Más de 20 organizaciones piqueteras intentarán cortar el Puente Pueyrredón este viernes

Las organizaciones del Frente de Lucha Piquetero retoman la iniciativa y buscarán cortar el Puente Pueyrredón este viernes 6 de septiembre, desafiando nuevamente el protocolo que promueve la minsitra de Seguridad Patricia Bullrich. Ese bloque de organizaciones, liderado por el Polo Obrero, concentra sus reclamos en tres reivindicaciones.

Los reclamos

La primera de ellas es la “restitución de la comida para los comedores populares”, luego ratifican el reclamo de “aumento de los programas sociales y la apertura para los que los necesitan”. Finalmente exigen “el cese de la persecución y represión a las luchas de los trabajadores”.

Es que, desde la asunción de este gobierno los suministros a los comedores populares se han visto interrumpidos con relación a los ya acotados del gobierno anterior y el previo. Pero además, la crisis de los comedores (acompañada por  la retención indebida de alimentos por parte del ministerio de Capital Humano), derivó en una judicialización de los dirigentes de las organizaciones sociales a quienes la justicia investiga por supuesta malversación de fondos.

Las organizaciones aseguran que, por el contrario, son ellas las que deben aportar fondos propios para la puesta en pie de comedores y garantizar la logística para su distribución. Así lo reconoce un relevamiento realizado por el propio ministerio conducido por Sandra Petovello que indica que el 36% de los fondos de los comedores y merenderos surge del autofinanciamiento que resulta la principal fuente de financiamiento.

Menos plata para menos gente

A la vez, mediante el desenganche de los Potenciar Trabajo con la evolución del salario mínimo los beneficios quedaron congelados en los $78 mil que percibían en diciembre los más de 1,2 millones de beneficiarios. De esa forma y con el ajuste sobre los beneficiarios, según estimaciones de este medio, el gobierno podría licuar cerca de $ 2 billones durante todo el año equivalentes a U$S 1.900 millones. Pero las organizaciones, cuyos dirigentes fueron indagados por supuesta extorsión para exigir a los beneficiarios que participen de las marchas bajo amenaza de dar de “baja el plan”, además, reclaman la universalización de los beneficios que de esa manera pondría fin a la cuestionada intermediación de las organizaciones que, por otro lado, no tienen potestad de discontinuar el beneficio. Es que, más allá del millón doscientos mil titulares, existen más de 2,5 millones de inscriptos en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP).

La convocatoria

Las organizaciones definieron la acción en virtud de que la “UNICEF alertó que hay más de un millón de pibes y pibas que no cenan en sus casas, lo que supone que sus padres tampoco, esto hace que tres millones de personas no hacen una de las comidas fundamentales”.

Además, en un comunicado, cuestionaron los datos oficiales de desempleo. Allí señalan que “la desocupación es mucho más alta que lo que dicen las estadísticas oficiales, que sostienen que, si una persona trabajo de algo un día, o cobra un plan social, o junta latitas ¡no está desocupada!”.

A la vez aseguran que “también hay hambre porque los salarios son miserables y muchos trabajadores acuden a comedores populares, que cerraron o redujeron su oferta de alimentos porque Millei y Pettovello dejaron de enviar alimentos ¡HACE 9 MESES!”

Las organizaciones justifican la medida porque “en nueve meses el gobierno de (Javier) Milei arrasó con los derechos de la niñez, los abuelos, los trabajadores y la juventud” arrojando como resultado que “el 52 % de la población está en la línea de pobreza, y más de 8 millones de personas son indigentes”.

Por último aseguran que el gobierno “quiere destruir la ayuda social con el objetivo de desmoralizar a los trabajadores y desarticular  las organizaciones que luchamos contra todos los gobiernos ajustadores y somos, y hemos sido, un dique de contención contra el avance de la delincuencia organizada y el narcotráfico en los barrios”. Con todo, vaticinan, “es sólo el comienzo de un derrumbe social y económico para los trabajadores y el país”.

Por eso, denuncian, “esta política de ataque a los trabajadores del gobierno, con el apoyo del poder judicial, ha lanzado una cacería y persecución contra organizaciones y dirigentes  sociales para impedir que nos organicemos y luchemos contra este plan de hambre y entrega”. Por último reclaman a la CGT y las CTA “un plan de lucha progresivo hasta la huelga” para “derrotar el plan criminal de Milei”.