La profesional explicó que el Sistema Penal Juvenil carece de agentes y recursos. Sostuvo también que se deben aplicar estrategias de prevención.
Cabe destacar que la actual y vigente Ley es un decreto que fue elaborado y aplicado durante la última dictadura cívico-militar, en 1980. Los represores ya habían bajado la edad de la punibilidad a los 14 años. Sin embargo, la tuvieron que poner de nuevo en 16, porque les resultaba insostenible y contraproducente por distintos motivos.
La propuesta del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, busca establecer -entre otras cosas- una admisión de penas de hasta 20 años de prisión. Si el proyecto es aprobado por el sistema bicameral, se produciría un cambio regresivo en la Justicia Penal Juvenil de Argentina.
«Hay varios proyectos. Es necesario reformar la Ley 22.278, pero no con eje en la baja de la edad, sino para ver quienes son captados por la justicia penal, el foco tiene que estar puesto en cómo prevenir y atender estas situaciones», explicó Velurtas, a Tiempo.
Y completó: «Deben poner énfasis en estrategias alternativas, restaurativas que permitan afrontar los daños y problemas que emergen cuando suceden los hechos considerados delitos. No solo con los ofensores sino también con los damnificados y víctimas».
La trabajadora social continuó relatando. «El título regresivo tiene que ver con la llamada ‘baja de la edad de la edad de la punibilidad’, con la extensión de las sanciones y el poco lugar que se asigna a las estrategias que aborden estos conflictos de manera integral».
En esta línea, «el proyecto del oficialismo no es superador», consideró Velurtas. Y agregó. «La misma figura del supervisor y la escasa alusión a los equipos interdisciplinarios que ya existen son una muestra de menos avance en términos de las orientaciones de la Convención de Derechos del Niño, que el país suscribió hace ya bastantes años».
Velurtas siguió detallando: «El proyecto que debaten en Diputados está centrado en la penalidad. Hay distintos proyectos, no todos opinan de la misma manera. Pero hay un clima de época que no lee las estadísticas, sino que está preocupado por respuestas a modo de golpes de efecto, no de pensar y reflexionar sobre estos temas que son tan complejos».
«Los medios de comunicación podrían ampliar las miradas, pero en general acompañan los discursos de aquellas personas con quienes tienen afinidad y no toman en cuenta los datos. Deberían hacer consultas a personas con alguna trayectoria en la materia», recomendó la profesional. «El 70% de los adolescentes no vuelven a reincidir«, apuntó.
También sostuvo que «por el momento este debate no modificó nada… Hay que esperar los resultados de las dos cámaras -diputados y senadores- para ver cómo se dirime toda esta propuesta que firman los miembros de las comisiones que participan».
La profesional recomendó: «Para empezar, antes de pensar en ingresar más personas al sistema de privación de libertad hay que analizar qué pasa con las personas que pasan por ahí. Cómo funcionan y qué producen».
«Después, si consideramos que son problemas complejos, debemos pensar en cómo se entraban los sistemas de protección de infancias y adolescencia, qué recursos tienen para mejorar la atención de estos adolescentes. Es difícil, porque en este punto hay una precarización de los agentes y de los recursos», señaló la trabajadora social.
Continuó relatando, «después hay que pensar cómo la justicia se especializa y da un tratamiento rápido y eficaz para adolescentes, si logra que resulte un proceso socioeducativo. Eso tiene que ver con integrar la interdisciplina a la justicia».
Y concluyó: «También deberían ampliar las prácticas llamadas alternativas, justicia restaurativa y mediación, entre otras. Para evitar el circuito penal e incorporar otras modalidades de atención para los conflictos».
Ley Penal Juvenil: «El 70% de los chicos no vuelven a reincidir»
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