Más de medio millón de personas colmarán el miércoles el Congreso y la Plaza de Mayo en la marcha de la CGT

La conducción de la CGT ratificó la movilización que se realizará este miércoles desde el Obelisco hasta el Congreso. Con matices, las distintas corrientes que forman parte de la conducción participarán bajo el lema «Primero la Patria» propuesto por el sector liderado por Héctor Daer.

Para ultimar detalles, se reunieron el viernes junto con las organizaciones sociales afines al oficialismo que, en las últimas semanas, se mostraron críticas con el rumbo económico adoptado primero por la efímera ministra Silvina Batakis y luego profundizado por Sergio Massa.

Para los organizadores, la convocatoria oficial podría involucrar a medio millón de trabajadores que, según el documento que leerán, será un llamado de atención para «toda la dirigencia política». La CTA de los Trabajadores, liderada por Hugo Yasky, confirmó su participación.

Del otro lado, los sindicatos no alineados con la conducción marcharán a la Plaza de Mayo junto con las organizaciones sociales agrupadas en la Unidad Piquetera y referenciadas con la izquierda. La mira allí estará puesta en el gobierno a quien juzgan responsable de la escalada inflacionaria y la degradación de las condiciones de vida de la población. El foco también estará puesto en la conducción de la CGT, a la que reclaman un paro nacional y un plan de lucha y señalan como cómplice del ajuste en marcha. Por el poder de movilización de las organizaciones piqueteras se espera que allí participen más de cien mil personas.

Quienes ya confirmaron que no serán de la partida son, por un lado, la CTA Autónoma liderada desde el miércoles por Hugo «Cachorro» Godoy que anunció una jornada de movilización y cortes para el jueves 18, y los gremios del transporte de la UGATT (Transporte). Se trata del sector liderado por Omar Maturano del sindicato de maquinistas de La Fraternidad y Roberto Fernández de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Mediante un comunicado, señalaron que «ante la desesperación de nuestro pueblo y la voluntad de los funcionarios que asumen las responsabilidad, decidimos aguardar un momento».

En el mismo texto, titulado «Con esperanza, no marchamos», aseguran que las «tres fracciones» que conducen la CGT no los representan y, curiosamente, sitúan la movilización contra los formadores de precios contraria a la doctrina del peronismo por alentar la «lucha de clases» y no la «armonización entre trabajo y capital».

Contradictoriamente concluyen asegurando que se encuentran «atentos y vigilantes» para eventualmente «accionar la movilización total».

Ambos dirigentes se distanciaron de la CGT luego de su intento de resistir el avance del moyanismo en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y de la llegada de Pablo Moyano al triunvirato. Entonces decidieron fracturar la federación y refundar la UGATT para la cual aspiran a una mayor visibilidad y reconocimiento oficial. Su deserción no afectará sensiblemente la movilización como sí lo haría en caso de tratarse de un paro general.

Diferencias: forma y fondo

Entre quienes sí movilizarán al Congreso existen matices pero tienen en común un punto estratégico: la decisión de orientar la marcha al Congreso busca evitar que se dirija contra el gobierno o contra su política económica. El sector mayoritario de la CGT concibe la movilización como un desahogo para canalizar la bronca contra «toda la clase política» tal como señaló Héctor Daer o, lo que resulta lo mismo, en palabras del secretario adjunto, Andrés Rodríguez, «contra nadie». El bloque liderado por Pablo Moyano pretendió orientar la macha contra los «formadores de precios» y, por eso, propuso manifestarse frente a la Unión Industrial.

Sin embargo, allí también existen fisuras toda vez que el documento del FreSiMoNa, que incluye a Pablo Moyano, elude definiciones que sí existen dentro del documento de la Corriente Federal de los Trabajadores del sindicalismo kirchnerista en el que, dicen, «consideramos imprescindible la revisión integral» del acuerdo con el FMI. Caso contrario, aseguran, el gobierno «permanecerá atado de manos para desacelerar el proceso inflacionario».

Allí también bregan para que el Estado «recupere en plenitud su rol de control y planifiación de la economía especialmente en lo que respecta al comercio exterior y el sistema financiero», una suerte de referencia a los programas históricos de La Falda y Huerta Grande de la CGT que, más de fondo, planteaban la nacionalización del comercio exterior y la banca.

Más de fondo es la delimitación que la Unidad Piquetera y el Plenario del Sindicalismo Combativo buscarán exhibir en la Plaza de Mayo. En su documento aseguran que «los anuncios de Sergio Massa fueron claros, seguir implementando el ajuste contra el pueblo y garantizar los pagos de la deuda externa. Todas medidas para aumentar las ganancias patronales. Para los trabajadores sólo más ajuste y tarifazos». Allí exigen «un paro general y plan de lucha».

Más allá de los matices y las diferencias de fondo y de las intenciones de cada uno de los sectores, lo cierto es que el deterioro de las condiciones económicas y sociales se reflejará en más de medio millón de trabajadores en la calle por primera vez desde que este gobierno asumió en diciembre de 2019.

Desplante

Sergio Massa anunció como parte de su «hoja de ruta» la convocatoria a una reunión con la CGT y la UIA el jueves para definir un mecanismo de mejora de los salarios del sector privado. Alberto Fernández la confirmó. Sin embargo ni unos ni otros recibieron la invitación. Una oportunidad perdida.

Vuelven las «cláusulas gatillo»

Días antes de que se conociera la inflación de julio que alcanzó un 7,4% la Utedyc que agrupa a los trabajadores de entidades sociales y deportivas selló, en el marco de su revisión, un nuevo acuerdo paritario que llevó el incremento anual hasta el 72%. Sin embargo, en una de sus ramas, logró incluir una cláusula gatillo que habían sido discontinuadas luego de ser utilizadas en 2015 y en 2017. Se trata de un mecanismo de indexación automática de los salarios según el Indice de Precios al Consumidor. En este caso, la misma se activará en el mes de enero de 2023 cuando se ajustarán los haberes acordes a la inflación.

Un acuerdo similar había conseguido el sindicato que representa a los trabajadores de tráfico aéreo, Atepsa, que firmó un primer acuerdo trimestral en el que se explicitó que cada uno de los trimestres subsiguientes garantizaría un piso de subas acordes a la inflación. La patronal estatal, sin embargo, dilata su cumplimiento motivo por el cual el gremio ya anunció un nuevo plan de lucha.