Luis Fondebrider: «El Derecho necesita certezas que la ciencia pocas veces puede dar»

Como hombre de ciencias, el presidente y fundador del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Luis Bernardo Fondebrider, prefiere hablar de probabilidades antes que de certezas. Sin embargo, de algo está muy seguro: los investigadores, peritos y funcionarios judiciales de Argentina deben repensar cómo hacen su trabajo y acompañar los cambios que se dieron en el mundo.

«La relación entre ciencia y Derecho siempre fue compleja, difícil, llena de malos entendidos y malas interpretaciones. Son dos áreas de conocimiento que se manejan con lenguajes y metodologías de trabajo diferentes, pero esencialmente el Derecho necesita certezas para determinar si alguien es culpable o no y es algo que la ciencia muy pocas veces puede suministrar», explica el experto reconocido en el mundo por el trabajo del equipo que hoy conduce.

Para Fondebrider, Argentina aún no se sumó a los países que replantearon sus metodologías de investigación forense. El pionero en esta materia fue Estados Unidos, que a principios de los ’90, a través del denominado Inocent Proyect, comenzó a rever una cantidad importante de sentencias. Los análisis de sangre o de cabello, gracias al ADN, fueron contundentes: muchas personas purgaban altas penas por delitos que no habían cometido.

«Todo esto produjo una crisis muy grande y en 2008 se encargó un gran informe que se llamó el Estado de la Ciencia que puso en cuestión todas las verdades que se daban por absolutas: desde las mordeduras en la piel, hasta las salpicaduras de sangre e incluso las huellas dactilares», resumió el especialista, quien graficó: «Estas convicciones cerradas también tienen que ver con la falta de comprensión de abogados, jueces y fiscales sobre cómo funciona la ciencia, qué es lo que puede aportar, sus posibilidades y limitaciones».

–¿Cuál fue la responsabilidad de los peritos y los funcionarios judiciales en el caso de Cecilia Rojas y Cristina Vázquez, que estuvieron presas más de diez años siendo inocentes?

–Los peritos sólo somos asistentes técnicos. No determinamos si alguien es culpable o inocente. No podemos decir si es un homicidio o un suicidio. Damos elementos técnicos y es una decisión que tiene que tomar el fiscal y el juez junto a otros elementos como testimonios o documentos para formarse una convicción de lo sucedido. El principal error es cuando se toman nuestros informes periciales como verdades absolutas y no se los enmarca en un estudio general. Los peritos tenemos que ser muy cuidadosos cuando decimos una cosa.

–¿Cómo se abstrae el perito de sus prejuicios y de su propia experiencia?

–Es un tema muy delicado que también está en cuestión. Hay toda una discusión sobre cuánta información como perito debo recibir. Cuántos datos me tiene que dar el fiscal o el abogado. Hoy, con los medios de comunicación que están las 24 horas bombardeando con noticias, es muy difícil abstraerse, pero hay que tener honestidad básica porque todo el mundo puede estar parcializado, incluso el fiscal y el abogado. Entonces, hay que tener la cabeza fría para abstraerse. Lo mejor es someterse a controles de calidad, a exámenes, certificaciones y a auditorías externas e internas.

–En el fallo de la Corte por el caso de Vázquez y Rojas, los tribunales inferiores de Misiones habían convalidado la condena. ¿Hay una actitud judicial corporativa?

–Como en todos los aspectos de la sociedad, hay un prejuicio sobre cierto tipo de acusados. Esa discriminación también se expresa en las palabras que utiliza un juzgado o un tribunal. Creo que hay mucho desconocimiento y se dejan llevar por las primeras impresiones, en vez de agotar toda la batería de pruebas que puede utilizar un juez o un fiscal. También hay desidia en evaluar los elementos o al tomar decisiones apresuradas. Me parece necesario que más allá de las cuestiones estrictamente científicas, en Argentina haya una revisión de estos procedimientos.

–Es momento de parar la pelota…

–Es algo que en general a la gente no le gusta porque «somos los mejores del mundo», «sabemos de todo» y me parece que en cuanto a ciencias forenses y criminalística, hay países de la región que trabajan mucho mejor y que tienen sistemas de control de calidad más asentados. Tenemos que pensar qué estamos haciendo y las consecuencias de eso, porque no se trata de una discusión académica sino de que hay gente que está sufriendo estos errores.

–¿Qué podemos aprender del mundo y el mundo qué puede incorporar de nuestra experiencia?

–El cambio más importante tiene que ver con incorporar disciplinas que tradicionalmente no han estado dentro de lo que se llama «lo forense». Nosotros trabajamos con arquitectos, matemáticos, físicos, geógrafos, que no se dedican a cuestiones forenses habitualmente pero sí pueden dar una visión diferente sobre un problema determinado. En 2014, el Ministerio de Ciencia y Tecnología abrió el programa de Ciencia y Derecho, poniendo a disposición del ámbito judicial los institutos del Conicet. Hay que volcarse a las universidades, que es dónde se investiga, y vincularlas con la tarea pericial de todos los días. Esto dejó de ser sólo para médicos o psicólogos. En todo el mundo se tiende a lo «multidisciplinario». «

La necesidad de un banco nacional de datos forenses

El EAAF tiene 25 misiones activas en todo el mundo. Con esa experiencia, Fondebrider plantea que el problema central sobre el abordaje de las metodologías de investigación forense en el país no está relacionado a la falta de recursos. «Argentina tiene 24 provincias y cada una tiene un sistema médico legal diferente. Si hoy una persona desaparece en Tucumán y su cuerpo aparece en Chubut, no hay forma de conectarlos. No hay una base de datos ni protocolos únicos. Eso no pasa por dinero sino por sentarse en una mesa los responsables y que digan cómo coordinamos esto, donde intervienen un montón de agencias del Estado que están descoordinadas».

Justamente, uno de los objetivos del EAAF para 2020 es «trabajar con los ministerios de Seguridad, de Justicia y el Ministerio Público Fiscal para poder crear un bancos de datos forenses con los cuerpos no identificados que lleguen a las morgues de todo el país».