El juez Nardiello ordenó procesar al líder de la patota que atacó a Tiempo Argentino por presentar un documento en el Consejo de Ciencias Económicas con una firma apócrifa para beneficiar a un firma supuestamente dedicada a la fabricación textil.
La magnitud de la maniobra está en consonancia con el embargo: 15 mil pesos. Algo así como que Pablo Escobar Gaviria fuera procesado por vender dos cigarrillos de marihuana en una esquina del barrio porteño de Villa Lugano. En ese caso habría que evaluar si fue realmente el poderoso personaje que dijo ser o apenas un imbécil o algo peor: un mitómano, vulgarmente denominado chanta.
Prófugo de la Justicia argentina por asociación ilícita y lavado de activos, Martínez Rojas fue procesado en otro expediente en el que está acusado de haber utilizado un documento con una firma falsa de un contador para beneficiar impositivamente a una de sus empresas.
El juez penal de instrucción Ángel Gabriel Nardiello dispuso el procesamiento por el delito de uso de documento privado falso, un delito considerado menor en el Código Penal pues contempla penas de entre seis meses y dos años de prisión, es decir que aún en caso de condena podría ser de cumplimiento condicional.
Martínez Rojas fue procesado por haber adulterado los estados contables de la firma Ichi SRL, que según las consultoras de riesgo empresario que circulan por internet tiene un giro comercial de entre medio y un millón de pesos anuales, entre uno y cinco empleados, opera desde hace menos de un lustro pero no registra un domicilio físico en el que exista un establecimiento fabril. En la dirección registrada en el barrio de Flores, según Google Maps, hay una casa particular, un chalet pequeño junto a otro casi simétrico.
La causa se inició a raíz de la denuncia del contador Enrique Darío Shaferstein, advertido por la entidad que los nuclea sobre la existencia de un documento con su firma que, finalmente, se reveló apócrifa.
Martínez Rojas no está acusado de haber fraguado él la firma del contador. Pero sí de haberse beneficiado con esa falsificación, realizada por un desconocido para la Justicia.
Si bien no adulteró el documento, no quedan dudas de que sí utilizó el mismo, ya que a través del cadete de su empresa, y a sabiendas de su falsedad, intentó éste fuera legalizado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
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