Más de 70 jueces participaron de una jornada sobre “debida diligencia y violencia doméstica contra las mujeres”

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), a través de la Oficina de la Mujer (OM), organizó una jornada sobre “Estándares de debida diligencia y violencia doméstica”, de la que participaron magistrados de fueros nacionales.

El encuentro fue organizado por la OM y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), “como parte del compromiso asumido por el Estado Argentino debido al deficiente tratamiento dado al caso de la señora Olga Díaz, víctima de violencia de género”, informó prensa de la Corte.

La actividad, con la asistencia de 70 magistrados de los fueros nacionales civil y en lo criminal y correccional, se desarrolló el jueves en la sala de audiencias de la Corte, en el Palacio de Justicia, y fue encabezada por María Isabel Benavente y Julio Marcelo Lucini, respectivos presidentes de esas cámaras.

Al inicio, funcionarias de la OM expusieron sobre los “estándares de debida diligencia en materia de violencia doméstica contra las mujeres” y luego, bajo el título “Estrategias de abordaje para avanzar en la garantía de acceso a justicia”, disertaron para los jueces Natalia Gherardi y Zoe Verón, de ELA.

«Que nunca más una mujer vuelva a pasar esto»

Previo a esa actividad, Díaz -junto a su hija- mantuvo una reunión con el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, en el Salón de Embajadores del Palacio, en la que también participaron Raquel Asensio, por la Defensoría General de la Nación (DGN) y la responsable de la OM, María Delia Castañares.

Al cierre de la actividad, Díaz expresó su deseo de que «nunca más vuelva a pasar esto, que exista una denuncia que no sea atendida como corresponde». También «destacó el trabajo de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) y de la DGN por el acompañamiento realizado en su causa», consignó el documento.

Agregó que “la OM cumplimentó las obligaciones asumidas” consistentes en “brindar capacitación sobre debida diligencia reforzado para prevenir, investigar y sancionar la violencia de género”, y la elaboración de un documento titulado “Principios generales de actuación en casos de violencia doméstica contra las mujeres para la adecuada implementación de la Ley 26485”, que fue difundido en todo el país.

El documento de prensa recordó que “muchas fueron las respuestas reparatorias implementadas por el Poder Judicial de la Nación en el fuero civil a partir del caso Olga Díaz”.

Sobre tal punto indicó que “durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio se prorrogaron las medidas cautelares judicialmente decretadas de exclusión del hogar, prohibición de acercamiento y contacto, perímetros de exclusión, otorgamiento de dispositivos (DAMA, botón antipánico, tobilleras, etc.) y/o cualquier otra que se vincule con la protección de las personas”.

Además, con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires se articularon acciones para “maximizar los dispositivos de monitoreo electrónico (botones antipánico o tobilleras), siempre respetando la decisión de la víctima” y “se implementó la notificación virtual” de los juzgados a la fuerza de seguridad en casos de violencia de género.

El caso de Olga Díaz

El 24 de marzo de 2017 Díaz sufrió un intento de femicidio por parte de su ex pareja, Luis Rolando Palavecino, quien fue condenado por ese hecho a la pena de 20 años de prisión.

Sin embargo, antes la mujer había realizado una denuncia ante la OVD que dio intervención a las justicias civil y penal, sin que se adoptaran medidas de protección de manera oportuna y efectiva para prevenir el hecho.

Ante esa situación, Díaz realizó una presentación ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, en la que se invocó la violación de artículos de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Entonces, el Estado argentino inició un proceso de diálogo multisectorial y con la participación de distintos organismos oficiales, que culminó en un Acuerdo de solución amistosa, que fue aprobado mediante el Decreto 679/2020, del 17 de agosto de 2020.