Mascardi: las pruebas complican a los prefectos y al gobierno

El 7 de diciembre la opinión pública permanecía absorta en las razzias contra antiguos funcionarios kirchneristas. Por aquellas mismas horas se realizaba el rastrillaje encabezado por el juez federal Gustavo Villanueva en la lof Lafken Winkul Mapu, a 30 kilómetros de Bariloche, donde el sábado 25 de noviembre fue asesinado por Prefectura el joven mapuche Rafael Nahuel. Un crimen que generó notables explicaciones desde las altas esferas del gobierno nacional. Así –primero con un comunicado del Ministerio de Seguridad y, después, por boca de Patricia Bullrich– fue instalada le versión de un «enfrentamiento», una excusa de manual, pero en esta oportunidad con observaciones memorables; la más áspera: «El Poder Ejecutivo no necesita probar lo que hace una fuerza de seguridad». 

Lo cierto es que ya saltó a la luz el embuste oficial. Según el acta del procedimiento «se recogieron 31 vainas calibre 9 milímetros –compatibles con pistolas reglamentarias– y 13 de escopeta 12/70 con munición anti-tumulto». Pero no se hallaron vestigios de armamento mapuche. Ni ramas quebradas por sus proyectiles. Y menos aún barricadas. El tiroteo en realidad fue unilateral. De modo que el relato esgrimido por la señora Bullrich se derrumbó como un casillo de naipes.

Dicen que 24 horas antes ella atendió un llamado de WhatsApp desde Bariloche, y que entonces oyó una voz: «No hay forma de disuadirlo». La voz se refería a Villanueva. Dicen que aún se encontraba en esa ciudad su enviado especial, el inefable Gonzalo Cané, y que persistió hasta el último momento en su intento para que el juez suspendiera o, al menos, retrasara el operativo. Pero sin éxito. Eso derivó en un dramático Plan B: contaminar el posible resultado de la inspección ocular con datos inexistentes. 

De modo que ya en la noche del miércoles empezó a circular la presunta existencia de un informe ministerial que probaría –con no menos presuntas fotografías tomadas por los prefectos tras el operativo fatal– que los mapuches tenían sofisticadas armas, equipos de comunicaciones y trincheras. A manera de remate se consignaba que el concejal kirchnerista Ramón Chiocconi limpió luego los rastros bélicos indígenas con la ayuda del miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Rubén Marigo. De acuerdo a los propagadores del infundio, ese dossier fue enviado al juzgado federal de Bariloche. Allí niegan rotundamente haber recibido algo así. 

Ya desplomada la impostura del ataque mapuche contra la patrulla de prefectos, quedaron en falsa escuadra otras dos cuestiones paralelas destinadas a convertir al sur del país en el laboratorio de un nuevo escenario represivo: el  acuerdo entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores de Neuquén, Río Negro y Chubut (Omar Gutiérrez, Alberto Weretilneck y Mariano Arcioni) para crear un «comité especial» que unifique las causas relacionadas a la fantasmagórica RAM, junto a una propuesta resolutiva de la Procuración con miras a poner en marcha una estructura que articule estrategias contra el «extremismo violento y el terrorismo internacional». 

El primer asunto fue tratado en la Casa Rosada el mismo jueves en que ocurrían los arrestos de funcionarios del gobierno anterior y minutos antes de que Villanueva iniciara su inspección en las adyacencias del lago Mascardi. Ajenos a esas circunstancias, el jefe de Gabinete, Marcos Peña –escoltado por los ministros Rogelio Frigerio, Germán Garavano y la omnipresente Bullrich–, estaba maravillado por sus coincidencias segregacionistas con los mandatarios provinciales. Al finalizar el cónclave, Weretilneck obsequió a la prensa una declaración de alto impacto: «La RAM anda reclutando jóvenes en distintas ciudades para usarlos como grupos de choque en sus proyectos». Fue su modo de aludir al joven masacrado en el territorio gobernado por él.  

El segundo asunto constituye nada menos que el debut en sus funciones de Eduardo Casal –el flamante sucesor subrogante de Alejandra Gils Carbó en la Procuración–, quien se esfuerza por parecer más «amarillo» que el sol sin otro propósito que ser confirmado definitivamente en el cargo. Claro que para ello eligió una temática algo antojadiza, ya que en la Justicia local no existen causas por terrorismo, con excepción de los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA. Claro que su inquietud coincide con la doctrina norteamericana de las «Nuevas Amenazas», que considera sediciosos los actos de protesta.

Al mismo tiempo trascendía un flamante convenio de la Corte Suprema con la Policía Federal para habilitarla en la realización de escuchas telefónicas con orden judicial. Más allá del carácter riesgoso de que esa fuerza tenga tal atribución –dado que le posibilita el conocimiento informal o ilegal de causas sensibles con sus consiguientes manipulaciones– no es un dato menor que el factótum del acuerdo –y uno de sus firmantes– haya sido Javier Leal de Ibarra, a cargo –junto al camarista Martín Irurzun– de la poderosísima Dirección de Asistencia Judicial, el organismo de la Corte que controla tales intervenciones. Pero aquel individuo, que por otra parte preside la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, es una suerte de monje negro en el fuero federal de la zona sur del país. Y como tal, mueve magistrados como piezas de ajedrez. 

De hecho, en la edición de Tiempo Argentino del 3 de diciembre, quien esto escribe se refirió al apartamiento del desprestigiado juez Guido Otranto de la causa Maldonado y su reemplazo por Gustavo Lleral en los siguientes términos: «¿Había que cambiar algo para que nada cambie? Así al parecer lo había entendido Leal de Ibarra. Ese hombre –nada menos que el vicario en la región de Ricardo Lorenzetti– fue el bastonero de dicho enroque. Y ahora la pesquisa bailotea en un limbo procesal».

Lejos de desmentir la versión, el influyente camarista rompió el silencio al día siguiente para soltar: «Más allá de la lamentable muerte de Maldonado, creo que la causa está llegando a su fin». Eso hizo que la abogada querellante, Verónica Heredia, solicitara su recusación. 

Toda esta suma de situaciones impone una pregunta: ¿acaso el Estado de Derecho en Argentina se encuentra gravemente herido o directamente ya ha sido liquidado? «