Más sífilis, menos forros: la emergencia en salud sexual

Dos cifras alcanzan para pintar un cuadro de situación: en la Argentina durante 2025 se registraron 55.183 casos de sífilis. En el mismo país, durante el mismo período, el Estado Nacional compró cero preservativos. Sí, cero. El aumento de las infecciones de transmisión sexual (ITS), que se da a nivel global, coexiste con una motosierra que agrava el panorama en el plano local.

Es uno de los motivos por los que se reclama la declaración de la Emergencia en Salud Sexual. La iniciativa fue difundida en el marco del Día del Preservativo y horas antes del Día de los Enamorados, para intentar darle visibilidad a un tema que atañe a toda la sociedad. Es impulsada por el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis -conformado por más de 30 organizaciones- y será presentada en el Congreso cuando comiencen las sesiones ordinarias.

“El aumento en los últimos 4-5 años fue espectacular. No se le dio la suficiente importancia y ahora estamos viendo esto, que no es una pandemia pero es una epidemia silente: nadie le presta mayor atención hasta que se ven los números”, dice el infectólogo Eduardo López sobre el avance de la sífilis. “Definitivamente están faltando campañas. Hay que trabajar en la prensa oral y escrita. Uno puede repartir preservativos en los boliches, pero si no explica todo lo que se previene, es muy probable que un adolescente o adulto joven diga ‘a mí no me va a pasar nada’”.

López advierte, además, que “aumenta notablemente la sífilis congénita”. Esto implica “no sólo que al bebé hay que internarlo y tratarlo, lo cual conlleva un aspecto económico. Es un tema de salud pública integral”.

Las cifras también permiten el contraste: los 55.183 casos de 2025 representan un 71% más de diagnósticos de la infección de transmisión sexual en comparación con el promedio registrado entre 2020 y 2024. En cuanto a preservativos, según el informe del Frente “en 2023 se distribuyeron 30 millones de unidades a través del Programa 22, y 25,3 millones mediante el Programa 25. En 2025, al tercer trimestre, se habían distribuido apenas 832 preservativos” que quedaban de remanentes, ante la falta de nuevas compras.

Gobierno sin forros: no es solo una cuestión de actitud

En abril del año pasado el portal Pharmabiz, dedicado a la industria farmacéutica, informó sobre la apertura de un proceso de compra de más de 24 millones de preservativos a través de una contratación directa, pero por algún motivo el procedimiento no avanzó. La última adjudicación que figura en el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional es de 2022.

“Quedó paralizado ese proceso de compra, como tantas otras veces. En el 2024 también hubo un proceso iniciado que no se concretó, lo mismo pasó con reactivos. A veces, ante la presión, se inician procesos pero después no los concretan”, señala José María Di Bello, referente de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP) y uno de los impulsores de la declaración de emergencia en salud sexual.

Además del riesgo sanitario, la falta de envíos de anticonceptivos  a las jurisdicciones genera también un problema económico para ellas. Municipios del centro de la Provincia de Buenos Aires dieron cuenta de gastos superiores a los 6 millones de pesos en preservativos que antes enviaba Nación.

“Cuando se informa sobre el crecimiento de diagnósticos de sífilis o VIH, muchas veces desde los funcionarios del Ministerio de Salud se hace referencia a la caída en el uso del preservativo, que las personas se descuidan, que dejaron de protegerse. Como una cuestión de conducta. Pero no es un problema de conducta: es de acceso y abandono estatal. No es casual este aumento abismal”, lamenta.

Además del crecimiento de sífilis, también se está registrando un incremento de notificaciones por VIH. El último año se reportaron alrededor de 6900 nuevos casos, cuando en 2022 el promedio era de 5300.

En su reclamo por la declaración de emergencia, desde el Frente resaltaron que “no sólo es grave el aumento sistemático de los nuevos diagnósticos, sino que el 48,1% de estos diagnósticos se realizan de forma tardía, es decir, en una etapa avanzada de la infección, lo que incrementa la mortalidad, los costos sanitarios y la posibilidad de transmisión a otras personas. Este escenario evidencia una epidemia activa, en constante crecimiento, sin políticas preventivas eficaces y con desigualdades territoriales crecientes”.

El informe elaborado por Fundación Soberanía Sanitaria sobre los primeros dos años del gobierno de Milei en materia de salud refleja que el Programa de VIH registró una reducción presupuestaria real cercana al 50% en 2024, mientras que en 2025 el programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles sufrió una caída del 30 por ciento. En ambos casos, con despidos incluidos.

Letras muertas y las alertas que no se escucharon

“Vemos tres o cuatro casos por semana en el servicio. Hay falta de concientización y de percepción de riesgo. Por eso la importancia de campañas de educación que lleguen a los grupos más vulnerables. Esto seguramente va a empeorar”, anticipaba a mediados de 2024 la infectóloga Elena Obieta, en diálogo con este diario. El aumento de sífilis ya entonces causaba preocupación. Un año y medio después, confirma su pronóstico: “Claramente aumentó, se ve en la clínica diaria”, dice como directora de Epidemiología del Municipio de San Isidro.

Su lectura “optimista” menciona que hubo un incremento de testeos y una mejora en las notificaciones al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). Pero eso, asegura, no alcanza para explicar el aumento de casos, que además se da a nivel global. “Es un problema absolutamente multicausal. Tiene que ver con la educación, con la falta –no sólo en esta gestión- de campañas reales, concretas y efectivas de comunicación y prevención, con la inexistencia absoluta del cumplimiento de la ley de Educación Sexual Integral (ESI). Quedó en letra muerta”, define.

Para Graciela Morgade, vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y especialista en ESI, “mientras la Educación Sexual Integral siga siendo tratada como un contenido ‘accesorio’ y no como el eje de una pedagogía del cuidado, seguiremos contando casos en lugar de construir autonomía”.

“La escuela es un territorio de protección y justicia y la vinculación entre la salud sexual y la ESI es directa y proporcional”, dice a este diario. Añade que “la baja percepción del riesgo es propia de una educación que ha tratado a la sexualidad como tabú y a las patologías posibles como problema moral”.

Morgade concluye que demonizar la ESI -como hizo y hace el gobierno de Javier Milei- “es, en última instancia, dejar a les jóvenes en la intemperie frente a la emergencia sanitaria. La emergencia en salud sexual es el grito de un sistema que está llegando tarde”.