La norma endurece penas, crea nuevos delitos y amplía la protección a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad. Fue aprobada en medio de la polémica por el operativo ordenado por el gobernador de Río de Janeiro que dejó 132 muertos.
La medida, publicada en el Diario Oficial de la Unión, modifica el Código Penal y las leyes que regulan el combate a las organizaciones criminales, endureciendo las penas e incorporando nuevas figuras delictivas.
Entre los principales cambios, la ley establece que contratar a un integrante de una organización criminal para cometer un delito será castigado con entre uno y tres años de prisión, además de la pena correspondiente al delito cometido.
La reforma también tipifica como delito la obstrucción de acciones contra el crimen organizado, incluidas conspiraciones para entorpecer investigaciones o procesos judiciales, con penas que van de cuatro a doce años de reclusión.
En estos casos, los acusados deberán cumplir prisión preventiva en cárceles federales de máxima seguridad, una medida que apunta a impedir la continuidad de las operaciones delictivas desde el interior de los penales, una práctica habitual de gran alcance en grupos criminales como el Primer Comando de la Capital (PCC) o el Comando Vermelho.
Otro punto relevante de la nueva ley es la ampliación de las medidas de protección personal para jueces, fiscales, policías y otros agentes de seguridad pública —tanto en actividad como retirados—, así como para sus familiares, cuando se encuentren en situación de riesgo derivada del ejercicio de sus funciones.
De acuerdo con el Gobierno de Brasil, la ley responde a la necesidad de “proteger” al Estado frente a las estructuras criminales que desafían su autoridad y amenazan a quienes las enfrentan.
Lula da Silva argumentó que el objetivo de la norma es garantizar condiciones efectivas para enfrentar al crimen organizado en todas sus dimensiones.
Especialistas en derecho penal advirtieron, sin embargo, que la efectividad de la medida dependerá de su implementación concreta en el país.
La promulgación de la ley se produce en un contexto de fuerte conmoción social, tras la operación policial y militar realizada el pasado 28 de octubre en las favelas de Alemão y Penha, en la ciudad de Río de Janeiro, que dejó un saldo preliminar de al menos 132 muertos y más de un centenar de detenciones.
Gobernadores de derecha respaldan la masacre
Un grupo de gobernadores de derecha se reunió este jueves en Río de Janeiro para expresar su apoyo al mandatario de ese estado, Cláudio Castro, y defender su actuación en la operación policial llevada a cabo en las favelas del norte de la ciudad.
Durante el encuentro, el propio Castro defendió el operativo y dijo esperar que Río se convierta en un ejemplo de cómo recuperar territorios “ocupados” por el crimen y controlar la proliferación de armas.
“Sobre todo, para combatir estas armas, que no pueden circular en ninguna ciudad del país”, afirmó, y agregó que nadie podría sobrevivir “más de 20 o 30 segundos” portando “un fusil en una ciudad como París, Londres, Barcelona o Fráncfort”.
En la misma línea se pronunció el gobernador de San Pablo y figura destacada de la oposición, Tarcísio de Freitas, quien sostuvo que “el estado de Río de Janeiro actuó muy bien, marcó la diferencia” e hizo “una gran demostración”, según publicó el diario Folha.
También el gobernador de Santa Catarina, Jorginho Mello, elogió la “histórica” operación, mientras que su par de Minas Gerais, Romeu Zema, la calificó de “extremadamente exitosa”. A ellos se sumaron los mandatarios de Goiás, Ronaldo Caiado, y de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, junto con la vicegobernadora de Brasilia, Celina Leão, todos pertenecientes a partidos de derecha o centroderecha.
Durante el encuentro, los dirigentes repitieron críticas al presidente Lula. “Tenemos un presidente que se va al extranjero a organizar la paz en Ucrania, pero deja que la gente se muera acá”, lanzó el gobernador de Minas Gerais, en referencia al mandatario, que regresó a Brasil la noche del martes en que se desarrolló la operación, tras una gira por Asia en la que se reunió, entre otros, con el presidente estadounidense Donald Trump.
GS con información de Xinhua y Europa Press
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