Masiva movilización en Uruguay para exigir justicia por las y los desaparecidos de la dictadura

Miles de personas se movilizaron en las calles de Montevideo como parte de la marcha anual para denunciar los crímenes de la última dictadura militar (1973-1985) en Uruguay y renovar el pedido de castigo a los culpables.

Bajo la consigna de «¿Dónde Están? Nunca Más Terrorismo de Estado», familiares de desaparecidos durante la dictadura caminaron en la noche del sábado con pancartas con las fotos de sus buscados seres queridos y reclamaron verdad, memoria y justicia.

En una nueva edición de esta llamada Marcha del Silencio, que se realiza desde 1996, los manifestantes avanzaron a pie completamente callados, solo respondiendo «presente» al unísono cada vez que se nombraba a un desaparecido por altavoces.

La edición número 28 de la Marcha del Silencio, que se realizó en simultáneo en más de 70 localidades del interior- fue organizada, como es tradición, por la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.

Se hace cada 20 de mayo en recuerdo del asesinato en Buenos Aires en esa fecha de 1976 de los políticos exiliados uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, así como de los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw.

Los cuerpos de los cuatro asesinados aparecieron en un auto abandonado en la vía pública en el barrio de Bajo Flores.

La Marcha del Silencio «mantiene viva la memoria de lo que pasó en los 70, que nunca más debe volver a repetirse», dijo a Télam en la movilización Raúl «Polo» Altuna, yerno de Michelini, que resaltó el «mundo de gente» que participó, en especial jóvenes.

«Pero la información sobre el destino de los desaparecidos sigue sin aparecer en Uruguay y eso es muy grave, por eso vamos a seguir marchando», agregó Altuna, quien es sobreviviente del Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio «Automotores Orletti».

«La información sobre el destino de los desaparecidos sigue sin aparecer en Uruguay y eso es muy grave, por eso vamos a seguir marchando»Raúl «Polo» Altuna

La diputada Verónica Mato, del partido Frente Amplio e hija del militante comunista Miguel Ángel Mato, desaparecido en Montevideo en 1982, destacó la construcción «popular» de la marcha.

«Esta marcha tiene algo fundamental, que es que la construyó el pueblo, no la decretó ningún gobierno, ninguna ley, ningún feriado, la fue construyendo el pueblo uruguayo (…) para saber a dónde están los desaparecidos, para que nos digan dónde están», dijo.

Mato dijo que en el actual Gobierno de derecha del presidente Luis Lacalle Pou «hay políticos que tienen vínculos con los militares, que tienen información y que la niegan.

«La verdad sigue secuestrada, porque esa información está», aseguró.

«Cuando se encuentra a cada compañero detenido desaparecido aparece la prueba de un delito, de un crimen. Los autores materiales de estos crímenes aberrantes quieren seguir eternamente manteniendo la impunidad», remarcó Mato.

El peso de la impunidad

Valentina Chaves, hija del sindicalista y militante comunista Ubagesner Chaves Sosa, desaparecido en Montevideo en 1976, dijo que los participantes de la marcha sentían cada vez más el peso de las pancartas a medida que pasaban las cuadras.

«Esto se parece a lo que nos pasa: cada vez nos pesa más llevar esta impunidad con los delitos de lesa humanidad», graficó Chaves.

En la previa de la marcha, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, del opositor Frente Amplio, realizó un homenaje a los desaparecidos en el Memorial del Cerro, junto a representantes de los organismos de derechos humanos.

En el acto se arrojaron margaritas -la flor que es símbolo de los desaparecidos en Uruguay, se hizo un minuto de silencio y se cantó el himno uruguayo.

Tras el fin de la dictadura, el Congreso de Uruguay aprobó la denominada Ley de Caducidad, refrendada en referéndum en 1989 y 2009, que decretó una amnistía a los militares y policías que habían violado los derechos humanos en la dictadura.

La ley delegaba en el Gobierno la decisión de qué casos podían ser juzgados.

Con el arribo del Frente Amplio al poder en 2005, se buscaron excepciones a la ley para iniciar varios juicios a militares y políticos por su rol en esa época.

A partir de una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a aprobación de una ley en 1985, se permitió ampliar los procesos, que en algunos casos terminaron con condenas de cárcel de hasta 30 años.