Mendoza: de las 8783 denuncias por violencia de género en 2022 solo el 7% tuvo detenciones

El procurador general de la Corte Suprema de Mendoza, Alejandro Gullé, informó que de 8783 causas de violencia de género que fueron denunciadas en esa provincia en 2022, solo hubo detenciones para 667 hombres: el 7,59% de los acusados. También que el 59% de ellos había delinquido con anterioridad, es decir, se trata de reincidentes.

La declaración se hizo para refutar con estadísticas los planteos de los más de 300 detenidos por causas de violencia de género que hicieron una huelga de hambre la semana pasada en las cárceles mendocinas de San Felipe y Boulogne Sur Mer.

“Estamos decididos a morir de pie en este atentado contra los derechos humanos y los principios constitucionales que pareciera que cuando se trata de perspectiva de género por más que el hecho no haya existido o no existan pruebas contundentes si lo dijo una mujer estás en graves problemas”, habían declarado los detenidos en un comunicado, según informó Télam. Allí reclamaban la resolución de las causas judiciales y denunciaban que “la Justicia no averigua en profundidad cuando se trata de género” y que por “simples relatos de las denunciantes” están tras las rejas.

El Ministerio Público Fiscal mendocino informó que las personas privadas de la libertad por este delito son 322 en la actualidad, de las cuales 170 se encuentran en el pabellón 5 de Boulogne Sur Mer y 152 del Módulo 1 de San Felipe.

Cómo se investigan estos delitos en las fiscalías mendocinas

“La decisión de detener a esos hombres no se toma sólo por los términos de las denuncias. Acá se hacen pericias psicológicas y psiquiátricas que respetan estándares internacionales, que hacen los profesionales interdisciplinarios, y dan un diagnóstico de riesgo. Y en ningún caso pasan más de 10 días sin que se haga una audiencia de prisión preventiva y que un juez evalúe si las pruebas son suficientes o no para dejarlos detenidos. Esto no es un capricho de un fiscal”, afirmó el procurador Gullé en diálogo con Medio Día de Radio Nihuil. “Se tratará de analizar caso por caso, porque no sé la situación de cada uno. Porque hay algunos que se quejan porque quieren que les revisen la sentencia, así es que primero hay que averiguar de qué se trata cada denuncia», aseguró.

El procurador expresó que cuando se evalúa cada caso, se prioriza el valor de la vida de las víctimas. “Acá cada vez que matan a una mujer, si el agresor tuvo antecedentes, al otro día titulan todos los diarios que se pudo haber evitado la muerte si se lo hubiera dejado detenido por el hecho anterior y pasa que el hecho anterior pudo no tener que ver con la violencia de género o son muy leves, o era una simple amenaza. Si nosotros tuviéramos que dejar presos a todos los denunciados necesitaríamos más capacidad en las cárceles, y no es así”, resaltó.

En relación a la respuesta institucional a la huelga llevada a cabo por los detenidos, aseguró que será materia de revisión: “Si el problema es de los jueces lo verán ellos y si hay algún problema nuestro (por la investigación de los fiscales) lo resolveremos nosotros”. No obstante, expresó que «es poco probable que las causas se demoren tanto en una fiscalía porque los fiscales buscan elevar rápido las causas a juicios. Hay que recordar que acá cada fiscal recibe por semana 40 causas de violencia de género».

Gullé informó que, en materia de denuncias de violencia de género, las causas que más pueden demorarse en la Justicia, son aquellas en las que se denuncia un caso de abuso sexual de una pareja o ex pareja. “Es así porque hay que hacer muchas entrevistas de abordaje con el equipo de psicólogos y psiquiatras y no se hace una sola entrevista”.

Consultado por Diario Uno sobre la posibilidad de denuncias falsas en el 92% de las causas que no tienen aún orden de detención, el procurador expresó “cuando hay una falsa denuncia se saca una compulsa y se manda a otra unidad fiscal; lo que hay es mucho archivo, porque en muchos casos se hace la primera denuncia y luego no se ratifica, se cita a la víctima y no va. Algunas dicen que denunciaron para que las dejaran de molestar. Otros casos después de la investigación no se consideran violencia de género y se los deriva a una unidad fiscal correccional».