Maldonado: la reapertura del caso vuelve a poner el foco sobre Gendarmería

Fue el 29 de noviembre de 2018 cuando el juez Gustavo Lleral se comunicó por teléfono con la madre de Santiago Maldonado para decir: «Estoy siendo extorsionado; apretado para que cierre la causa. Por eso debo hacer esto».

En resumen, el tipo usó en su sentencia unas 263 fojas para explicar que Maldonado se «hundió» por una «sumatoria de incidencias» y que estas, pese a ocurrir durante una represión atroz y desaforada, «no constituyen delito».

Semejante argumentación le permitió a la ministra Patricia Bullrich una zambullida en agua bendita. «La desaparición de Maldonado –dijo entonces– fue una construcción mediática». Y con tono de desquite, agregó: «La verdad le ganó al relato».

Ahora la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia (integrada por Javier Leal de Ibarra, Hebe Corchuelo de Huberman y Aldo Suárez) acaba de reabrir el expediente. En su resolución ordenó que se investiguen las circunstancias del deceso de Santiago, ocurrido en «un contexto de intervención estatal», para «verificar o descartar» cualquier hipótesis delictiva y revocó el sobreseimiento del gendarme Emmanuel Echazú. Además, dispuso el cumplimiento de todas las medidas solicitadas por la querella (negadas oportunamente por Lleral). Y entre otras consideraciones, deslizó que la muerte del artesano pudo haber sido producto de un «abandono de persona».

Estas tres últimas palabras bastaron para que la ministra escribiera en su cuenta de Twitter: «La Cámara ratificó que no hubo desaparición forzada en el caso Maldonado. La verdad fue ratificada por la justicia en dos oportunidades. Ahora se investigará el abandono de persona: los últimos que lo vieron fueron sus compañeros. La verdad es incontrastable».

¿Acaso Bullrich tiene dificultades en la comprensión de textos? Porque la resolución puso otra vez a la Gendarmería en el centro de la causa, habida cuenta de la profusa presencia de uniformados en la orilla del río justo cuando Santiago se ahogaba; su muerte se produjo rodeado de gendarmes. Eso consta en las declaraciones de numerosos testigos (entre ellos, efectivos de esa fuerza de seguridad). Aquella coreografía fue minuciosamente reconstruida –con el detalle de su medición cronológica– en un informe de la Procuración contra la Violencia Institucional (Procuvin) que no fue incorporado al expediente por Lleral ni por la fiscal Silvina Ávila y que resultó ninguneado por el procurador Eduardo Casal. En su letra –junto a la hipótesis del «abandono de persona»– también menciona otras dos posibles escenas: los gendarmes efectuando tiros intimidatorios en torno Santiago mientras se ahogaba o siendo espectadores de tal desenlace a sabiendas de que eso ocurriría. En ambos casos la carátula sería nada menos que «homicidio».

Claro que la pesquisa sobre lo sucedido el 1 de agosto de 2017 en la Pu Lof de Cushamen se extenderá como una enorme mancha venenosa sobre el Ministerio de Seguridad. Los motivos: la falsificación sistemática de hechos y circunstancias con el propósito de encubrir el accionar represivo. Un proceder entre cuyos hitos se destaca la intervención de facto del juzgado interviniente (ocupado al principio por el juez Guido Otranto), el espionaje sobre la familia de Santiago y la difusión constante de versiones que ubicaban a Santiago fuera de Chubut cuando estaba desaparecido, entre otros infundios. Pero el Poder Ejecutivo también patrocinó el borrado de datos telefónicos de los gendarmes y la eliminación del tramo clave de la filmación del operativo. Tales fueron sólo algunas de sus maniobras para entorpecer la investigación.

Sus articuladores civiles tienen nombre y apellido: el jefe de Gabinete ministerial, Pablo Noceti (en su carácter de estratega del ataque, además de haber estado en el escenario del crimen antes, durante y después de la muerte de Santiago), el secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Gonzalo Cané (en su carácter de comisario político de la instrucción judicial, además de propagador de las fake news volcadas al expediente) y el titular del área de Violencia Institucional, Daniel Barberis (encargado de unificar los testimonios de todos los gendarmes que participaron en el operativo).

Dicho trío –al igual que la ministra– sabe que desde el viernes transita una zona de alto riesgo penal.

Es posible que ellos no imaginaran que la puñalada vendría de la mano del camarista Leal de Ibarra, cuyo apellido –al parecer– no le hace honor a sus acciones. Al fin y al cabo ese hombre era uno de los alfiles del oficialismo en el Poder Judicial. Tanto es así que el régimen macrista le había conferido una gran responsabilidad: dirigir –junto a su colega, Martín Irurzun– la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos del Poder Judicial, bajo cuya ala está el Departamento de Captación de Comunicaciones, a cargo del monopolio de las escuchas telefónicas. Y en el sur patagónico era una suerte de protector de los intereses tribunalicios del gobierno.

Pero «pasaron cosas». En este caso, el vertiginoso reposicionamiento de ciertos magistrados tras el resultado de las PASO.

Irurzun, por ejemplo, atraviesa el mismo camino. Habiendo sido el autor de la doctrina que establece prisiones preventivas de manera automática para ex funcionarios kirchneristas, además de ser una de las espadas judiciales más refulgentes de la alianza Cambiemos, acaba de respaldar –desde la influyente Cámara Federal porteña– la pesquisa por presuntos delitos de «administración y negocios incompatibles con la función pública» en el expediente sobre la deuda que la familia Macri mantiene con el Estado por el Correo Argentino.

En tanto, muy ofuscada con la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia por su reciente resolución, Bullrich no dudó en fustigar a sus integrantes y a la familia de Santiago, no sin esgrimir el siguiente remate: «Los miembros de las fuerzas también tienen derechos humanos». «