Marcha de la enfermería: “La justicia y el gobierno porteño actúan en conjunto y vacían la salud pública”

Nuevamente la plaza de la República se vistió de blanco. Una vez más, las inmediaciones del Obelisco fueron epicentro de otra jornada de lucha de cientos de trabajadores y trabajadoras de la salud, que concentraron pasadas las 12, para luego movilizar hacia Hipólito Yrigoyen 932, donde se encuentra la cámara de apelaciones y la fiscalía porteña.

La jornada de protesta fue para repudiar un dictamen firmado por Nidia Karina Cícero, fiscal de Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, que recomendó a la justicia que falle en contra de los trabajadores de enfermería del distrito y que no los reconozcan como profesionales de la salud. De esta manera, la fiscal, le pide a la cámara de apelaciones que desobedezca un fallo de la jueza López Vergara, que ordenó a la administración porteña, a incluir a la carrera profesional a los trabajadores de enfermería en noviembre pasado.

De la jornada de protesta participaron todos los gremios vinculados a la salud, salvo el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la CABA (Sutecba) y la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), ambos acusados de «cogobernar» con el gobierno de Rodríguez Larreta y de jugar en contra de los intereses de los profesionales de la salud. Acusan a la fiscal Cícero de responder abiertamente al ejecutivo porteño: “No es la primera ni la última vez que lo hace”, afirman.

“Claramente la justicia de Larreta está en contra de la salud pública y sus trabajadores, en complicidad con el gobierno porteño y con el gremio mayoritario Sutecba, que nos viven postergando el reconocimiento como profesionales y nos condenan a estar en el escalafón general, con salarios que están por debajo de la línea de pobreza”, explica a Tiempo la enfermera de terapia intensiva del Hospital Fernández, Luciana Franco, mientras despliega una bandera de su gremio ALE, Asociación de Licenciados en Enfermería.

Tras varios años de reclamos para ser reconocidos como profesionales de la salud, alrededor de 6000 del sector, advierten que profundizarán la lucha y las medidas de fuerzas, y de no ser favorecidos en sus reivindicaciones, organizarán un plan de lucha conjunto entre todos los gremios del sector.

“La justicia es totalmente funcional al gobierno, y le cuida a Larreta el presupuesto para que pueda hacer campaña electoral. En CABA no existe la división de poderes y eso atenta contra los trabajadores. Esto mismo haría Larreta en el país si llega a la presidencia”, denuncia la titular de ALE, Andrea Ramírez, que trabaja como enfermera en el Hospital Ramos Mejía.

“Esta marcha hacia la fiscalía es para repudiar el dictamen de Cícero que niega nuestro trabajo como profesionales y se niega a equiparar todos nuestros derechos. Esta fiscal es del riñón de Larreta y no es la primera ni la última vez que responde abiertamente a Larreta”, agrega Ramírez y termina: “En su dictamen expuso los mismos argumentos del gobierno de la Ciudad, para recomendarle a la cámara, que falle en contra de nuestro amparo, y que fallen en sintonía con la apelación de Larreta”.

La fiscal Cícero argumenta en su dictamen que, equiparar a la enfermería con las demás profesiones de la salud, sería “dividirla”, es decir perjudicarla.  Por otro lado, esboza que la decisión de dejar afuera de Ley 6035 en 2018, a los trabajadores y trabajadoras de enfermería, la votaron la mayoría de los legisladores de CABA y que por eso es democrática.

Además, legitima la discriminación al y expresa que es legal porque la decisión fue avalada por SUTECBA y UPCN que son los “representantes”, del sector. “Lo más grave es que, de fondo”, afirma la Asociación ALE, “confiesa los intereses que defiende: dice que equiparar salarialmente a la enfermería perjudicaría el presupuesto de CABA”.

Otro de los gremios que participó de la movilización fue el SITRE, Sindicato de trabajadores de Enfermería. Al llegar a las puertas de la fiscalía, los trabajadores realizaron un ruidazo contra la fiscal Cícero. “Es una vergüenza y estamos con mucha bronca e indignación, porque que una fiscal de la Ciudad que tiene que obrar para proteger la seguridad de las personas y trabajadores, termina firmando una resolución que puede atentar claramente contra los porteños porque la inclusión a la carrera profesional, mejore notablemente la calidad de la salud pública”, explica a Tiempo Cristian Acosta, integrante del SITRE.

Para el licenciado en enfermería del Hospital Ramos Mejía, reconocer a miles de trabajadores del sector como profesionales de la salud, no solo es garantizar un sueldo digno, “sino mejorar la atención sanitaria con enfermeros bien pagos, más descansados porque no tienen que tener tres o cuatro trabajaos para sobrevivir, y con tiempo para seguir formándonos. Todo esto impacta directamente en la calidad del sistema de salud. Está claro que con esta resolución, la justicia y el gobierno porteño quieren vaciar la salud pública”.

La movilización de esta jornada mostró unidad, y se vio reflejada con la participación de varios sectores sindicales entre ellos ATE CABA y la rama Nacional. “Con su dictamen la fiscal quiere nivelar hacia abajo, de la misma forma que lo hace la Ciudad de Buenos Aires desde su gestión: nivela constantemente a todos los trabajadores hacia abajo, con salarios miseria, precarizados y con pésimas condiciones laborales. A eso se le suma vaciamiento y falta de inversión en todos los hospitales públicos”, enumera a este medio Gastón Kalniker, delegado de ATE del hospital Durand.

En el mismo sentido Héctor Ortiz,  delegado de Ate Hospitales porteños, consideró que “la fiscal Cícero es otro peón de Larreta porque opina y argumenta lo mismo que el gobierno porteño. Nosotros exigimos una justicia independiente en la Ciudad”. Al ser consultado sobre cómo seguirá la protesta, el líder sindical afirmó: “Vamos a seguir profundizando la lucha y de no ser escuchados, entre todos los gremios armaremos un plan de lucha”.

Fiscales adeptos a Larreta

Al igual que Celsa Ramírez, la fiscal que responde al aparato macrista en la Ciudad, la administración de Larreta tiene en su haber varios funcionarios y funcionarias judiciales que responden abiertamente, y en varias ocasiones, a las políticas que lleva adelante el jefe de gobierno.

En abril de 2021, Nidia Cícero, dictaminó en el marco de una acción iniciada para mantener la presencialidad en las escuelas porteñas y se pronunció en favor de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), emita una resolución en favor de las clases presenciales en medio de la pandemia y la emergencia sanitaria provocada por el COVID. La causa llegó a consideración de la fiscal, luego de la vista que le corrió la Cámara de Apelaciones por la sentencia del juez Marcelo Segón que rechazó expedirse en la acción judicial por las clases presenciales.

La fiscal Cícero consideró al confinamiento de estudiantes porteños como “un agravio a intereses de tipo colectivo en un tema de máxima relevancia social” y sostuvo que existen “suficientes motivos” para que el tribunal trate el asunto y dicte una cautelar favorable a la presencialidad.

Esta decisión, la del tribunal superior, conjuntamente a la resolución de la Corte Suprema de Justicia, habilitaron la presencialidad en escuelas porteñas en medio de la pandemia. El saldo fue más de treinta docentes porteños que murieron en actividad como consecuencia de haber contraído el virus.