Casi 30 años después de los hechos, el ex presidente Carlos Menem y el ex ministro de Economía Domingo Cavallo fueron condenados a penas de prisión efectiva por la venta del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina por un precio de unos 30 millones de dólares. Según la tasación real de ese solar, en una de las zonas más caras de Buenos Aires, el precio superaba los 130 millones de la moneda estadounidense. La operación, según resolvió hoy el tribunal oral federal número dos, le causó a las arcas públicas un perjuicio multimillonario. Sin embargo, las penas fueron de tres años y nueve meses para Menem y tres años y medio para Cavallo. Ninguno de los dos irá, por ahora, preso. Y, en el caso de que las condenas finalmente sean confirmadas, por la edad de ambos (88 años el ex mandatario, 73 el ex ministro) y por sus afecciones de salud, eventualmente podrían gozar de la prisión domiciliaria. Eso sí: si el fallo quedara firme, ninguno de los dos podrá volver a ejercer cargos públicos pues fueron inhabilitados de por vida. El fallo no afecta –de momento- a la actual situación de Menem, quien es senador con mandato vigente por La Rioja. Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y José Michelini dieron a conocer esta tarde el veredicto. Fue después de un juicio que se extendió por más de un año. Otros imputados, Matías Ordóñez y Gastón Figueroa Alcorta, ex integrantes de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales del Ministerio de Economía, fueron condenados a tres años en suspenso. Otros acusados vinculados con la Sociedad Rural resultaron absueltos, entre ellos el entonces presidente, Ricardo Agustín de Zavalía.
¿Qué pasará con el predio de Palermo? La Justicia en lo Civil y Comercial tramita un expediente sobre esa cuestión. Los jueces del tribunal oral decidieron notificar su decisión de hoy como un elemento de juicio más para la eventual restitución del lugar al Estado Nacional. La causa fue instruida en primera instancia por el juez federal Sergio Torres y por el fiscal Carlos Stornelli, quien en su acusación había considerado que los acusados habían cometido el delito de peculado, pues participaron de la sustracción del Predio Ferial de Palermo al Estado nacional y luego lo transfirieron a la Sociedad Rural Argentina (SRA) a menos de un 25 por ciento de su valor real en dólares.
El juicio que terminó hoy tiene una contraparte abierta en la justicia de instrucción penal ordinaria. Ese proceso, que está virtualmente paralizado desde hace dos años por una recusación contra el juez Juan María Ramos Padilla (padre del juez federal de Dolores) tiene como imputados a directivos de la Sociedad Rural Argentina en los 90 y a los ejecutivos del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Es a raíz de un crédito incobrable de 106 millones de dólares concedidos para una gigantesca obra que planeaba levantar en el predio un centro de entretenimientos con cines, restaurantes, microestadio, estacionamiento y locales comerciales. La lista de imputados en ese juicio está compuesta, entre otros, por Raúl Etchebehere, Juan María de Anchorena, Carlos Sánchez, Hugo Pifarré, Rubén Lusich, Horacio Foster, Rodrigo Arboleda Halaby, Eduardo Ordoñez, Mario Eijo de Tezanos Pinto, Néstor Eijo, Juan Ravagnán, Vicente Francos, Luis Walter, Juan Carlos González, Carlos Simone y Jaime Bernasconi. En este expediente, en cambio, se investiga “todo lo sucedido inmediatamente después de la venta del predio Tres de Febrero, evidentemente planeado en forma paralela a la venta en sí”, según determinó la Cámara del Crimen, al confirmar los procesamientos. Después de la venta, la SRA concedió el usufructo del lugar a dos empresas transitorias que planeaban construir allí un gigantesco complejo de entretenimientos. Para ello gestionaron y obtuvieron un crédito de 106 millones de dólares del Banco Provincia, gracias a que sus directivos “perjudicaron con su accionar fraudulento los intereses que la provincia de Buenos Aires les había confiado”. Entre otras irregularidades, en la documentación presentada para el préstamo se incluían “gastos preoperativos” que, en rigor, mostraban “como supuesta inversión los intereses que habría que pagarle al propio banco prestamista hasta el inicio de las actividades”.
