Nucleados en el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, se movilizaron al Ministerio de Trabajo para repudiar la propuesta de la Cámara empresaria.
La protesta se llevó a cabo en el marco de la audiencia con la Cámara empresaria que se realizó este mediodía, y contó con el apoyo de otros gremios como Actores, el Sindicato de Trabajadores de la Televisión (SATSAID) SUTEP y la Confederación Sindical de los Trabajadores de los Medios de Comunicación Social (COSITMECOS). Previamente la CACP había difundido una polémica carta que provocó malestar en los trabajadores porque sentó las bases de un esquema de precarización a partir de considerar a los cambios tecnológicos como una excusa para proponer un esquema de salarios a la baja. El sindicato dejó sentada su posición en una audiencia en el Ministerio en la que advirtió: Las nuevas tecnologías son herramientas que mejoran la calidad técnica y artística de nuestro trabajo y no el medio para profundizar y justificar la flexibilización y precarización laboral. Es irresponsable como empleadores continuó-, que se muestren «preocupados» por los «técnicos de edad avanzada» cuando son los productores los únicos responsables de quitarles la posibilidad de trabajar al no contratarlos.
Además, la Sociedad Argentina de Editores Audiovisuales (SAE) ya había fijado su posición crítica sobre la propuesta de la Cámara acerca de los parámetros utilizados para proponer una reducción de salarios.
La calidad y/o cantidad de trabajo que el editor aporta a una pieza audiovisual no guarda ningún tipo de correlación con la plataforma de emisión del contenido, cualquiera sea ésta, y por lo tanto carece de sentido lógico proponer que un editor necesariamente trabaja menos o que es menor la calidad de su trabajo si la pieza audiovisual se difunde por medios diferentes a la televisión y/o salas de cine, advirtió en un comunicado el Consejo Sectorial de Cine Publicitario del SAE luego de expresar la preocupación de los trabajadores respecto del deterioro de las condiciones de trabajo, en particular la extensión abusiva de los plazos de pago que supera los 60 días en promedio.
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