Más detenciones de funcionarios policiales jaquean al ministro de Seguridad de Córdoba

Como todo ministro, Juan Pablo Quinteros tiene un buen sueldo, lo que en Córdoba se denomina popularmente “un sueldazo”. Pero en rigor, el titular de la cartera de Seguridad provincial no gana para sustos: de un tiempo a esta parte de vienen sucediendo detenciones de funcionarios policiales y penitenciarios presuntamente vinculados a casos de corrupción, y el sostenimiento en el cargo parece haber entrado en tiempo de descuento para el ex ladero de Luis Juez.

Para Quinteros, la semana inició con la peor noticia: efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico fueron apresados tras haberse detectado un faltante de droga decomisada. La FPA es una fuerza de elite creada una década atrás por el extinto José Manuel de la Sota, cuyo objetivo formal es la exclusividad de “los actos de prevención, disuasión, conjuración e investigación cuando por ley corresponda, de los delitos previstos en el artículo 34 de la Ley Nacional Nº 23.737 y su modificatoria, de conformidad a la adhesión dispuesta por Ley Nº 10067”.

Aquella ley de creación estableció que la fuerza “se organiza en forma centralizada en lo administrativo y descentralizada en lo funcional”; justamente en uno de esos grupos operativos surgió el escándalo que preocupa, y mucho, en las oficinas del ministerio encabezado por Quinteros.

Los seis efectivos son el jefe y cinco subordinados de la delegación de la FPA en Cruz del Eje, en el norte provincial. Las detenciones se produjeron tras allanamientos en esa ciudad, Deán Funes, la cercana San Marcos Sierras y Villa María de Río Seco, al tiempo que también fueron apresados dos presuntos informantes. En declaraciones periodísticas el fiscal Juan Pablo Klinger explicó que “a todos los detenidos se les atribuye el delito de asociación ilícita en calidad de miembros”; la hipótesis es que los efectivos conformaban una organización delictiva bajo el paraguas de la fuerza. Además hay otros dos imputados en libertad, uno de ellos ex jefe de la FPA en Cruz del Eje.

El faltante de marihuana y cocaína corresponde a procedimientos de 2023 en la cárcel de Cruz del Eje; de acuerdo a la investigación preliminar, la supuesta banda entrega estupefacientes a informantes que les proporcionaban datos sobre diferentes hechos delictivos. ¿El objetivo? Mostrar procedimientos positivos y mejorar las estadísticas en la supuesta lucha contra el narco, en una fuerza observada desde siempre por su predilección por atacar el eslabón más débil de una cadena que parece no parar de crecer.

Las detenciones se produjeron tras la denuncia del propio jefe de la fuerza, Francisco Salcedo, quien se limitó a confesar “dolor” por el caso, declamó “transparencia” y señaló que “en la FPA nos debemos a la sociedad”. “Nosotros realizamos auditorías de manera regular y si es necesario vamos a poner a disposición de la justicia a quien corresponda, sea quien sea. Incluso yo mismo me pongo a disposición de la justicia” afirmó, poco original.

Un sinfín de escándalos que deja a Quinteros en la cuerda floja

Buen alumno, Salcedo repite el libreto que semana atrás esbozó el propio titular de Seguridad. En ocasión de la detención del ahora ex subjefe de la Policía provincial, Quinteros señaló ante el caso: «Nos duele, nos pega como fuerza, como institución”, y anunció el pase a retiro del involucrado. El ex comisario general Alejandro Mercado sigue preso junto a otros presuntos integrantes de una banda mixta que al parecer regenteaba negocios ilegales en un local céntrico de la capital provincial. La investigación está a cargo del fiscal provincial Enrique Gavier, el mismo que este martes ordenó la detención de tres penitenciarios acusados de ingresas celulares robados al complejo carcelario de Bouwer.

Como se ve, el área de Seguridad lidia demasiado seguido con escándalos imposibles de ocultar. Por estas horas fue también apresado el segundo jefe de una comisaría capitalina, acusado de suministrar a delincuentes armas robadas, y prácticamente cada semana los medios locales dan cuenta de hechos de este tipo, que no forzaron empero a ningún tipo de autocrítica o revisión de una política de seguridad tan improvisada como efectista. Mucho menos, una purga, intervención o reforma institucional.

A todo esto, el legislador provincial radical Dante Rossi presentó un proyecto de ley para intervenir la Policía de la Provincia y de la Fuerza Policial Antinarcotráfico por 45 días, y aunque la iniciativa no prosperará en una Unicameral de mayoría oficialista, en el Gobierno ya miran de costado una gestión en Seguridad más pródiga en dolores de cabeza que logros para mostrar.

Entre los antecedentes de peso más recientes se cuentan además la detención de la cúpula del sistema penitenciario provincial, las denuncias por violencia de género contra ex funcionarios de distinto rango, y el encarcelamiento del ex comisario general Gustavo Folli, también ex subjefe policial, acusado de liderar una asociación ilícita que desde la Dirección Bomberos de la Policía fraguaba habilitaciones ilegales para comercios, a cambio de coimas.

Nunca más gráfica la muletilla que inmortalizó Víctor Hugo Morales: “balas que pican cerca” de la conducción del Ministerio de Seguridad.