Media sanción para suspender las quiebras hasta marzo de 2021

La Cámara de Diputados aprobó y giró en revisión al Senado el proyecto de ley de ampliación de la moratoria que permitirá a autómomos, monotributistas y empresas acceder a un plan de pagos para deudas impositivas y previsionales acumuladas hasta el 31 de julio.

El proyecto persigue también el objetivo de recuperar la recaudación fiscal, que cayó con motivo de la crisis económica por la pandemia de coronavirus.

La iniciativa fue aprobada en general por 137 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, Unidad Federal, Movimiento Popular Neuquino, mientras 113 legisladores de Juntos por el Cambio optaron por la abstención.

En cambio votaron en contra los dos diputados de la izquierda Nicolas del Caño y Romina del Pla, además del diputado del Pro Luis Juez. Si bien Juntos por el Cambio se abstuvo en la votación en general, votó a favor de la mayoría de los artículos, con excepción de los números 2 y 11.

El proyecto establece que se podrán acceder a planes entre 48 y 120 cuotas para regularizar las deudas acumuladas hasta el 31 de julio. Los contribuyentes podrán adherirse hasta el 31 de octubre a la moratoria y deberán pagar la primera cuota del 16 de noviembre. 

Hacia el Senado

La sanción definitiva del proyecto queda en manos del Senado. Ambos fueron impulsados por el oficialismo para mitigar el impacto económico derivado de la pandemia de coronavirus.

Tras una serie de breves exposiciones que se iniciaron luego de que se aprobara el tratamiento sobre tablas, 250 diputados pertenecientes a todos los bloques de la Cámara dieron sus votos a favor del texto sobre quiebras consensuado por la mañana en la comisión de Justicia, a excepción de los dos diputados de la Izquierda que se abstuvieron.

El proyecto aprobado por Diputados y girado al Senado propone la suspensión hasta el 31 de marzo de 2021 del cómputo de plazos procesales en todos los procesos regidos por la Ley de Concursos y Quiebras.

En tanto, en el caso de los nuevos juicios iniciados a partir de la vigencia de la ley, el plazo será de 180 días pudiendo el juez, a pedido del deudor, en las condiciones establecidas por dicha norma, extenderlo por única vez en sesenta días adicionales.

Además, el texto dice que “quedarán suspendidos en pleno derecho y sin requerimiento de parte los procesos de ejecución de cualquier tipo de garantías de obligaciones financieras; la totalidad de las subastas judiciales y extrajudiciales, incluidas las hipotecarias y prendarias; la prescripción y caducidad de los créditos”.

Se prohíben también “nuevos embargos sobre cuentas bancarias, excepto para el caso de los procedimientos de comprobación y pronto pago de créditos laborales, y créditos de origen alimentarios”.

Los discursos

Durante el debate, el presidente de la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) destacó el consenso logrado entre las fuerzas políticas para avanzar en el análisis de la Ley de Quiebras y señaló que con esta herramienta “las empresas puedan tener un consuelo en una crisis tan profunda”.

El diputado oficialista hizo “un reconocimiento al trabajo que realizaron los bloques opositores, como Juntos por el Cambio así como los diputados Graciela Camaño y José Luis Ramón”.

Su compañero de bloque y autor de uno de los proyecto, Carlos Selva, dijo que “se debe dar previsibilidad a las empresas para que tengan el plazo de cobertura ,y por eso si bien se había propuesto hasta diciembre, se decidió extenderlo hasta el 31 de marzo”. También destacó la importancia de que se hayan exceptuado de la ley “a los créditos laborales y alimentarios” y señaló que la norma es “concordante con la ley de moratoria que busca ayudar a poner en marcha el aparato productivo”.

En el mismo sentido, el presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, agradeció “al oficialismo y otros bloques de la oposición que hayan aceptado tratar este tema como complemento de la ley de moratoria porque el aislamiento social ha generado una serie de desafíos que nos demanda a todos tener una rápida respuesta”.

“Hoy el desafío que tiene la política es tender esa mano para muchos argentinos que hoy están en estado de desesperación. Para sostener esto tenemos que encontrar las coincidencias, y lo hemos hecho en el tratamiento de esta ley, lo que es una señal política muy concreta”, completó.

La diputada de Consenso Federal Graciela Camaño aseguró que se está”aprobando la ley posible” para suspender las quiebras para que puedan “tener un alivio cien mil empresas que están complicadas y que contratan unos tres millones de trabajadores” de las cuales el 70% está en la zona metropolitana. “Esta ley es importante porque la pandemia nos afecta a todos, pero en especial a un sector que le tenemos que decirle que lo vamos a dejar solo en esta patriada, que son los empresarios argentinos, a los que tenemos que sostener”, afirmó la legisladora.

A lo largo del debate, diputados oficialistas y opositores coincidieron en la necesidad de aprobar una moratoria para las empresas, pero Juntos por el Cambio decidió no acompañar con su voto porque puso como condición excluir a Oil Combustibles de los beneficios, con el argumento que es una empresa que está en proceso de quiebra y tiene una causa por retención de impuestos.

Incluso, el artículo 11, que permite el ingreso de la moratoria de empresas que están con procesos de quiebra, tuvo una ajustada votación de 130 contra 121 y una abstención.

“Llegamos a esta ampliación de la moratoria que votó este Congreso a fines del año 19 porque las condiciones ya paupérrimas que tenía este país por las decisiones económicas y políticas del gobierno del expresidente Mauricio Macri. En esa fecha nadie pensaba que se podía avecinar esta pandemia”, dije el jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, en el cierre del debate. “La moratoria alcanza también a grandes empresas, no sólo a los que les ha gustado nombrar durante todo el día”, agregó.

Destacó que “Telecom también fue incluida en la moratoria para que vean que no nos guía ningún odio ni rencor, sino que realmente estamos preocupados por el destino de la Argentina, de sus empresas y fundamentalmente de quienes trabajan en ellas, que es lo que nos debe ocupar”.

El debate fue abierto por el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, quien aseguró que la moratoria “no es un traje a medida” de esa empresa, sino “de todos los que necesitan salir adelante ante la grave disminución de la actividad productiva que existía a fines de año pasado y que se agravó con la pandemia”.

El diputado oficialista Eduardo Valdes dijo que “tengo orgullo de votar esta moratoria, con todos sus artículos. Me hubiera gustado que saliera por unanimidad. Las decisiones se construyen con el que piensa distinto”.

A su vez, el diputado de Consenso Federal Jorge Sarghini dijo que “nunca fue tan necesaria un moratoria”, pero señaló que “no hay ningún fundamento para que los quebrados estén adentro” de los beneficios.

En tanto, el secretario de la comisión de Presupuesto, Marcelo Casaretto, señalo que “ésta es una moratoria para todos, porque el Estado Nacional le tiende las manos a todos los argentinos para que puedan regularizar” y pueden ingresar “960 mil contribuyentes por una deuda de 534 mil millones de pesos”.

La oposición

El diputado nacional Luis Pastori (Unión Cívica Radical) justificó a su turno la decisión de Juntos por el Cambio de abstenerse en la votación del proyecto de moratoria impositiva y previsional y dijo que la propuesta de la bancada oficialista tiene un “sesgo antiempresa cargado de ideologismo”.

Para el diputado radical, el dictamen del oficialismo “adolece de serios problemas, que tienen que ver con su insuficiencia, con un sesgo antiempresa cargado de ideologismo y con el escandaloso artículo que conduce a la impunidad de Oil Combustibles”.

En tanto, el vicepresidente de la comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (Pro) aseguro que “hay otra ley dentro de esta ley, que es una ley de amnistía para empresas que han utilizado el dinero de los argentinos en beneficio propio con un criterio de expansión de sus propios negocios”.

La diputada de Izquierda, Romina del Pla, dijo que votaba en contra porque su sector rechaza la moratoria en tanto “implica una transferencia de recursos desde los trabajadores hacia los capitalistas”.

En tanto, el legislador de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, dijo en su mensaje: “Espero que nadie se ofenda ni se irrite. Lo que me toca decir no tiene que ver ni con un discurso de odio, ni con intolerancia; tiene que ver con este traje a medida que se está votando. El artículo 11 es algo inédito, es un traje a medida para dos empresarios en particular: Cristóbal López y Fabián de Sousa”, completó.