Macri diseña una purga quirúrgica de la cúpula militar

Los lamentos y las acusaciones solapadas no se condicen con el discurso público del jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien sostuvo, entre jueves y viernes, que «no hubo retaceo de información». El mensaje de Peña fue la advertencia política para los jefes de la Marina que precedió al plazo que determinó Macri este viernes, para ir sobre ellos. «Mientras tanto, hasta que no tengamos la información completa, no tenemos que aventurarnos a buscar culpables. Primero  tenemos que tener certidumbre sobre lo que pasó y por qué pasó», dijo el jefe de Estado. La medida se aplicará cuando la crisis naval tenga algún desenlace. 

La purga de uniformados que pronostican dentro de la Casa Rosada no alcanzaría al jefe del Estado Mayor Conjunto, el teniente general del Ejército Bari del Valle Sosa, veterano de la Guerra de Malvinas y uno de los militares de mayor acceso a Macri, que lo designó al frente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas poco después de llegar a la Casa Rosada. Del Valle Sosa tiene entre sus asesores más cercanos dentro de la intrincada familia castrense, al exsecretario general y exjefe de Inteligencia del Ejército, Daniel Reimundes. Se trata del militar retirado que organizó el jueves 20 de mayo de 2004 una cena secreta dentro del Regimiento de Patricios poco después de haber sido extirpado del servicio activo junto con el entonces jefe del arma, Ricardo Brinzoni. Con el respaldo presidencial que tiene sobre sus espaldas, además del discreto apoyo técnico de Reimundes, Del Valle Sosa sería el único mando uniformado que podría sobrevivir a los cambios que el Ejecutivo ya tiene en carpeta, luego de haber reemplazado al exministro de Defensa Julio Martínez por Oscar Aguad. El funcionario cuenta con el respaldo y la confianza de Macri, pero su nombramiento fue acompañado por la designación de Horacio Chighizola al frente de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares. El hombre, que fungió como viceministro de Defensa de Raúl Alfonsín (bajo el mando de Horacio Jaunarena), fue el único colaborador impuesto al nuevo ministro.

El radicalismo controla la cartera de Defensa desde que Macri llegó al poder. «Una de las principales fallas que tuvo Martínez en su cartera fue la baja ejecución presupuestaria de su gestión y los problemas de gestión al frente del Ministerio», confió a este diario una fuente oficial. Tanto Martínez como Aguad no registran antecedentes en materia castrense. 

Chighizola fue puesto en el cargo por un pedido expreso de la Casa Rosada. Macri tiene muy buenas opiniones sobre el desempeño que tuvo al frente del Banco Ciudad cuando fue su presidente a fines de los ’90. El funcionario también fue vicecanciller durante la presidencia de Fernando de la Rúa bajo el mando de Adalberto Rodríguez Giavarini, actual presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, uno de los think tanks en materia diplomática más influyentes sobre la política exterior de Cambiemos.

La conducción de la purga sobre los mandos militares tiene su foco en el almirante Marcelo Eduardo Hipólito Srur, y los jefes de la Marina, pero tendrá su plato principal en el Ejército, con la remoción de Diego Luis Suñer, que mantiene una vieja disputa interna con Del Valle Sosa. 

Los cambios, también legales

En el medio de esas versiones y de la decisión de postergar las remociones hasta que se resuelva la crisis, se conoció la renuncia del contraalmirante Gabriel González, jefe de la base de submarinos de Mar del Plata y titular del Área Naval Atlántica, quien pidió su pase a retiro en medio de las acusaciones del gobierno por las filtraciones sobre la búsqueda del ARA San Juan.

Ante las consultas de este diario, en el gobierno se negaron a proporcionar los posibles reemplazantes de Srur, Suñer y del brigadier Enrique Víctor Amrein, titular de la Fuerza Aérea, aunque las fuentes oficiales reconocieron que las remociones vendrán acompañadas con cambios legales que podrían permitirles a las Fuerzas Armadas una intervención más activa en materia de seguridad interior. Será a partir de la posible derogación del decreto presidencial 727/ 2006, firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner y su ministra Nilda Garré. Esa norma limitó el margen de acción de las tres Fuerzas y definió que «serán empleadas para hacer frente a amenazas de origen externo, entendiendo a estas como Fuerzas Armadas de otros Estados».

El presupuesto para mantenimiento se redujo a la mitad

El ajuste en las partidas presupuestarias del Ministerio de Defensa arroja sombra sobre la rigurosidad con que se encaran las tareas de mantenimiento en las FF AA. Precisamente el rubro Mantenimiento y Producción para la Defensa, al que en 2015 se había asignado un total de 1032 millones de pesos, se redujo en 2017 a la mitad: $ 533.140.000, monto del que al 23 de noviembre, el día en que se confirmó la explosión en el ARA San Juan, había sido ejecutado apenas un 51,2 por ciento.

La unidad ejecutora de esa partida es la Secretaría de Ciencia, Técnica y Producción para la Defensa, creada por el gobierno de Cristina Kirchner en 2013. Con el nuevo gobierno, esa estratégica secretaría quedó a cargo de Héctor Lostri, un funcionario sin conocimiento en el área, denunciado por oscuros negocios inmobiliarios cuando era mano derecha de Daniel Chain en el Ministerio de Desarrollo Urbano porteño, y eyectado del cargo en julio, tras firmar un contrato millonario con la productora de Ignacio Viale del Carril –el nieto de Mirtha Legrand– para remozar la imagen de Fabricaciones Militares.

En abril de este año, poco después de que se filtrara la intención de realizar una millonaria compra de armamento a EE UU, el gobierno reaccionó anunciando un fuerte recorte de «gastos superfluos» en Defensa, por 4154 millones.El grueso del ajuste afectó directamente proyectos industriales y capacidades productivas. A la interrupción del plan de remotorización de los aviones Pucará se agregó la suspensión de la fabricación de la serie II de los radares RPA3LDA II. Hubo recortes de personal en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y en Fabricaciones Militares, y se canceló la inversión en las plantas de pólvora de Azul, Río Tercero y Villa María.

Otra erogación que se decidió suspender entonces fue la reparación del submarino ARA Santa Cruz, presupuestada en $ 20 millones, aunque en su informe en Diputados, Marcos Peña aseguró que finalizará en junio de 2019.

Respecto del rubro «Transportes Navales» de la Armada, el Presupuesto 2018, que ahora seguramente será redefinido, le quita 170 millones de pesos. Este año fue de 292 millones pero sólo se ejecutó un 34,5%, y pasaría a ser de 119.630.000. «