Mientras el gobierno prepara subas de luz y gas, Caputo fustigó a un intendente peronista por un impuesto

Desde sus redes sociales, Caputo citó una nota publicada este fin de semana en la agencia Noticias Argentinas, en la cual se detalló que Pilar decidió implementar la Tasa de Protección Ambiental, una tasa municipal del 2% que rige desde el 1° de diciembre para las grandes cadenas y que afecta al precio final de los productos. En palabras del tributarista César Litvin, “quien compre en Pilar pagará un 2% más caro”, señaló NA.

Vía X, Caputo llamó: “No compren nada en Pilar. No avalen el accionar irresponsable de su intendente. Muy bien la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), es lo que hay que hacer: exponerlos. Que todos sepan quién está verdaderamente a favor y quién está en contra de la gente y la industria”.

Caputo publicó el fragmento de la nota en la que indicaba que la ASU exigió una audiencia debido los “graves perjuicios” que, según ellos, les generará la aplicación de la tasa, como “pérdida de ventas” y “competencia desleal” contra otros comercios que venden productos similares y que no están obligados a incrementar ese 2%.

Ataques renovados y contradicciones

El ataque del gobierno a los intendentes peronistas, especialmente del Conurbano bonaerense, no es nuevo. Por ejemplo, en abril del 2024, el Banco Nación cerró su sucursal en Ramos Mejía, La Matanza, y la trasladó a Tres de Febrero, entonces gobernada por el intendente oficialista Diego Valenzuela, actual alcalde saliente.

En aquella ocasión, el Banco Nación argumentó el traslado por “el alto costo que representa la Tasa de Servicios Generales” aplicada por el gobierno municipal encabezado por el matancero Fernando Espinoza. El resultado es que los clientes y beneficiarios de esa sucursal actualmente tienen que trasladarse hasta Ciudadela, en Tres de Febrero, para conseguir atención personalizada.

En ese contexto, el gobierno tiene un particular sentido de defensa de la industria nacional.

Nación centraliza la mayor parte de la recaudación de impuestos del país y, si bien bajó algunos impuestos y eliminó otros, en mayo pasado, por ejemplo, dispuso la reducción de los aranceles de importación de productos textiles, calzado, hilados y telas que habían sido fijados por el Mercado Común del Sur (Mercosur) hace 18 años. Medida que puede beneficiar a importadores locales, y de dudosa efectividad en la baja de precios, pero destruye a la industria local de los sectores de textiles y calzados.

Promesas y hechos

Tal como lo adelantó Tiempo este fin de semana, el gobierno también propone un aumento de las boletas de luz y gas de entre el 50% y el 75% a partir de enero. Así surge de la propuesta que elevó la Secretaría de Energía y que está a consideración del público hasta el próximo 16 de este mes.

Se trata de otra medida que, de concretarse con un nuevo recorte de subsidios, puede impactar en los bolsillos flacos de buena parte de los consumidores.

La centralización en materia de recaudación y las promesas incumplidas se traducen en reclamos que mantienen los gobernadores y, por extensión, también los intendentes.

Como también detalló Tiempo este fin de semana, los reclamos de los gobernadores van desde los fondos que la Nación no entrega a las cajas previsionales provinciales, la redistribución de los Aportes al Tesoro Nacional, desbloquear la recaudación de los Impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL) y, entre otros puntos, rehabilitar la reconstrucción de rutas nacionales en estado de virtual descomposición.

Por caso, en noviembre pasado, el supermercado mayorista Yaguar cerró su sucursal en Bahía Blanca, que se encontraba en la intersección de las rutas nacionales 33 y 35, y dejó sin trabajo a unas 50 familias. Según detallaron delegados, desde la empresa argumentaron que el estado de la ruta 33, en concreto la obra denominada Paso Urbano, que el gobierno nacional dejó sin terminar, impedía que llegaran clientes.