Mercado vs Estado: sin Nación, la defensa del consumidor es provincial y municipal

El pasado domingo 19 de noviembre 14.554.560 argentinos definieron el futuro de nuestros derechos como consumidores y usuarios. El presidente electo de la Libertad Avanza ha sostenido durante su campaña presidencial y así lo ha ratificado en declaraciones recientes que el Estado y su intervención en el mercado es la raíz de todos los males. Parte de las decisiones que tomará cuando asuma el próximo 10 de diciembre será recortar el Gasto público, lo que implica achicar al Estado y reducir su intervención a una mínima expresión, dejando en manos del mercado y del sector privado la autorregulación en materia salarial, laboral, social, de Servicios Públicos, salud, obra pública, precios de los bienes y servicios, etc. El eventual cierre de la cartera de Comercio va en este sentido.

Estas medidas no solo impactarán en los precios y en la economía familiar, sino que la ausencia de un Estado fuerte, que equilibra las desigualdades estructurales que existen entre consumidores y proveedores, va a provocar que esa brecha se expanda, profundizando las desigualdades, vulnerándose garantías constitucionales ya consagradas en el Art. 42 de la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.  

Si el Estado se corre de su rol, los consumidores no van a poder ejercer sus derechos. Ahora bien, frente al achique del Estado Nacional, cobra relevancia la intervención directa de las Provincias y, sobre todo, la de los Municipios. La Ley Nacional de Defensa del Consumidor delega en los Estados provinciales, y estos en los municipales, las facultades de control, vigilancia y sanciones por incumplimiento de los proveedores a los derechos de las y los consumidores; es decir, los municipios tendrán un rol clave en la defensa y protección de estos derechos, pudiendo aplicar multas que ascienden hasta 2.100 Canasta Básica Total para el Hogar 3 que publica el INDEC mensualmente, un total de $ 354.729.900.

Las provincias y los municipios serán los primeros que sufran el recorte de Gastos y Coparticipación Nacional, por lo que el desafío que tendrán por delante es afrontar con recursos propios las distintas gestiones locales de los próximos 4 años.

La Ley de Defensa del Consumidor y sus normativas reglamentarias les permitirán a los gobiernos locales discutir con las empresas proveedoras de bienes y servicios la conformación de los precios de los productos dentro de sus jurisdicciones, como asimismo sancionar económicamente los abusos en materia de precios, calidad, seguridad, entre otros derechos que poseen los consumidores.