El intendente de Merlo y el legislador por Bien Común acusaron al ex jefe comunal por planes de vivienda financiados por el Estado que dejaron un saldo de 700 casas sin terminar.
El intendente de Merlo Gustavo Menéndez ratificó en Tribunales la denuncia contra su antecesor Raúl Othacehé por presunta defraudación, lavado de activos y enriquecimiento ilícito en perjuicio del Estado nacional, a raíz de tres planes de construcción de viviendas donde quedaron sin construir alrededor de 700 casas, a pesar que el municipio recibió fondos nacionales durante la gestión de quien tuvo a su cargo el Ejecutivo municipal por 24 años. El legislador porteño por el Partido Bien Común y titular de la Fundación La Alameda Gustavo Vera, acompañó a Menéndez en la presentación de las voluminosas carpetas entregadas al juez federal Ariel Lijo en los tribunales federales de Retiro. Según supo Tiempo, la documentación incluye no sólo información relativa a los planes de vivienda fallidos, sino también material sobre la situación patrimonial de la familia Othacehé, con empresas presuntamente vinculadas a ellos y posibles testaferros.
La denuncia está basada en tres planes de vivienda federales que tenían para gente de muy escasos recursos, detalló a Tiempo Gustavo Menéndez, donde se comprobaba la sobre certificación millonaria de avance de obra. Vale decir, en los papeles la obra estaba súper avanzada y en la realidad no señaló. En este punto, el presunto desvío de fondos, además, terminó canalizado en parte de la riesgosa toma de tierras y viviendas en el Barrio Nuevo, sobre la ruta 1003, en octubre de 2015, según Menéndez. Eso fue lo que originó la toma primigenia allá por el mes de octubre acusò el actual intendente, en realidad buscaba borrar pruebas de la comisión del delito señaló. Esto, emparentado con el crecimiento enorme e irracional del patrimonio de la familia Othacehé, pedimos a la justicia que investigue. Para nosotros es la punta de un iceberg donde no sabemos en qué va a terminar, porque esto recién empieza, anunció.
En la presentación judicial el jefe comunal considerò que debe darse «inicio a una pesquisa integral dado que lo manifestado en la denuncia amerita actuar en tal sentido y dar respuesta concreta a la sociedad acerca de las conductas denunciadas, que podrían ser constitutivas de los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública nacional», además del posible enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados y lavado de activos».
La escrito alude al episodio del 22 y 23 de octubre de 2015″, cuando «la edificación del barrio donde se estaban construyendo las 340 viviendas fue sorpresiva y violentamente usurpada por cientos de familias humildes, lo que motivó la intervención policial y judicial» y «se tomaron, desmantelaron, dañaron y sustrajeron las viviendas que estaban en pleno proceso de construcción». En ese contexto, según la presentación, también se destruyeron parte de las pruebas de las viviendas inconclusas. «De las averiguaciones realizadas, se pudo conocer una versión que indica que esa toma fue organizada por Raúl Alfredo Othacehé y ejecutada por distintos personajes violentos allegados al él con el objeto de destruir esas viviendas a fin de que, en caso de que se practiquen auditorías o controles, no se pudiera determinar el real avance de la obra», manifestaron. La Alameda ha acompañado la investigación que ha hecho el intendente de Merlo Gustavo Menéndez respecto a una serie de delitos que ha cometido el clan Othacehé, que se ha enriquecido a costa del patrimonio público acusó por su parte Vera, que también acompaña al jefe comunal en el llamado Pacto de San Antonio de Padua.
Se amplía el Pacto de Padua
Mientras tanto, el Pacto de San Antonio de Padua, fundamentado en la encíclica Laudato si del Papa Francisco e impulsado por Menéndez y un conjunto creciente de jefes comunales del peronismo, suma rúbricas de intendentes y gobernadores de diferentes partidos. Desde Ushuaia, la gobernadora de Tierra del Fuego Rosana Bertone suscribió este miércoles el Pacto acompañada por el propio Menéndez y el intendente de Concordia Enrique Tomás Cresto. Entre los ejes del documento se encuentran la lucha contra el narcotráfico, combate contra la pobreza, combate contra la violencia de género, impulso de energías renovables, entre otras.
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