Lula se pone el frente de otra disputa: cómo regular a Musk, Zuckerberg y Bezos

A principios de mes, el gobierno de Luis Ignacio “Lula” Da Silva comenzó a avanzar en la elaboración de una propuesta para establecer los criterios que regulen plataformas digitales y que incluyan obligaciones como la de eliminar contenidos que violen las leyes existentes, combatir discursos de odio y evitar la desinformación masiva.

Esta decisión surgió como consecuencia de lo anunciado por Meta, a principios de enero, en la que, en su búsqueda por congraciarse con el nuevo gobierno de Donald Trump, eliminó la moderación de contenidos de Facebook, Instagram y WhattsApp.

El proyecto brasileño plantea crear una figura similar al modelo europeo de “duty of care”, un deber de precaución al momento de eliminar contenidos considerados delictivos, sin necesidad de una decisión judicial. La tarea de velar para que las empresas cumplan con esto quedaría bajo la responsabilidad del gobierno. También propone la posibilidad de que sean las propias plataformas quienes deban tomar medidas en relación a las publicaciones que contengan “desinformación sobre políticas públicas”.

El primer borrador del proyecto fue presentado el pasado 24 de enero ante una mesa de trabajo compuesta por la Casa Civil, AGU (Procuraduría General de la República), CGU (Contraloría General de la República), Ministerio de Hacienda y Secom (Secretaría de Comunicación Social).

La propuesta, además, sugiere algunas obligaciones por parte de las plataformas:

• Actuar de forma más integral para reducir, entre otros, la distribución de desinformación y discursos de odio.
• Las empresas deberán brindar transparencia en los términos de uso, cómo funcionan los algoritmos de recomendación de contenido y los informes de moderación.
• Y determina que el control individual de contenidos (es decir, la evaluación de las publicaciones) lo realicen las propias plataformas a partir de las reglas definidas por la ley.

Por otra parte, y con el antecedente de lo acontecido en 2022 cuando el Tribunal Superior Electoral estableció un plazo de dos horas para la eliminación de contenidos considerados falsos, propone la creación de reglas específicas para el período electoral que contemple un procedimiento acelerado de moderación de contenidos en períodos de campaña.

El gobierno propone que se cree un comité que cumpla la función de monitorear el cumplimiento de la ley y que podría estar compuesto por Anatel (Agencia Nacional de Telecomunicaciones), ANPD (Autoridad Nacional de Protección de Datos) y Cade (Consejo Administrativo de Defensa Económica), este último para monitorear la concentración del mercado en el sector.

Algunos detalles, como por ejemplo, las posibles sanciones que se aplicarán a las plataformas que incumplan las nuevas reglas (advertencias, multas o suspensión) aún no están determinadas.

«Disputar la renta para defender el oficio y la democracia»

Ese es el título bajo el cual Agustín Lecchi, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), comienza el dossier que publicó el propio sindicato junto a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa en diciembre del año pasado: “Regulación de las Plataformas Digitales”.

Allí se pueden encontrar temas de clara actualidad que merecen ser tratados en cualquier mesa de trabajo: Nuevas formas de consumo digitales y medios de comunicación; La violencia de las plataformas y la necesidad de Innovar, regular, planificar y emprender en clave de soberanía digital.

En ese sentido Lecchi resalta: “Si bien este dossier contiene un informe central elaborado hace un año, con las consecuentes desactualizaciones que son responsabilidad nuestra y no de sus autores, ahora cobra un valor adicional: para la defensa de la democracia necesitamos limitar la concentración mediática, que ya no sólo está amenazada por grandes corporaciones de medios sino sobre todo por las plataformas multinacionales que prácticamente no tienen regulación ni tributan en nuestro país”.

Y deja una clara marca por la que se pretende transitar: “Ya no alcanza sólo con defender el salario en paritarias; también tenemos que discutir un esquema en donde seamos partícipes de las ganancias que producimos”.

Por otra parte, Carla Gaudensi, secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), se pregunta: “¿Podemos hablar de que nos encontramos efectivamente ante un auge de la libertad de expresión y del derecho a la comunicación con una población que pueda ahora participar activamente y de forma protagónica en la conversación pública?”.

La respuesta es concreta: “No solo no estamos viviendo un momento de expansión y mayor diversidad de voces, sino que, por el contrario, atravesamos una de las peores etapas en este plano desde la vuelta a la democracia”.

Y agrega como una fuente para ampliar las consultas, el informe sobre libertad de expresión en nuestro país -del año pasado- elaborado por la FATPREN, SiPreBA junto a la Carrera de Comunicación de la UBA y la Federación Internacional de Periodistas.

Gaudensi también pone en valor, y recupera, la experiencia que lleva a cabo Brasil en materia de regulación tras el dictamen del juez de la Corte Suprema de ese país, Alexandre De Moraes, sobre la red social X del magnate Elon Musk para que declarara una sede en el país y diera de baja a usuarios que difundieron desinformación y ataques de odio.

Con el título “El Estado como intermediario (entre plataformas y medios)”, el trabajo también contiene un análisis de regulaciones y proyectos legislativos para establecer condiciones en las relaciones entre medios, plataformas y usuarios. Los autores son Agustín Espada, Santiago Marino, Guillermo Mastrini, Martín Becerra y Ana Bizberg.

Además, el dossier cuenta con la opinión de Noelia Barral Grigera, integrante de Periodistas Argentinas; Samira de Castro, presidenta de la Federación Nacional de Periodistas (Brasil); el Equipo de Investigación Política de Revista Crisis; Yair Cybel y Bianca de Toni integrantes de la Red de Medios Digitales; la Doctora en Letras y analista cultural Natalí Incaminato y la Doctora en Comunicación, Docente e Investigadora Verónica Sforzin.

El futuro ya está acá

Hace unos días se publicaron datos sobre el estado global de lo digital, en el que se señala que a nivel mundial el 62,8 % de los usuarios adultos que utilizan internet afirman que “Encontrar información” es una de las principales razones por la que navegan a diario.

A la vez, que los datos de data.ai indican que ChatGPT todavía encabeza la clasificación de IA, su aplicación móvil ya tiene un promedio de más de un cuarto de mil millones de usuarios activos mensuales entre septiembre y noviembre de 2024.

De acuerdo con los datos de Market Insights, de Statista, muestran que los especialistas en marketing del mundo gastaron cerca de 1,1 billones de dólares en publicidad en 2024, y el gasto global aumentó en 75 mil millones de dólares (un 7,3%) en comparación con los niveles de 2023.

Siempre se planteó que las cuestiones de las redes sociales digitales y las plataformas en el futuro formaban parte del mundo de la incertidumbre. Sin embargo, las actuales tendencias marcan que ese escenario incierto ya está acá. Si a esto se le suma la aparición en tándem de Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg -durante la asunción de Trump-, se impone como una necesidad urgente avanzar con una agenda actual en el desarrollo que se plantee la regulación de las plataformas como respuestas para nuestra sociedad, ya no sólo por una disputa política –y de soberanía- sino también en términos de fortalecer nuestra democracia.