México, cementerio de periodistas; por Stella Calloni

La Iniciativa Mérida (luego Iniciativa México) fue un plan bilateral acordado por el expresidente Felipe Calderón y su par estadounidense George W. Bush en 2008, pero trabajado desde 2006 entre ambos países supuestamente para desarticular los cárteles de la droga y fortalecer a las instituciones encargadas de aplicar la ley y «mejorar» la seguridad fronteriza. Este acuerdo fue de inmediato asimilado al Plan Colombia y por lo tanto respondía a las necesidades geoestratégicas de Washington en toda América Latina.

La incorporación de las Fuerzas Armadas mexicanas –Ejército, Marina y Aeronáutica– a la supuesta guerra contra el narcotráfico bajo la asesoría de seguridad y militar de Estados Unidos, desencadenó una violencia imparable que ha dejado alrededor de 140 mil muertos y más de 40 mil desaparecidos. Esto sucedió entre 2006 y2012.

Cuando asume el gobierno Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional de México (PRI), se creó cierta esperanza a nivel popular de que hubiera un alto a la violencia que evidentemente transformó la vida de decenas de Estados y poblaciones mexicanas en un verdadero infierno.
Pero la situación continuó afectando a todos los sectores, al sostener esta política de guerra como si el narcotráfico se combatiera con tanques, helicópteros, armas de todo tipo, convirtiendo al pueblo mexicano en «el enemigo interno», como sucedió con la actuación de los ejércitos de seguridad nacional en nuestra región en los tiempos de las dictaduras de la Guerra Fría. Diversos analistas calificaron como la aplicación de un terrorismo de Estado encubierto en una guerra falsa contra el narcotráfico.

Señalaron que esto se convirtió en una forma de violencia política contra civiles y otros objetivos no combatientes, perpetrada por organizaciones no gubernamentales, grupos privados (por ejemplo, guardias blancas o mercenarios a sueldo de compañías transnacionales) o agentes clandestinos que pueden ser incluso estatales o paraestatales.

Y esas «víctimas blancas», como les llaman, que nada tienen que ver con el conflicto, son utilizadas para aterrorizar a la población, «ejercer coerción o manipular a una audiencia o un blanco primario a través del efecto multiplicador de los medios».

La historia de la tragedia mexicana aún no está contada en su trágica intensidad.

A casi tres años del hecho que conmovió al mundo y de alguna manera reveló la profundidad de la tragedia mexicana como fue el asesinato y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, no se ha logrado justicia, y las irregularidades de las investigaciones señalan la ausencia del Estado y sus instituciones.

La situación es tal que The New York Times ha advertido que Estados Unidos ha sido el principal promotor de la matriz de opinión sobre la existencia de «narcoterrorismo» en México, y como reveló en dos ocasiones, agentes clandestinos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), del Buró Federal de Investigación (FBI), de la agencia antidrogas DEA y del Pentágono, junto con mercenarios subcontratados como «contratistas privados» han utilizando las «lecciones» de Afganistán en territorio mexicano al margen de la Constitución y en detrimento de la soberanía nacional.

Al asesinato del periodista y escritor Javier Valdez Cárdenas, de 50 años, corresponsal del diario La Jornada y redactor del semanario estadal Ríodoce, el lunes 15 de mayo en el centro de Culiacán, Sinaloa, se añadió el mismo día el asesinato de Jonathan Rodríguez, reportero del semanario El Costeño de Autlán, cuando iba con su madre, Sonia Córdova, subdirectora comercial del mismo medio, que resultó gravemente herida.
Esto elevó el número a ocho periodistas asesinados en México durante 2017. Según los registros Ciap-Felap, desde 2006 al presente han sido asesinados 147 periodistas en ese país. El 13 de mayo siete periodistas –uno de ellos también de La Jornada– fueron atacados y despojados de sus equipos de trabajo y vehículos por un grupo de hombres armados en el municipio de Acapetlahuaya, Guerrero y amenazados de ser quemados vivos.
Un comunicado del Gremio Periodístico Organizado de México asegura que «con este asesinato suman 268 homicidios cometidos por los enemigos de las libertades primarias de 1983 a la fecha. Las víctimas mortales han sido: 231 periodistas; 1 locutor; 8 trabajadores de prensa; 16 familiares y 9 amigos de comunicadores, así como 3 civiles. Además siguen sin solución 26 desapariciones forzadas.

Nuevamente alzamos la voz para demandar justicia y exigir a las autoridades que paren estos crímenes que han convertido al país en cementerio de periodistas».

* Corresponsal en Buenos Aires del diario La Jornada y autora de Operación Cóndor entre otros
libros de investigación.