Más del 82% de las infracciones graves en CABA no se cobraron por “falta de personal”

Si bien la decisión política de desmantelar diferentes sectores del Estado porteño no comenzó durante la gestión de Jorge Macri, este quinto gobierno consecutivo del PRO en la Ciudad es clave para profundizar el vaciamiento y la eliminación de varios organismos como el IVC, la fusión de diferentes Ministerios sobre finales de este año o inicios del 2027 y el achique de la planta de estatales entre un 12% y un 15%.

Todos estos puntos, ente otros, fueron anunciados por este medio en mayo del año pasado, tras la firma del pacto entre el PRO y LLA en el marco de la conformación de la alianza política que gobierna el país.

A las pocas horas de conocerse el vaciamiento del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) por parte del Gobierno Nacional y el histórico ajuste que viene ejecutando Milei desde su llegada al poder sobre el ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), dos organismos clave que garantizan la inocuidad alimentaria y la sanidad, la auditoría porteña publicó un informe que deja en evidencia el vaciamiento en uno de los organismos responsable de cobrar las faltas graves en la Ciudad que atentan contra los controles alimenticios, entre otros.

La Auditoría porteña relevó el trabajo de la gestión en el primer año de gobierno de Jorge Macri (2024) de la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI) y de la Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales (UACF), bajo la órbita de esa Dirección.

En el informe el organismo de control, detectó la prescripción del 82% de las multas por Faltas Especiales sin sanción, que no fueron cobradas por la UACF. Estas multas son aquellas infracciones ligadas a “Bromatología, Higiene y Sanidad, Ambiente, Residuos Patogénicos, Actividades Constructivas, Actividades Lucrativas no permitidas o ejercidas en infracción” y tienen un período de vigencia de cinco años definido por la Ley Nº 1217 de Procedimiento Administrativo De Faltas. 

El documento publicado por la auditoría porteña indica: “Esta inacción administrativa no solo obstaculiza el cumplimiento del régimen de faltas y el interés de la comunidad en el cumplimiento de las normas, sino que también genera un perjuicio económico directo al impedir que el Estado perciba ingresos derivados de sanciones aplicables.”

Esta grave falencia produjo “falta de impulso procesal” por parte de los controladores al no actuar sobre las Actas de Comprobación. Entre otras inacciones de la Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales, peste organismo no envió “notificaciones al ciudadano sobre la falta cometida; se mandaron masivamente sin que el sistema diera cuenta de la entrega o recepción de la misma; o bien las actas de infracción no fueron completadas de manera correcta “para poder identificar al infractor de manera fehaciente”.

Cómo justificó esta falencia el ente auditado

Tanto la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI) como la Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales (UACF), argumentaron que la “inacción administrativa” se debió a falta de personal, lo que condujo a la incapacidad de dar respuesta al alto caudal de multas y sanciones.

En el descargo afirmó que “la dotación actual de personal en la UACF es de 174 agentes” cuando por normativa “cada Controlador de Faltas debiera ser asistido por un secretario y auxiliares administrativos, lo que determina una planta mínima de 378 personas”, esto representa un 54% menos de personal que tendría que haber en planta.

Pero la auditoría también detectó inconsistencias en el registro dentro del Sistema de Administración de Infracciones. Algunas de ellas son: fallas en los mecanismos de control y validación de datos, debilidades en la supervisión de la empresa encargada de los servicios técnicos, Boldt S.A., y falta de integración con los sistemas utilizados para el alcance de las metas físicas.