Además, crece la cantidad de detenciones ilegales.
Hace casi dos años, Amnistía Internacional Argentina (AIA), con la asistencia de distintos organismos, encabezó la tarea de enumerar estos conflictos. Los 212 casos, que figuran hoy en su web oficial, están tipificados en conflictos territoriales (122); ambientales (40); violentos (24); desalojos (1); personería jurídica (7); criminalización (2). Algunos comparten varias categorías.
La directora de Promoción y Protección de Derechos Humanos de AIA, Paola García Rey, aclara que no está pensado como un mapa exhaustivo, pero sí es una herramienta que ayuda para saber qué pasa con la agenda de los pueblos originarios.
Este tema fue abandonado por todas las administraciones. Todos los gobiernos demostraron una persistente falta de voluntad en traducir las normas de la Constitución Nacional, agrega García Rey, quien hace una salvedad de lo que ocurre desde hace dos años: Históricamente, los líderes indígenas tenían una cantidad importante de denuncias, pero solían archivarse o caerse. Ahora, las causas son motorizadas y avanzan con cierta connivencia judicial y política. Hay muchas detenciones ilegales.
Tal es el caso de Agustín Santillán, referente de la comunidad wichí de Ingeniero Juárez, en Formosa, quien está preso desde el 14 de abril imputado en más de 20 causas penales por intimidación pública, instigación a cometer delitos, asociación ilícita, amenazas, lesiones, agresión y usurpación.
Las razones de tanta persecución son las mismas de siempre: el reclamo por el derecho al territorio, a la salud, a la educación, al trabajo o al acceso al agua potable.
La abogada Silvina Ramírez, del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra, puntualiza que los conflictos se han ido agudizando con el paso del tiempo. No sólo en la Patagonia sino en toda la Argentina.
Ramírez explica que las comunidades mapuches se convirtieron hoy en el enemigo público número uno gracias a la idea equivocada de que pretenden la fragmentación o la disociación en un nuevo Estado, cuando lo que demandan es respeto a sus derechos y la construcción de una nación mapuche compatible con la idea de un sólo Estado.
El presidente de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena, Rodrigo Sola, argumenta que existe un marco jurídico propicio en la actualidad, que de aplicarse, evitaría la sucesión de conflictos en territorios indígenas y el recrudecimiento de la violencia para intentar encauzarlos.
Sola se refiere a la Ley 26.160, sancionada en 2006, que establece que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas realice un relevamiento técnico-jurídico-catastral de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas y que se suspendan los desalojos. Por el momento, se registraron 1532 comunidades, de las cuáles fueron relevadas 759. Sin embargo, sólo 459 cuentan con resolución.
Esta norma vence en noviembre y si bien se viene prorrogando periódicamente, decenas de organizaciones sociales y jurídicas advirtieron esta semana la demora por parte del Congreso en revalidarla. Según coinciden es un reflejo de la poca voluntad política en resolver estos conflictos. «
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