Máximo Kirchner impulsa un proyecto para legislar acuerdos con el FMI

El diputado nacional de Unión por la Patria, Máximo Kirchner, ingresó al Congreso un proyecto de ley con el cual busca que pase por el Congreso la aprobación de cada acuerdo que el Poder Ejecutivo realice con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La presentación se realizó al mismo tiempo en que la titular del organismo internacional, Kristalina Georgieva, anunciaba su llegada a la Argentina tras ocho años y en oportunidad de llevar adelante una agenda de trabajo con el Gobierno de Javier Milei.

El espíritu del proyecto es limitarle al Poder Ejecutivo la posibilidad de firmar nuevos acuerdos con el FMI sin ser discutidos en el Congreso nacional. En tal sentido, propone generar una ley especial para cada crédito, pero también busca ponerle topes, así como imposibilitar el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y la ampliación de las facultades a una bicameral parlamentaria.

El proyecto consta de 22 artículos y busca dejar a los acuerdos que atribuyan condiciones a la regulación del movimiento de capitales en el país “nulos de nulidad absoluta”. Para ello, la iniciativa de Kirchner cuenta con el apoyo y la firma de 15 diputados más del bloque de Unión por la Patria. La referencia es para Germán Martínez, Cecilia Moreau, Pablo Yedlin, Carlos Castagneto, Itai Hagman, Hilda Aguirre, Nicolás Trotta, María Elena Velázquez, Marcelo Barbur, Agustín Rossi, Sergio Palazzo, Agustina Propato, Julia Strada, Sabrina Selva y Jimena López. De esta forma, la decisión se presenta para derogar la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública e impulsa el reemplazo con un régimen más amplio.

Lo que establece el proyecto

Propone que cada una de las operaciones de crédito con los organismos financieros internacionales tenga una ley particular y especial del Congreso en la cual se dé cuenta del tipo de deuda a tomar, el monto máximo autorizado de cada una, indique el plazo mínimo de amortización y para qué se toma el crédito, es decir, a qué se destinará la plata del préstamo tomado. Además, establece la prohibición del uso de DNU para estas cuestiones.

El texto del proyecto apunta directamente al DNU 179/2025, con el cual el gobierno nacional instrumentó el Programa de Facilidades Extendidas con el FMI por DEG 15.267 millones, unos 20.000 millones de dólares aproximadamente, sin la consideración del Congreso. En este sentido, las acciones que no se cumplan serán revisadas y posiblemente puestas a consideración de nulidad total como de inoponibilidad internacional; a su vez, los funcionarios que en ellas intervengan quedarán como los responsables por los daños ocasionados al Estado nacional.

El proyecto estructura los siguientes principios: soberanía económica, corresponsabilidad entre acreedor y deudor, legitimidad de las políticas macroprudenciales, sostenibilidad de la deuda medida por la capacidad real de pago, transparencia con control democrático y multilateralismo activo.

A su vez, marca que el principio de corresponsabilidad establece que, si el propio FMI incumple sus reglas propias o bien aprueba programas con motivación política, la responsabilidad de las consecuencias será compartida. 

Para ello, se basó en un antecedente donde puso de referencia la evaluación de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del FMI, la cual registró divisiones internas del equipo en base al cumplimiento de los criterios de acceso excepcional en un caso argentino del año 2018 y catalogó la deuda en “zona gris”. 

Sobre este punto, el texto expone que, por entonces, en el mes de mayo de 2018 y al instante de la redacción, 45.100 millones de dólares salieron del país en concepto de formación de activos externos correspondientes al sector privado, frente a 44.500 millones de dólares aportados por el FMI.