Más escándalo en ANDIS: jóvenes «libertarios» falsificaron la firma de un médico en las auditorías por las pensiones de discapacidad

La fuerte derrota electoral protagonizada por el gobierno de Javier Milei no opaca el escándalo en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que sigue in crescendo. Las últimas noticias llegaron desde Misiones, donde una auditora de la Agencia fue demorada el fin de semana tras agredir a periodistas de Crónica TV (y romper sus equipos) que mostraron cómo los empleados falsificaban la firma de un médico.

La auditora fue identificada como Laura Alicia Báez, según consignó la agencia Noticias Argentinas. Fue demorada tras atacar y romper equipos de un móvil de Crónica TV que cubría un operativo en la localidad de 25 de Mayo. Tiempo consultó a la Agencia por la situación de esta auditora, pero no hubo respuesta.

La denuncia había sido realizada por el corresponsal Enrique Ortíz, por los delitos de amenazas, daños y lesiones leves. De acuerdo al reporte policial, citado por La Voz de Misiones, Báez (con domicilio en Mar del Plata) también fue registrada en videos discutiendo con el intendente de Aurora, Cali Goring.

A partir de la denuncia, el Chevrolet Prisma gris en el que se movilizaba el equipo de ANDIS fue interceptado en el acceso a la localidad de Campo Grande, sobre la ruta provincial 8. Junto a Báez fueron trasladados a la comisaría otros cuatro integrantes del equipo y el caso quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Uno de Oberá.

Una firma robada

Días antes del episodio que quedó filmado, las auditorías realizadas por la ANDIS en Misiones –donde la Agencia no tiene oficinas propias- ya habían quedado envueltas en la polémica. En la localidad de San Ignacio, quienes concurrían a las citas para que se decidiera si mantenían o no la pensión eran atendidos por jóvenes pero recibían una constancia firmada y sellada por un médico.

Según consignó Clarín, el dueño de la firma es un médico cardiólogo de la ciudad de Pergamino, Provincia de Buenos Aires: Leandro Peñaloza. Consultado por ese diario, el profesional negó tener vínculo con la Agencia. “Alguien estuvo usando un sello profesional a mi nombre que a todas luces es falso: no coincide la tipografía y la firma que está estampada ni siquiera se asemeja a la que utilizo”, dijo.

“Claramente hay una usurpación de mi identidad”, denunció. “En 54 años de ejercicio de la medicina, es la primera vez que me pasa algo así”, lamentó el médico, quien llevó el tema a la Justicia.

Oleada de irregularidades

Antes que se conociera el testimonio de Peñaloza, el propio gobierno de Misiones había alertado sobre irregularidades en las auditorías llevadas adelante por la ANDIS en esa provincia, en medio de un proceso a nivel nacional para dar de baja pensiones por invalidez laboral, un proceso que no se detuvo cuando estalló el escándalo de las coimas a través de audios atribuidos al extitular de la Agencia, Diego Spagnuolo.

Ante ese panorama, el gobierno de Misiones presentó ante la Justicia Federal un recurso de amparo con una medida de no innovar para frenar las auditorías de las pensiones por discapacidad y retrotraer la situación de beneficiarios que fueron dados de baja.

“Yo nunca lo había visto, es algo impiadoso, algo espantoso. Realmente lo único que podíamos hacer seriamente, además de las declaraciones, era actuar ante la justicia para que ellos se encuentren en algún momento delante de un juez y respondan por sus acciones. Y eso es lo que presentamos hace minutos en los federales”, dijo la semana pasada el gobernador Hugo Passalacqua.

La presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, dio cuenta de al menos un centenar de casos plagados de irregularidades. “No se puede garantizar transparencia cuando no hay médicos ni profesionales en el proceso”, planteó.

El Ejecutivo intentó despegarse del escándalo separando a Spagnuolo, pero la intervención a cargo de Alejandro Vilches no frenó las auditorías ni el proceso para dar de baja pensiones. Tampoco se frenó pese a una denuncia judicial contra el Estado por omitir información sobre esas auditorías, como exigió la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).