Maduro dice haber desarticulado una espiral de violencia

El gobierno venezolano afirma que mediante acciones preventivas logró evitar una masacre y desarmó un golpe de Estado que comenzaría a desarrollarse a partir de la marcha que se llevó a cabo el jueves en Caracas. Según la canciller Delcy Rodríguez ese plan «era la reedición del plan del año 2002», cuando el entonces presidente Hugo Chávez fue separado del poder por una horas y reemplazado por dirigentes empresarios después de una gran marcha opositora.

«Estaban montando un escenario que propiciara, además, la intervención de Venezuela», abundó la ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Nicolás Maduro. 

Previo a la llamada Toma de Caracas, que terminó a la noche con un cacerolazo y la promesa de nuevas manifestaciones, se produjo la detención de dirigentes opositores acusados de tener material explosivo y fueron desmantelados campamentos de grupos paramilitares cerca del palacio presidencial de Miraflores donde, resaltó la funcionaria, hallaron armas de guerra y un fusil con mira telescópica. Entre los detenidos por el Servicio de Bolivariano de Inteligencia (Sebin) figuran los dirigentes políticos Carlos Melo y Yon Goicoechea.

Un reporte del Comando del Palacio Presidencial al que tuvo acceso Tiempo analiza que en la multitudinaria marcha del 1S «la oposición logra una gran movilización, luego de años sin hacerlo. Teniendo el resultado electoral del 6D a cuestas, nadie duda que tengan gente. Pero el chavismo contra muchos pronósticos, realizó actos a casa llena en todo el territorio nacional en días previos y hoy llenó a reventar la joya de la corona, la avenida Bolívar de Caracas». Luego detalla que esas acciones anunciadas el viernes por el gobierno permitieron desactivar «detonantes de violencia» a raíz de lo cual la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) «desvió totalmente el propósito político de su convocatoria. El revocatorio no fue el protagonista. (Las) carreras presidenciales de (Henrique) Capriles y (Henry) Ramos Allup desviaron el sentido de todo, pues ‘protesta’ es distinto a ‘acto político’. Esas peleas internas por el micrófono y discurso final, terminaron por colocar a (el secretario de la MUD, Jesús) Chúo Torrealba en el podio». 

El informe destaca luego que «el desbarajuste del aparataje de violencia previamente montado, desarmó (literalmente) a la MUD. Enviar a la gente a cacerolear a sus casas no agradó a muchos de los seguidores quienes ya tenían meses sometidos a un discurso viral de violencia. A los opositores se les convocó a marchar empleando la glorificación del enfrentamiento, con triunfalismo, con la promesa de la revancha como estímulo, bajo promesas de resultados inmediatos. Al escuchar a Chúo, desarmado,  la decepción se impuso».

El documento de la Sala de Análisis de la presidencia venezolana avizora a continuación que «son altamente probables situaciones violentas dispersas. Seguramente los ‘lugares históricos’ de la derecha en muchas ciudades o sitios emblemáticos de las guarimbas de 2014, vuelvan a ser lugares donde la violencia concurra hoy. Voluntad Popular (el partido del detenido Leopoldo López) es un factor altamente activo en esa segunda agenda».

Y culmina sosteniendo que «la calle como forma de presión no funciona acorde a sus expectativas (de la oposición), menos todavía si están encarrilados a la no violencia una vez que anticipadamente les desactivan sus aparaticos de muerte».  «

Evo endurece la relación con las cooperativas mineras

El asesinato la semana pasada del viceministro de Régimen Interior boliviano, Rodolfo Illanes, a manos de cooperativistas mineros, parece haber colmado el vaso en la relación del gobierno de Evo Morales con ese sector de trabajadores que fueron parte de la base que lo llevó al poder en 2005. Así, el Gabinete en pleno aprobó un paquete de resoluciones que dan un drástico giro a las normas vigentes. 

En primer lugar se anunció que las autoridades van a revertir las concesiones mineras a cooperativas que suscribieron contratos con empresas privadas. Además, se plantea reintegrar al Estado aquellas áreas cedidas a cooperativas que no hayan sido explotadas. Por otro lado, y reafirmando la ley que desencadenó la protesta de los cooperativistas, el gobierno insiste en la obligación de dar los beneficios sociales y laborales que les corresponden a sus trabajadores y a dar información sobre su producción e ingresos. 

Al mismo tiempo se suspenden los aportes estatales a las federaciones municipales, regionales y nacionales y, como broche de oro, se prohíbe el uso de dinamita en protestas.

“El Gabinete hizo una evaluación de la actividad productiva del sector cooperativista minero, experiencia que en muchos casos fue apoyada y fomentada en momentos del neoliberalismo y que ha generado una estructura que privilegiaba y beneficiaba principalmente a sectores privados y una élite cooperativista”, justificó el ministro de Minería, César Navarro. El bárbaro crimen de Illanes se produjo en el marco de protestas contra la ley que permite la sindicalización de los trabajadores de cooperativas que no forman parte de la sociedad. La policía no intervino cuando el funcionario, que había ido a negociar, fue retenido por los manifestantes. Argumentaron que los mineros tenían dinamita, una práctica que convirtió a ese gremio en el motor de las protestas sociales.