Los trabajadores de Lácteos Verónica ocupan las tres plantas para enfrentar el lock out patronal

La empresa fundada en 1923 y propiedad de la familia Espiñeira decidió paralizar esta semana la producción en las tres plantas en las que opera. No es otra cosa que un lock out empresario que, a diferencia de la huelga, la legislación nacional prohíbe. La decisión compromete los puestos de trabajo de 700 obreros que quedarían en la calle junto con sus familias.

La drástica y unilateral medida que decidió tomar la compañía se produce en el marco de una deuda salarial que mantiene con sus trabajadores desde el mes de octubre y luego de un pedido de Proceso Preventivo de Crisis que naufragó en la Secretaría de Trabajo de la Nación.

El pago de los haberes adeudados se había resuelto semanas atrás con un acuerdo entre la parte empresaria y la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) que consiste en el desembolso de un monto de $1 millón semanales por trabajador hasta saldar lo adeudado.  

Pero la empresa dejó de pagar y, en forma unilateral, anunció el cierre de sus plantas. La reacción obrera fue inmediata. Los trabajadores decidieron tomar los establecimientos situados en las localidades de Suardi, Lehman y Totoras con el propósito de defender sus fuentes laborales.

La paralización de la actividad resulta también de la imposibilidad de la compañía de acceder a los insumos básicos. La crisis financiera que atraviesa incluye, según datos del BCRA aportados por el medio Motor Económico, cheques rechazados por más de $10.900 millones que indican una ruptura de la cadena de pagos de la empresa a la que hay que sumarle la deuda con sus proveedores tamberos por una cifra estimada en U$S 60 millones repartidos entre 150 tambos.

La crisis es tan profunda que tambos que son propiedad de los mismos dueños de la empresa también han redireccionado su producción de leche a otras firmas en lo que confirma una política deliberada de vaciamiento.

La compañía había cursado a mediados de 2025 un pedido de Proceso Preventivo de Crisis ante la Secretaría de Trabajo de la Nación en el que reclamó una serie de puntos que “buscaban atentar contra derechos laborales, sociales y hasta constitucionales de los trabajadores” denunció el diputado provincial Carlos Del Frade.

Según explicó a Tiempo la compañía intentó, con ese recurso, reducir 210 puestos de trabajo con el pago de media indemnización y en seis cuotas así como eludir el convenio colectivo y las paritarias sectoriales imponiendo una rebaja salarial del orden del 40% y reclamando su potestad de imponer suspensiones en forma arbitraria y unilateral.

La respuesta decidida de los trabajadores que ocupan las tres plantas constituye otra señal que indica un cambio de humor en la clase obrera industrial que, ante el cierre de 30 empresas diarias, suspensiones y despidos, ya no está dispuesta a observar impávida ni a esperar una respuesta de conjunto de las Centrales. Es lo que ocurre también en otras fábricas como Lustramax y Sealed Air.