Menos fondos y más precarización para las políticas sociales de la Ciudad

El año 2016 termina con un saldo negativo para los niños víctimas de abuso, maltrato, abandono que están en Hogares bajo tutela del Estado porteño. El caso del Hogar Curapaligüe es paradigmático, luego de la medida cautelar dictada por la jueza Cecilia Laurido por graves deficiencias en las condiciones de seguridad e higiene (incluida clausura de Metrogas tras una fuga e instalaciones eléctricas al alcance de los chicos). La causa se inició por un amparo presentado por Mabel López Oliva, titular de la Asesoría Tutelar N°1. Se realizaron parches y remiendos que intentaron paliar una situación calamitosa.

Sin embargo, el sábado 10 de diciembre volvieron las filtraciones sobre enchufes y material eléctrico, los propios trabajadores dieron el aviso, pero no se pudo evitar una inundación mayor. Evidentemente, las deficientes reformas no sólo se pueden imputar al presupuesto sino también a la gestión. Tiempo Argentino intentó comunicarse con la Directora del área, Gabriela Francinelli, vía telefónica y por email, para contar con su versión de los hechos pero no lo consiguió.

Más cerca del fondo del problema

La medida judicial sobre el Hogar Curapaligüe no cubre los problemas institucionales de fondo que se extienden más allá de la infraestructura, es decir, la sobrepoblación de los Hogares, la precarización laboral de los equipos técnicos y demás trabajadores, y la acentuación en la “onegeinización” de las políticas públicas en el área. Temas diversos pero tan finamente entramados entre sí que es muy difícil separarlos.

En un plano general, para el año 2017, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat ha presentado un presupuesto a la baja, según surge de un análisis comparado entre 2016 y 2017 realizado por la Junta interna de Promoción social de ATE. Si este año el área recibió un 5,4% del total del presupuesto, en 2017 obtendrá apenas un 4,6 por ciento.

En el caso de Subsecretaría de Promoción Social, a cargo de Itatí Canido, la Dirección General de Mujer contará el año próximo con un presupuesto de 26,8 pesos, por día por destinataria, este número se logró luego de haber recibido a último momento un plus de 25 millones de pesos debido a la presión generada por la alta visibilización de las movilizaciones sociales lograda, entre otros, por la organización #NiUnaMenos. No es el caso de la Dirección de Niñez y Adolescencia, donde los resultados que brinda el informe son escalofriantes.

Por un lado, la variación del dinero dedicada al área indica que de los casi 849 millones del año 2016 se pasa a alrededor de 1.183 millones para el año 2017. El aumento del 39,4 por ciento en la cifra encubre un engaño, ya que no se toma en cuenta que la inflación del año 2016, que según la Dirección de Estadísticas y Censos porteña supera ampliamente el 43,5 por ciento (dato que toma este informe), deterioró el valor de los fondos aplicados a esta Dirección por lo que el presupuesto para esta área debería incrementarse en casi 370 millones de pesos este año sólo para compensar el impacto de la inflación.

Paradójicamente, junto con la caída del presupuesto, el Departamento de Niñez prevé un aumento de la cobertura en aproximadamente 4000 chicos para todos los programas bajo su órbita. Menos fondos para más chicos, una ecuación explosiva. El monto a invertir por chico es de apenas un 12% superior, contrastando con una inflación del 25% proyectada para 2017.

Si algo demuestra el caso del Hogar Curapaligúe es que al punto de deterioro en el que se encuentra no se llega en un año sino que es producto de un largo proceso. “La sobrepoblación es un Cromañón en potencia. Hubo una fuga de gas un sábado y costó mucho sacar a los pibes”, alertan.

En un simulacro de incendio, Defensa Civil concluía que “al menos” moría un niño, lo que lleva a los trabajadores a destacar: “Es importante que el Poder Judicial vea que no se trata de una cuestión interna del Estado, sino que están involucrados los derechos y las vidas de los pibes y los trabajadores”. El antecedente del 3 de julio de 2002, durante la gestión de Aníbal Ibarra, no se deja esperar. Ese día se incendió el Hogar Piedra Libre y murieron carbonizados dos chicos de 10 y 14 años. El riesgo al día de hoy según los delegados de Promoción social continúa latente, y el Estado mira para otro lado. Se ocupan de arreglos que son apenas parches y ni se asoman a la cuestión de fondo.