de «histórica» la decisión de intervenir pero evitó pronunciarse alrededor de la expropiación.

La medida, si bien fue saludada por sectores del capital financiero que vieron en el rescate la oportunidad de cobrar sus acreencias, fue rechazada por un sector de la derecha que agitó el fantasma de una oleada de expropiaciones. Los cacerolazos generaron un clima de zozobra y la posibilidad de un retroceso del gobierno. Ante esta situación, los sindicatos que se habían pronunciado a favor aseguraron ahora mantenerse «expectantes» y adelantaron sentir cierta «desazón».

Daniel Yofra, titular de la Federación Aceitera, que representa a centenares de trabajadores entre los seis mil empleados de Vicentin, reconoció que «no sé cuál será la decisión final porque la expropiación fue un título que tiró el presidente el día del anuncio de la intervención». Por eso, explicó, «no quiero entrar en la vorágine de especular. Desconozco si es viable la expropiación pero cuando sacas un crédito hipotecario y no pagas te sacan la casa».

Hugo Yasky destacó que, con la intervención, «el gobierno cumplió con lo que marca la Constitución. Es un caso testigo del accionar depredatorio de grupos que dejan una montaña de acreencias impagas de las que se tiene que hacer cargo el fisco». Yasky denunció que «esa deuda no se evapora, la pagamos todos los argentinos. El gobierno busca el camino para resguardar el fisco, la continuidad de los salarios y unos 3 mil puestos de trabajo y garantizar que la quiebra no arrastre a 2600 productores». Para Yasky, «en el marco de la ley tiene que buscar la forma de que no se rescate a una empresa para que vuelva al circuito financiero, la evasión y la fuga de capitales. Así nos recibiríamos de idiotas todos los argentinos. Los que votaron y los que no votaron a este gobierno».

Desde las CTA Autónoma, Ricardo Peidró señaló que «hemos bancado desde el comienzo la expropiación para transformarla en una empresa pública con control estatal que garantice la soberanía alimentaria y oriente el precio del grano». Para el dirigente, el anuncio «se vivió como un triunfo. Retroceder sería una frustración, una gran desazón y un golpe a los sectores populares».

Para Yasky, el gobierno «tiene que explorar todas las variantes: desde la intervención, la empresa mixta o la expropiación». Sobre la posibilidad de que no se avance en la expropiación señaló que «voy a opinar frente al peso de la realidad. Estamos expectantes».