El fin de semana unos 240 presuntos integrantes de la organización Tren de Aragua fueron llevados al penal de máxima seguridad salvadoreño.

«Hoy firmo una serie de comunicaciones dirigidas al secretario general de Naciones Unidas (António Guterres), al Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Volker Türk) y a distintos organismos (…) para que se activen los mecanismos de Derechos Humanos para proteger a los venezolanos«, señaló en una intervención retransmitida por la cadena de televisión estatal VTV.
El mandatario justifica esta decisión en que los migrantes venezolanos están siendo «secuestrados» por la Administración de Donald Trump, que estaría incurriendo en una «violación flagrante de sus derechos». Así, acusa a la autoridades estadounidenses y salvadoreñas de emplear «campos de concentración» en sus territorios para «detener ilegalmente» a los migrantes.
«No puede ser que una persona por ser venezolana sea capturada, secuestrada, sin derecho a la defensa, sin derecho al debido proceso, sin condena, y sea metida en un campo de concentración en Estados Unidos y sea luego enviado a campos de concentración nazis en El Salvador», denunció.
No es el único que rechaza el uso de leyes centenarias de Estados Unidos para expulsar a extranjeros en los que en muchos casos ni siquiera había algún tipo de acusaciones judiciales que hayan servido como argumento.
Maduro, dijo que escribirá a los gobiernos latinoamericanos y preguntó a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, si continuará con «esa crueldad e injusticia (…) para crear campos de concentración y someter a migrantes trabajadores, gente de bien, en cárceles sin juicio, y sin haber cometido ningún delito» en el país. «¿Esto es legal, es justo, es humano, Nayib Bukele?».
Para este martes se anunció una marcha por las calles de Caracas en rechazo a la decisión de Bukele de aceptar a los expulsados sino de la dirigente opositora María corina Machado de no cuestionar a Trump.
El anuncio del presidente venezolano se produce después de que las autoridades de Estados Unidos hayan enviado este fin de semana a 238 miembros del Tren de Aragua a la CECOT, la ‘supercárcel’ de máxima seguridad de El Salvador, amparándose en una ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para expulsar del país a migrantes acusados de terrorismo, y pese a la orden emitida el sábado por un juez federal paralizando las deportaciones de ciudadanos venezolanos.
De hecho, en las últimas horas, el Gobierno venezolano publicó una «alerta» para sus nacionales que tengan previsto viajar al país norteamericano, en la que alude a «un aumento de las medidas arbitrarias de control migratorio y de las políticas de hostigamiento contra venezolanos».
El Ministerio de Exteriores advirtió a sus ciudadanos de que se enfrentan a «detenciones arbitrarias, deportaciones sin causa, confiscación de bienes y documentos, tratos discriminatorios y vejatorios (…) encarcelamientos sin debido proceso y secuestros en cárceles de terceros países, violando claramente los Derechos Humanos».
En un comunicado, la cartera ministerial dirigida por Yván Gil recomendó a los venezolanos residentes en EEUU que extremen «precauciones debido al incremento de incidentes violentos y a la implementación de normativas que restringen derechos fundamentales, lo que podría comprometer su seguridad y bienestar».
La oposición de Venezuela respaldó la decisión de las autoridades estadounidenses de expulsar del país a migrantes acusados de terrorismo, si bien les instó a «extremar las precauciones para evitar una «injusta criminalización» de los migrantes del país latinoamericano.
«Respaldamos las medidas que, en el marco de la ley y del debido proceso, desarrollan los Gobiernos democráticos de Estados Unidos, Chile y demás aliados de la causa por la libertad en Venezuela, para identificar, detener y penalizar a quienes integran o apoyan al Tren de Aragua y otras redes criminales, dependientes o asociadas a Nicolás Maduro«, declararon los líderes opositores Edmundo González y María Corina Machado.
alg con Europa Press
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