Los zorros en el gallinero

El diputado de extrema derecha Javier Milei montó su campaña electoral para las elecciones de 2021 sobre una caracterización de la dirigencia política democrática. La definió como “una casta”. La operación propagandística tiene dos efectos: culpar de todos los males a los representantes que emergen del voto popular y proteger al poder fáctico, cúmulo de entidades que nadie elige.

En la India, la sociedad se divide en cuatro castas principales, que a su vez se van subdividiendo. Es un sistema de enorme complejidad, pero genera una estratificación social rígida. La política democrática es todo lo contrario. Por eso un obrero metalúrgico, Lula da Silva, nacido en una familia pobre, en una de las zonas más pobres de Brasil, se transformó en uno de los líderes políticos más relevantes del siglo XXI. Y está a una semana de volver a ser presidente del país más grande de Sudamérica por tercera vez, luego de haber sido perseguido, enjuiciado y encarcelado.

La política democrática es lo contrario del sistema de castas. Forma una clase dirigente, sí, parcialmente, pero es permeable de modo que ingresen nuevos miembros. En los últimos tiempos entraron desde la cartonera Natalia Zaracho hasta la reaccionaria panelista de televisión Amalia Granata.

Otro pilar de la democracia- vulnerado en la Argentina-es el de la igualdad ante la ley. El lawfare, por supuesto, lo quiebra por completo. Pero hay otras prácticas y las ejerce el mismo poder, que paradójicamente tiene el objetivo de velar por el respeto a la ley y la Constitución. Debe haber pocas cosas más incoherentes en sistema institucional argentino que el privilegio que tienen los jueces de no pagar el Impuesto a las Ganancias, que en realidad es a los altos ingresos. Un trabajador petrolero del departamento de Magallanes, en Santa Cruz, que cobra un salario promedio de $370 mil pesos, paga el tributo. Los jueces de la Corte Suprema de la Nación, que ganan por encima de un millón de pesos, no.

La igualdad ante la ley debe funcionar como un faro orientador para corregir injusticias. El Congreso Nacional introdujo esta semana en el proyecto de Presupuesto un artículo para que todos los magistrados paguen el impuesto a los altos ingresos y no sólo los que ingresaron a partir de 2017, que es lo que ocurre ahora.

Con esa modificación se recaudarían unos $230 mil millones. Es equivalente al 50% del presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que financia el Conicet y empresas que desarrollan nano tecnología, entre otras cosas.

La corporación judicial reaccionó con un comunicado de la Asociación de Magistrados y una reunión de urgencia de la Corte. Es un gesto que ni siquiera ocurrió luego del intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández.

Como decía Juan Perón, el bolsillo es la víscera más sensible del ser humano.

Quienes deben cuidar el respeto a la Constitución están ahora buscando la forma de construir un argumento que les permita preservar el privilegio de esquivar la ley que un trabajador petrolero, camionero, bancario, aceitero, acata. Actúan como evasores de impuestos y se defienden con que pagarlos sería “un atropello a la independencia de la Justicia”. Se sienten un país aparte, un Estado libre asociado. Pero con un pequeño detalle: esa república autónoma se financia con los impuestos, entre otros el de Ganancias, que pagan los trabajadores argentinos. La familia judicial vive de los impuestos que ella evade. Una verdadera casta.