Marcha atrás del gobierno en Caracas y del Mercosur en Buenos Aires

En menos de 24 horas, la intervención de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, desactivó una decisión del Tribunal Supremo de Justicia arrogándose funciones legislativas, con el simple expediente de decir que, como planteaban en fila los sectores opositores y la derecha internacional pero también muchos dentro del chavismo, esa medida atentaba contra la Constitución.

Lo que vino después aceleró un trámite que se percibía intrincado: el Consejo de la Defensa de Venezuela, encabezado por el presidente Nicolás Maduro –sin la presencia de Ortega Díaz ni del presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges– determinó que el polémico fallo debería volver atrás, cosa que el TSJ cumplió de inmediato. Así, los cancilleres de los países fundantes del Mercosur, convocados de urgencia a Buenos Aires, también recularon en lo que apuntaba a la aplicación de alguna sanción grave contra Venezuela, ya suspendida por la adecuación de normativas burocráticas para la incorporación plena al organismo regional.

Las controvertidas decisiones numeradas como 155 y 156 del TSJ se referían a dos cuestiones concretas. Una quitaba la inmunidad legal a los integrantes de la Asamblea Nacional, la otra derivaba en el propio tribunal funciones legislativas reconocidas para el Parlamento. Desde el oficialismo defendieron esta medida como un modo de garantizar la gobernabilidad en el marco de un continuo hostigamiento de la Asamblea, dominada por la oposición, que bloquea cualquier intento de encauzar la difícil situación económica por la que atraviesa el país.

La diputada Tania Díaz, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la agrupación política creada por Hugo Chávez, recordó en un reportaje al programa Ida y Vuelta, de Radio Cooperativa, que «el 9 de enero la Asamblea Nacional decretó el abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro, un acuerdo aprobado solo que no hubo escándalo ni denuncia de golpe de Estado, porque los medios están alineados a los grandes capitales que quieren venir a apropiarse de la renta petrolera».
Para explicar cómo se llegó hasta acá se debe señalar que la Asamblea se negaba a aprobar la posibilidad de que el gobierno constituyera empresas petroleras mixtas, una forma de obtener recursos mediante PDVSA ante la baja de ingresos por los valores del casi exclusivo producto de exportación del país. La sentencia 156 de la Sala Constitucional del TSJ le daba esa facultad al Ejecutivo sin pasar por el Legislativo.

El enfrentamiento entre la Asamblea y el Palacio Miraflores se hizo habitual desde que la oposición nucleada en la Mesa de la Unidad Democrática, (MUD) ganó las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015. El triunfo fue abrumador pero generó una controversia ya que la elección de tres diputados de la región amazónica fue impugnada por el TSJ a raíz de denuncias de fraude. Esas tres bancas le permitían a la MUD contar con más del 66% de los curules, lo que daría pie incluso a una reforma constitucional.

La Asamblea, decidida a capitalizar el resultado de las urnas, de todas maneras les tomó juramento. Las diferencias se fueron acentuando y de poco sirvió la intervención del Papa Francisco, que envió a un representante para abrir una mesa de diálogo con participación de expresidentes de varios países. La oposición quería un referéndum revocatorio que el gobierno fue demorando a la espera de mejores momentos políticos.

A esta altura, los gobiernos derechistas regionales apuraban definiciones contra Venezuela para consolidar sus políticas neoliberales y así fue que en el Mercosur, los gobiernos de Argentina, el golpista de Brasil y el de Paraguay forzaron a retirarle la presidencia pro témpore a pesar de que Uruguay había planteado su voluntad de seguir las normativas en vigencia.

Por otro lado, un uruguayo que había sido canciller del Frente Amplio, Luis Almagro, comenzó a desplegar desde la OEA una ofensiva antichavista que lo llevó a ganarse la enemistad de líderes de su propia agrupación, como el expresidente José Mujica. El crecimiento de la OEA desde el oriental que llegó a la Secretaría es paralelo al «ninguneo» que sufre Unasur, la creación de Chávez que impulsa una salida negociada para la crisis.
En los primeros días de este año la MUD dio por terminado el diálogo y decretó el abandono del cargo de Maduro. El TSJ respondió declarando en desacato a la Asamblea ya que la Carta Magna no contempla el impeachment.

«Desde que la oposición ganó, la Asamblea Nacional ha desconocido a los demás poderes y se niega a acatar la última palabra en materia de ordenamiento jurídico que garantiza el cumplimiento de la Constitución», sostuvo la diputada Díaz, que hace hincapié en que el Parlamento no hizo nada para investigar el fraude que rodea la elección de los tres diputados amazónicos.

¿Cómo sigue la historia? Por el momento, los países del Mercosur pidieron garantizar la independencia de los poderes y el sistema democrático en Venezuela. «Estamos abogando porque se cumpla el cronograma electoral, para las elecciones a gobernadores, que fueron postergadas en 2016, a autoridades comunales previstas para 2017, y a las presidenciales de 2018», dijo ayer la canciller argentina, Susana Malcorra. Habrá que ver qué hace Almagro, que la semana pasada no logró consenso para imponer a aquel país la cláusula democrática del organismo regional con sede en Washington. «

www.lopezgirondo.com.ar