Masacre de San Patricio: la causa avanza sobre el rol de la Policía Federal

Luego de casi 18 años de idas y vueltas judiciales, la causa por la ejecución de tres sacerdotes y dos seminaristas palotinos el 4 de julio de 1976, conocida como la Masacre de San Patricio, avanza ahora hacia la primera hipótesis que se investigó del crimen: la responsabilidad de miembros de la Policía Federal como represalia por la explosión en el edificio de Coordinación Federal dos días antes, el 2 de julio de 1976.

Hasta el año pasado, el expediente era llevado como parte de la megacausa ESMA a partir de una serie de testimonios que indicaban la participación del Grupo de Tareas de la Armada. Sin embargo, estos indicios no pudieron ser corroborados en la instrucción, realizada primero por el juez Sergio Torres y luego por Ariel Lijo.

A partir de las pruebas que apuntan a la fuerza de seguridad, a fines del año pasado Lijo declinó la competencia de la causa para que pase a manos de Daniel Rafecas, quien tiene a cargo la megacausa del Primer Cuerpo del Ejército, del que dependía la Superintendencia de Seguridad Federal.

Desde julio, el juzgado federal de Rafecas avanza sobre esa línea de investigación, con la toma de declaraciones a algunos testigos circunstanciales de los hechos y a miembros de la congregación para tratar de sumar pistas sobre la autoría y sobre las razones que llevaron a apuntar hacia los Palotinos como blancos de la represalia.

También busca profundizar sobre la integración de la Comisaría 37 de la Ciudad, que tuvo un rol clave en liberar la zona. Un móvil de esa dependencia de la Policía Federal a cargo del oficial ayudante Miguel Ángel Romano acudió ante un llamado de vecinos de la parroquia que habían visto vehículos sospechosos en la cuadra. Los policías habrían identificado a los miembros de la patota y luego se retiraron del lugar advirtiendo a los vecinos que no salieran si escuchaban disparos porque “iban a bajar a unos zurdos”.

Esta semana sumó su testimonio Ramiro Varela, de Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, quien aportó documentos e información que recolectaron todos estos años y que contribuye a la línea de investigación sobre la responsabilidad de Coordinación Federal y la colaboración de efectivos de la Comisaría 37, entre ellos Romano y el excomisario Víctor Hugo Randazzo, quien firmó el acta sobre el hallazgo de los cuerpos.

“Lo que queremos es poder avanzar en la instrucción de la manera más pronta posible para poder identificar a quienes puedan haber sido los autores materiales y los partícipes necesarios para que finalmente podamos llegar a un juicio oral y alcanzar la verdadera justicia. Hay algunas personas que las tenemos identificadas como cómplices, ahora resta avanzar sobre quiénes podrían haber sido dentro de la patota de Coordinación Federal los que apretaron el gatillo”, señaló Varela, cuya organización es amicus curiae en el expediente.

“Sabemos que Rafecas es un magistrado comprometido con los Derechos Humanos y para nosotros por primera vez se abre un horizonte con reales expectativas de poder avanzar en la instrucción del caso, que es el mayor hecho de sangre cometido contra miembros de la Iglesia Católica en el país”, añadió.

La madrugada del 4 de julio de 1976, los sacerdotes Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Duffau, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti fueron encontrados asesinados en la parroquia ubicada en la esquina de Estomba y Echeverría, en el barrio porteño de Belgrano.

Dos días antes había sido la explosión en Coordinación Federal e inmediatamente las patotas de la Policía salieron a responder con fusilamientos públicos en la Ciudad de Buenos Aires. Son numerosas las pruebas que apuntan a la fuerza de seguridad, como por ejemplo los mensajes dejados en la sala donde fueron encontrados los cuerpos de los sacerdotes. Uno de ellos, escrito en la pared, decía: «Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal. Venceremos. Viva la Patria”. Otro era un famoso chiste de Mafalda, el personaje de Quino, que dice: «¿Ven? Este es el palito de abollar ideologías”.

Los cables de la diplomacia e inteligencia estadounidense también indican que las autoridades de la iglesia católica responsabilizaban a la fuerza de seguridad federal. “Ahora resulta claro que fueron asesinados por miembros de la Policía Federal, no de la Armada. La Policía creía que los dos seminaristas estaban relacionados con el movimiento «tercermundista» de sacerdotes, que tiene sedes cerca de la iglesia, por lo tanto, se los consideró un blanco fácil en la ola de ejecuciones extrajudiciales que la policía llevó a cabo en represalia por el bombardeo a la estación de policía el 2 de julio”, señala uno de esos cables que constan en el expediente.

El testimonio del expolicía Armando Víctor Luchina apuntala esa idea. Luchina estaba en la guardia del edificio de la Superintendencia de Seguridad Federal y declaró ante Lijo haber escuchado a los miembros del grupo de tareas vanagloriarse de haber matado a los curas. “Pasaban y le comentaban al Principal nuestro: ‘Sí, lo de los Palotinos fue de acá, fue nuestro’, ‘fue este, fue el otro’”, contó.