«Me asustan esas personas que con todo lo que se probó siguen delinquiendo»

Ni las amenazas personales ni la persecución política. Lo que más asustó a Rodrigo Janot en sus tres años y medio al frente de la causa Lava Jato, la investigación sobre corrupción que involucra a las personas más poderosas de Brasil (y buena parte de América Latina), es que nada de lo hasta ahora expuesto parece haber hecho cambiar las prácticas irregulares. «Me asusta y decepciona la cara de esas personas que con todo lo que se ha probado siguen delinquiendo hoy», señaló en su primera intervención pública luego de realizar esta semana la primera de las tres denuncias por corrupción contra un presidente en ejercicio en la historia de Brasil.

Janot, titular del Ministerio Público, eligió hablar con los medios en el XII Congreso de Periodismo de Investigación de Brasil organizado por ABRAJI en San Pablo. Allí, ante un auditorio colmado, repasó el alcance de su investigación con números: 450 personas investigadas, 66 acusados, 12 detenidos y 159 «colaboradores» que participaron de las «delaciones premiadas», como se conoce en el país vecino a los acuerdos que establece la Procuración con las personas que cometieron delitos para que reconozcan sus ilícitos y entreguen pruebas que ayuden a encontrar a todos los responsables. Claro que eso les permite a los «bandidos», tal como los definió Janot, mejorar su situación penal y, en algunos casos, hasta tener inmunidad.

Los números impactan, pero lo que realmente impresiona es quiénes son las personas involucradas. Por un lado, los dueños y gerentes de las principales empresas de Brasil (JBS y Odebrecht, las más conocidas); y por el otro, los principales cargos políticos del país: los presidentes de ambas cámaras legislativas y hasta el propio presidente de la Nación, Michel Temer, son algunos de ellos.

La investigación lleva años, pero recién tres meses antes de que Janot cese en sus funciones, el procurador hizo su apuesta más fuerte. El lunes pasado, el hombre de 33 años de carrera en el Ministerio Público presentó una denuncia contra Temer por el delito de «corrupción pasiva». Se basó en una grabación en la que el presidente acordó con Joesley Batista (dueño de JBS, una de las principales empresas de agroindustria) que hablaran con su «hombre de confianza», Rodrigo Rocha Lourdes, por «cualquier tema».

Lo que no sabía Temer es que esa conversación estaba siendo grabada por Batista para negociar su impunidad. Poco después Batista dio esa información a la Procuración, que ordenó filmar el momento en que Rocha Lourdes recibe de él una valija con 500 mil reales y sale corriendo en busca de un taxi. Dos días después de que Temer fuera denunciado por Janot, el presidente casualmente designó a la subprocuradora Raquel Dodge como nueva titular del Ministerio Público Fiscal a partir de septiembre, cuando finaliza el mandato del actual procurador. Esta decisión, sin embargo, no respeta la votación realizada por los integrantes del Ministerio.

Sucede que los fiscales votan al elegido para presidir el organismo y los tres más votados son elevados para su designación al primer mandatario. Tanto Lula como Dilma habían respetado ese orden en el pasado. Pero Temer eligió cambiar. Salteó al primero, que tenía el apoyo de Janot, y eligió a la segunda en una jugada que muchos entendieron estratégica para tratar de cambiar el avance de la investigación.

Si bien Temer se encuentra en el pico más bajo de popularidad (2 por ciento) y pocos ponen en duda que haya habido «corrupción pasiva», las encuestas de opinión pública muestran que a los brasileños no les gustó que el costo para denunciar a Temer haya sido darles inmunidad a Joesley y Wesley Batista (hermano y también dueño de JBS). «Me gustaría que cambien el foco de la cuestión. ¿Qué dirían si una persona me plantea que tiene pruebas de que autoridades de la República están cometiendo un delito en curso y no hiciera nada?», planteó Janot. Luego, aclaró, el acuerdo de inmunidad al que llegó con los Batista tiene una cláusula que plantea que se cumplirá si es eficaz su colaboración. «Si no aparecieran las pruebas, la cláusula 26 dice que se anula el acuerdo y para los bandidos sería desastroso, porque habría pruebas de delitos contra ellos». Por otro lado, agregó el funcionario judicial, la inmunidad solo alcanza a los delitos que ellos reconocieron en el acuerdo, es decir, que pueden seguir investigándolos por otros delitos anteriores y posteriores.

Para terminar su charla, que tomó forma de entrevista colectiva, Janot fue aun más lejos: «Esta no fue la primera inmunidad concedida. Fueron seis en total. Pero esta causó tanta conmoción porque involucró al más alto dignatario de la república y altas autoridades. Pero si me preguntan, lo haría de nuevo. Porque ganan la sociedad brasileña y el interés público». «