Luces y sombras de la COP 29 sobre el cambio climático

Mientras el mundo se incendia, se inunda y se desertifica y los glaciares desaparecen y las islas y costas se hunden a pasos acelerados, en la 29° Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29), que se llevó a cabo en Bakú, Azerbaiyán, del 11 al 22 de noviembre, los acuerdos para resolver estos problemas fueron más lento de lo esperable. Pasados 30 años desde que se tomó alguna conciencia del tema y los resultados de la COP 29 reafirman un proceso que no está sirviendo a las comunidades y pueblos del mundo que necesitamos urgente y desesperadamente un cambio de paradigma histórico para garantizar nuestra supervivencia colectiva y la de todos los seres vivos del planeta.

Como movimientos sociales, feministas, jóvenes, indígenas y movimientos de trabajadores, hemos luchado duro -seguimos- por el fin de la era de los combustibles fósiles de una manera justa y equitativa, y hacia una transición justa que se centre en los derechos humanos, la igualdad de género y el cuidado. No deberían haber hecho falta tantos años para aceptar una transición que abandone los combustibles fósiles. Aunque crítico, este resultado, lleno de falsas soluciones y distracciones peligrosas, amenaza cualquier esperanza de mantener vivo el 1,5 –temperatura límite al calentamiento global- y socava la propia supervivencia de las personas en este planeta si no hay adecuado financiamiento de los países ricos y contaminadores del Norte global hacia los países no desarrollados del Sur. En este punto se centra el debate.

No tenemos aún un resultado que establezca claramente el fin del sistema extractivo que ha estado dañando. Estamos en plena discusión de la nueva meta de financiamiento, en un contexto en el que los países ricos ni siquiera cumplieron con la escasa meta anterior de 1000 millones de dólares para subsidiar la adaptación, la transición justa, la mitigación e indemnizar las pérdidas y daños. Pero lo que es seguro es que estaremos lejos de que se logre el ambicioso reclamo que estamos haciendo desde la sociedad civil de que se aporten U$S 5 billones para esos fines. No a modo de créditos a los Estados que nos siguen endeudando, sino como subsidios no reembolsables que lleguen de manera más directa y efectiva a las comunidades que estamos poniendo el cuerpo en los territorios defendiendo nuestros bienes comunes y a las poblaciones afectadas por inundaciones, incendios, sequías y otras catástrofes generadas por este modelo depredador.

Un resultado que no establezca claramente el fin del sistema extractivo que ha estado dañando, asesinando y destruyendo tierras y cuerpos en la mayor parte del mundo no puede ser aplaudido como un logro de la Justicia ambiental ni de género. Un resultado que no consiga centrar la ambición en la implementación y reconstruir la confianza y la solidaridad globales necesarias para una acción climática real -con un compromiso claro de financiación pública nueva y adicional basada en subvenciones- es un resultado sin equidad, sin igualdad de género y sin justicia climática.

En las negociaciones sobre financiación climática – igual que sucedió el año pasado en Dubai-, muchos países desarrollados restaron importancia, cuando no negaron abiertamente, su responsabilidad histórica y su obligación de hacerse cargo, presionando en su lugar a favor de las contribuciones voluntarias y afirmando que los ingresos del sector privado y del mercado del carbono cubrirían los enormes y crecientes déficits de financiación.

Aunque nuestra presión social incidió para incluir, luego de 30 años, la referencia a la transición para abandonar los combustibles fósiles en la COP del año pasado, enviando una importante señal de que los días de los contaminadores están contados, la lucha no ha terminado. El Inventario actualizado de emisiones representa un paso adelante, pero también nos hace retroceder y abre la puerta a peligrosas distracciones como la captura, almacenamiento y mercados de carbono, la energía nuclear y otras falsas soluciones y lagunas en forma de «combustibles de transición» y enfoques de balance neto cero. Esta no es la eliminación de los combustibles fósiles completa, justa, rápida, totalmente financiada y feminista que necesitamos para mantener vivo el 1,5 y para la propia supervivencia de las personas en este planeta. Y aunque el Inventario de emisiones reconoce la importancia de los enfoques sensibles al género como el camino para la acción climática en el futuro, las referencias a proteger, respetar y promover los derechos humanos están en gran medida ausentes y no guían sus mandatos y compromisos como una obligación transversal y un marco para avanzar.

Como feministas estamos felices por haber logrado en esta COP que en la negociación de transición justa hayamos incorporado específicamente las tareas de cuidado y la situación de los/as trabajadores/as informales. Sin embargo esta ha sido una conferencia donde hemos debido librar batalla para defender el lenguaje acordado de género y diversidades. Y quedamos decepcionadas por no haber logrado mayor avance en la lucha por la financiación de acciones climáticas basadas en Derechos Humanos, con una perspectiva transformadora de género y dirigidas a nivel local, con un acceso simplificado y directo. Desde América Latina levantamos las voces para hacer realidad las responsabilidades compartidas pero diferencias y la mayoría de los países de nuestra región con México a la cabeza y en alianza con UE y Australia mantuvieron en los debates nuestra banderas.

Párrafo aparte merece el sorpresivo, vergonzoso e incomprensible retiro de Argentina de las negociaciones, que contradice la postura expresada en su texto de apertura publicado en la web de la Conferencia. Más de 70 organizaciones ambientales y de la sociedad civil argentinas advertimos sobre el grave retroceso en política ambiental y climática que implica la decisión del gobierno nacional de retirar a la delegación oficial.

Argentina ha participado en las negociaciones climáticas desde la adopción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en 1992 y ha generado enormes contribuciones en la materia.

La decisión adoptada constituye una clara violación a la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al de Cambio Climático (27.520/19) votada hace muy poco por unanimidad por el Congreso y fundamentalmente a los postulados de protección ambiental dispuestos por el Art. 41 de la Constitución. Significa además una oportunidad perdida de ser parte de un debate fundamental sobre financiamiento tratando de inclinar la balanza hacia el Sur global y de liderar los cambios que el planeta necesita. Esta actitud nos aísla del mundo.

La mayoría de los/as latinoamericanos/as aquí presentes y especialmente las ecofeministas sabíamos que veníamos a esta COP a la defensiva, a lucha para no retroceder, y a articular estrategias para lo que será la COP 30 que tendrá lugar en Belem do Pará (Brasil). Ciframos nuestras expectativas en que allí se de un cambio de paradigma en la lógica de este proceso, con una fuerte participación social, y nos preparamos para esa incidencia. Esperamos que el gobierno argentino recapacite y así como en el G20 acompañó las resoluciones entienda que se trata de sostener políticas de Estado y que hay mandatos constitucionales y convencionales que no pueden violarse, más allá de la creencias personales de quienes coyunturalmente están a cargo de la administración. «

La autora es doctora en Derecho, espec. en Derecho Ambiental profesora de DDHH (UBA). Fundadora de Red de Defensoras del Ambiente y el buen vivir de Argentina y de Red Ecofeminista Latinoamericana y del Caribe.